Barrera declaró durante casi 10 horas y dijo que actuó en el marco de la ley

Héctor Brito y Nicolás Barrera repasaron una a una las pruebas por las que el fiscal Diego López Ávila los acusa de haber encubierto el crimen de Paulina Lebbos. La mayoría de ellas son actas policiales, labradas desde el momento en el que el cuerpo de la joven estudiante de comunicación social fue hallado a la vera de la ruta 341, en Tapia.

Los dos acusados formaban parte de la conducción de la Policía provincial cuando desapareció Paulina, el 26 de febrero de 2006. El hallazgo ocurrió el 11 de marzo de ese año, y fue realizado por los lugareños Sergio y Marcelo Goitea. Sin embargo, en las primeras actas la Policía de Raco registró que fueron ellos quienes lo encontraron.

Brito era jefe de la Regional Norte, bajo cuya jurisdicción encontraron el cadáver. Barrera, en tanto, era subjefe de la Policía. Los dos comisarios retirados fueron detenidos el jueves a la mañana por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y al mediodía llegaron a los tribunales penales, donde permanecen alojados. La orden de detención fue firmada por el juez de Instrucción, Francisco Pisa.

El primero en declarar ante López Ávila fue Brito. El ex comisario escuchó la imputación en su contra a las 20.30 del jueves, y su declaración se extendió hasta cerca de las 2 del viernes, según comentó la defensora Oficial Rosario Nougués, quien lo asistió.

"Dio su versión de los hechos y negó la acusación que le efectuó el fiscal. Mucho no puedo decir porque hay secreto de sumario; sólo que Brito negó todo y rebatió las pruebas que se habían fundado en su contra", explicó Nougués.

Fuentes judiciales comentaron que en su declaración, Brito trató de fundamentar cada una de sus actuaciones, y habría afirmado que si algo se hizo mal, lo hicieron otros policías. Incluso, habría dicho que no estuvo en todos los procedimientos.

El ex subjefe de Policía, por su parte, comenzó a escuchar a las 9 del viernes la acusación en su contra. El acto fue suspendido a las 13.30, por pedido de su abogado Gustavo Carlino, ya que Barrera tiene una enfermedad cardíaca, y consideró que debía descansar.

A las 16.30 el acto se reanudó, y una hora y media más tarde (después de conocer en detalle cada una de las fojas en las que figuran las pruebas por la que lo imputan), el ex comisario comenzó a responder las preguntas del fiscal.

Según pudo conocer LA GACETA, Barrera le dijo a López Ávila que toda su actuación en la causa se realizó en el marco de la ley, y que las intervenciones que tuvo fueron en su carácter de subjefe de la Policía. La indagatoria se extendió hasta anoche, pasadas las 22.

Los dos ex comisarios continúan detenidos en la alcaidía de los tribunales penales, y el fiscal tiene hasta el 12 de diciembre para definir si solicita la prisión preventiva o los libera.

También continúan detenidos Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, acusados de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Paulina. Ayer a la mañana, el fiscal levantó la incomunicación que pesaba sobre el primero, quien pudo ser visitado por sus familiares. El equipo que comanda López Ávila decidirá el fin de semana cuáles serán las próximas medidas.

Alperovich dice que no protegió funcionarios

Alberto Lebbos todavía trabajaba en el Poder Ejecutivo (PE) cuando el 26 de febrero de 2006 su hija, Paulina Lebbos, desapareció en la zona de El Abasto. Trece días después, la joven fue hallada muerta en Tapia, a la vera de la ruta 341. Desde entonces, el padre de la víctima (que renunció a su cargo) sostiene que el caso no se resuelve porque el poder político protege a los culpables. Y, además, afirma que el gobernador José Alperovich, es el principal responsable de este presunto encubrimiento.

Alperovich habló el viernes acerca de estas sospechas cuando se refirió al caso Lebbos. "Quiero que se llegue a la verdad. Si (los culpables) son empleados o funcionarios públicos que cometieron un error deben pagarlo. No avalo a nadie, pero también digo que hay que esperar a que la Justicia actúe. Porque imagino que tienen las pruebas y no hay que prejuzgar", explicó.

Así, el primer mandatario provincial desestimó que en su gestión se haya encubierto a los responsables del homicidio. "Nunca protegí a ningún funcionario público. Al contrario, si alguien ha metido la pata que pague. Hay que darles una libertad total a los jueces, a los fiscales y a la Justicia para que actúen y lleguen a la verdad", concluyó.

Un ex jefe de Policía, a disposición de la Justicia

El pedido de detención del ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, fue el rumor que más calentó los pasillos de Tribunales y Casa de Gobierno. Pero fuentes judiciales le informaron a LA GACETA que esas presunciones eran falsas.

Lo que sí sucedió el viernes fue que Sánchez presentó por medio de su abogado defensor, Eduardo Enrique Andrada Barone, un escrito en la Fiscalía de Instrucción de la IV° Nominación, a cargo de Diego López Ávila, para ponerse a disposición de la Justicia.

El ex funcionario alperovichista estaba cumpliendo funciones cuando Paulina Lebbos murió, al igual que Nicolás Barrera y Héctor Brito, los ex jefes policiales que fueron detenidos el jueves, acusados del encubrimiento del crimen.

Tras siete años en los que esta causa estuvo casi paralizada, en la actual instrucción ya hay cuatro sospechosos detenidos. El ex jefe de Policía se excusó de hablar con este diario, aduciendo que está citado a declarar como testigo en el juicio en el que se juzgará a los ex policías Enrique García, Roberto Lencina y Manuel Yapura, acusados de falsificar las actas del hallazgo del cuerpo de Paulina que comenzará el miércoles en el Palacio de Justicia.

Gassenbaur defendió la actuación del Gobierno

La reactivación de la causa penal que investiga el homicidio de Paulina Lebbos cuenta con el aval de las autoridades del Poder Ejecutivo (PE) según distintos funcionarios, quienes afirmaron que este caso impune, que alcanzó repercusión nacional, debe resolverse.

El ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, le dijo a LA GACETA que la Policía de Tucumán trabajó junto con el fiscal Diego López Ávila, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal de la IV° Nominación, sólo en los primeros días de la investigación y que después de ese tiempo, todas las actuaciones ordenadas por la Justicia quedaron en manos de autoridades federales. También dio su apoyo a los funcionarios judiciales. "Este fiscal le dio otra velocidad a la investigación. Cuando me hice cargo del Ministerio trabajamos para que se agilicen las pericias que estaban pendientes y eso desencadenó en los hechos que ocurrieron en estos días", aseveró. Además sostuvo que a lo largo de los siete años que lleva la instrucción el PE colaboró para que el caso se esclarezca.

En cuanto a los funcionarios públicos que están siendo procesados dijo: "si la Justicia tiene pruebas que los vinculen con el caso, llamará mucho la atención".

Desde que asumió la investigación del crimen de Paulina, el fiscal Diego López Ávila prescindió de la Policía provincial, por las acusaciones que Alberto Lebbos realiza contra varios de sus miembros de encubrir a los homicidas. López Ávila recurrió a Gendarmería para realizar pericias y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para trasladar a Virginia Mercado cuando declaró en agosto. Para las detenciones de esta semana volvió a recurrir a la PSA, por dos motivos. En primer lugar, porque cumple a rajatabla los protocolos y no actúa sin una orden por escrito. Pero además es, de las fuerzas federales, la menos contaminada por las cuestiones provinciales, al menos para el fiscal.