30 Noviembre 2013
Alberto Piedrabuena, vocal de la Sala II de la Cámara Penal de esta capital, anotó otro punto a su favor en el pleito que había iniciado para jubilarse con el 82% móvil y evitar así el proceso de destitución promovido por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón. Ocurre que Elena Sangenis de Terraf, fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral (intervino en lugar de Luis De Mitri, ministro público fiscal), dictaminó en contra de la concesión del recurso extraordinario que había interpuesto el Poder Ejecutivo (PE).
Esta opinión, que no es vinculante, considera que no corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia que ordenó al Gobierno de José Alperovich que acepte la dimisión de Piedrabuena. El fallo cuestionado fue dictado en septiembre por Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y juez preopinante, y los camaristas Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (fallaron por la inhibición de los restantes miembros de la Corte). Ese tribunal argumentó que las potestades discrecionales de la Administración tienen una barrera infranqueable: los derechos humanos -la jubilación y la libertad de renunciar a un trabajo lo son- de los administrados.
Sangenis interpretó que la sentencia recurrida aborda asuntos de Derecho Público provincial sujetos exclusivamente al juzgamiento de los Tribunales locales. "Los argumentos que propone la recurrente implican la pretensión de lograr otra interpretación de las leyes, lo que desnaturalizaría la finalidad del remedio excepcional intentado", expresó la fiscala.
La representante del Ministerio Público acotó que el PE no logró acreditar la tacha de arbitrariedad que había formulado respecto del fallo y que sólo expresó una mera discrepancia con la solución brindada. "Las argumentaciones del tribunal no son, por otra parte, manifiestamente irrazonables", opinó.
El dictamen de Sangenis habilita a la Corte local a pronunciarse sobre el recurso extraordinario planteado por el PE. Si lo abre, la jubilación de Piedrabuena quedará sujeta a lo que disponga el máximo tribunal del país. Si la Corte tucumana acoge la opinión de la fiscala, el Gobierno podrá aún interponer un recurso de queja por extraordinario denegado directamente ante la Corte de la Nación. Pero, como ese remedio no tiene efectos suspensivos, el PE se verá obligado a aceptar la dimisión que Piedrabuena presentó en abril pasado.
En tal caso, esta sería la segunda derrota de Alperovich en su política inédita de rechazar renuncias a los jueces denunciados por Trimarco. En agosto, la Corte confirmó el fallo que avaló la pretensión del camarista Emilio Herrera Molina de acceder a la jubilación. Tanto este juez como Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano firmaron la sentencia que el 11 de diciembre pasado absolvió a los 13 acusados del secuestro y la promoción de la prostitución de "Marita" Verón. A posteriori, Trimarco solicitó la destitución de los tres magistrados y Alperovich prometió que haría lo que ella pidiese. Esa solicitud recibió el visto bueno de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, pero el trámite de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, que no continúa respecto de Herrera Molina, quedó paralizado por los juicios de Piedrabuena y Romero Lascano.
Esta opinión, que no es vinculante, considera que no corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia que ordenó al Gobierno de José Alperovich que acepte la dimisión de Piedrabuena. El fallo cuestionado fue dictado en septiembre por Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y juez preopinante, y los camaristas Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (fallaron por la inhibición de los restantes miembros de la Corte). Ese tribunal argumentó que las potestades discrecionales de la Administración tienen una barrera infranqueable: los derechos humanos -la jubilación y la libertad de renunciar a un trabajo lo son- de los administrados.
Sangenis interpretó que la sentencia recurrida aborda asuntos de Derecho Público provincial sujetos exclusivamente al juzgamiento de los Tribunales locales. "Los argumentos que propone la recurrente implican la pretensión de lograr otra interpretación de las leyes, lo que desnaturalizaría la finalidad del remedio excepcional intentado", expresó la fiscala.
La representante del Ministerio Público acotó que el PE no logró acreditar la tacha de arbitrariedad que había formulado respecto del fallo y que sólo expresó una mera discrepancia con la solución brindada. "Las argumentaciones del tribunal no son, por otra parte, manifiestamente irrazonables", opinó.
El dictamen de Sangenis habilita a la Corte local a pronunciarse sobre el recurso extraordinario planteado por el PE. Si lo abre, la jubilación de Piedrabuena quedará sujeta a lo que disponga el máximo tribunal del país. Si la Corte tucumana acoge la opinión de la fiscala, el Gobierno podrá aún interponer un recurso de queja por extraordinario denegado directamente ante la Corte de la Nación. Pero, como ese remedio no tiene efectos suspensivos, el PE se verá obligado a aceptar la dimisión que Piedrabuena presentó en abril pasado.
En tal caso, esta sería la segunda derrota de Alperovich en su política inédita de rechazar renuncias a los jueces denunciados por Trimarco. En agosto, la Corte confirmó el fallo que avaló la pretensión del camarista Emilio Herrera Molina de acceder a la jubilación. Tanto este juez como Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano firmaron la sentencia que el 11 de diciembre pasado absolvió a los 13 acusados del secuestro y la promoción de la prostitución de "Marita" Verón. A posteriori, Trimarco solicitó la destitución de los tres magistrados y Alperovich prometió que haría lo que ella pidiese. Esa solicitud recibió el visto bueno de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, pero el trámite de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, que no continúa respecto de Herrera Molina, quedó paralizado por los juicios de Piedrabuena y Romero Lascano.
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