Por Federico Türpe
30 Noviembre 2013
Pasaron casi ocho años para que la Justicia decidiera avanzar sobre el cruce de llamadas telefónicas que venía solicitando la querella (Alberto Lebbos) desde febrero de 2006.
Por este simple hecho ya hay cuatro detenidos. Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, quienes según las pericias técnicas introdujeron sus chips en el celular de Paulina Lebbos, horas después de su desaparición y posterior homicidio. En sus declaraciones no pudieron explicar esto e incurrieron en numerosas contradicciones. Los otros dos detenidos, acusados de encubrimiento, son dos ex altos jefes policiales. Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía, y Héctor Brito, ex jefe de la Regional Norte.
Para el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, está probado el encubrimiento. La lista de sospechosos que integraron la red de ocultamiento es mucho más amplia y se esperan nuevas detenciones en los próximos días.
En esa nómina hay gente que ocupa despachos en la Casa de Gobierno, donde por estas horas hay mucho nerviosismo. La fibra óptica que une los palacios de Gobierno y de Justicia está al rojo vivo. Las llamadas son incesantes, aunque el fiscal puso su celular en silencio y su secretaria responde siempre lo mismo: "en este momento el doctor no lo puede atender porque está tomando declaración".
"De parte de este gobernador, no hubo encubrimiento, y si alguien metió la pata, que pague", declaró ayer José Alperovich. Cuando alguien abre un paraguas es porque supone que va a llover.
El mandatario intenta mostrar que la Justicia actúa con independencia y que él está desentendido de la causa. Sin embargo, nunca explicó por qué renunció Alejandro Noguera, el primer fiscal que tuvo el caso, cuando LA GACETA lo fotografió una noche saliendo de la casa de Alperovich.
El gobernador tampoco pudo explicar por qué el fiscal Carlos Albaca, que reemplazó a Noguera, durmió la causa siete años y mantuvo los expedientes en secreto, como se confirma ahora con las actuaciones de López Avila. En algún momento, alguien deberá pedirle explicaciones a Albaca. Esto ocurriría si hubiera una Legislatura que funcionara y no fuera una mera escribanía de Alperovich.
La investigación estaba paralizada hasta que este año intervino el gobierno nacional y envió a un veedor, el abogado Bernardo Lobo Bugeau, delegado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. El informe de Lobo Bugeau fue lapidario respecto del desempeño judicial y provocó la separación de Albaca de la causa. A raíz de su intervención en el caso Lebbos, Lobo Bugeau y su esposa, Milagros D'Hiriart, fueron amenazados en numerosas oportunidades, por teléfono y hasta en su propio domicilio. "Cortenlá con Lebbos, basta de perseguir al gobernador Alperovich, porque los vamos a hacer desaparecer uno por uno", le dijo un sujeto en moto a D'Hiriart, el 16 de julio de este año, en la vereda de su casa.
El próximo miércoles comienza el juicio contra los ex policías de la comisaría de Raco, Enrique García, Roberto Lencina y Manuel Yapura. Están acusados por falsificación de documentos. Entre otras cosas, consignaron que el cuerpo de Paulina fue encontrado por ellos, cuando en realidad había sido hallado por los hermanos Sergio y Marcelo Goitea.
Es la punta de un ovillo que, al parecer, comienza a desenredarse. Es difícil aventurar un desenlace en una provincia que ostenta, vergonzosamente, casi 200 crímenes impunes en 10 años y donde rige una estricta obediencia debida política y policial. Sólo Dios y López Avila lo saben.
Por este simple hecho ya hay cuatro detenidos. Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, quienes según las pericias técnicas introdujeron sus chips en el celular de Paulina Lebbos, horas después de su desaparición y posterior homicidio. En sus declaraciones no pudieron explicar esto e incurrieron en numerosas contradicciones. Los otros dos detenidos, acusados de encubrimiento, son dos ex altos jefes policiales. Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía, y Héctor Brito, ex jefe de la Regional Norte.
Para el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, está probado el encubrimiento. La lista de sospechosos que integraron la red de ocultamiento es mucho más amplia y se esperan nuevas detenciones en los próximos días.
En esa nómina hay gente que ocupa despachos en la Casa de Gobierno, donde por estas horas hay mucho nerviosismo. La fibra óptica que une los palacios de Gobierno y de Justicia está al rojo vivo. Las llamadas son incesantes, aunque el fiscal puso su celular en silencio y su secretaria responde siempre lo mismo: "en este momento el doctor no lo puede atender porque está tomando declaración".
"De parte de este gobernador, no hubo encubrimiento, y si alguien metió la pata, que pague", declaró ayer José Alperovich. Cuando alguien abre un paraguas es porque supone que va a llover.
El mandatario intenta mostrar que la Justicia actúa con independencia y que él está desentendido de la causa. Sin embargo, nunca explicó por qué renunció Alejandro Noguera, el primer fiscal que tuvo el caso, cuando LA GACETA lo fotografió una noche saliendo de la casa de Alperovich.
El gobernador tampoco pudo explicar por qué el fiscal Carlos Albaca, que reemplazó a Noguera, durmió la causa siete años y mantuvo los expedientes en secreto, como se confirma ahora con las actuaciones de López Avila. En algún momento, alguien deberá pedirle explicaciones a Albaca. Esto ocurriría si hubiera una Legislatura que funcionara y no fuera una mera escribanía de Alperovich.
La investigación estaba paralizada hasta que este año intervino el gobierno nacional y envió a un veedor, el abogado Bernardo Lobo Bugeau, delegado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. El informe de Lobo Bugeau fue lapidario respecto del desempeño judicial y provocó la separación de Albaca de la causa. A raíz de su intervención en el caso Lebbos, Lobo Bugeau y su esposa, Milagros D'Hiriart, fueron amenazados en numerosas oportunidades, por teléfono y hasta en su propio domicilio. "Cortenlá con Lebbos, basta de perseguir al gobernador Alperovich, porque los vamos a hacer desaparecer uno por uno", le dijo un sujeto en moto a D'Hiriart, el 16 de julio de este año, en la vereda de su casa.
El próximo miércoles comienza el juicio contra los ex policías de la comisaría de Raco, Enrique García, Roberto Lencina y Manuel Yapura. Están acusados por falsificación de documentos. Entre otras cosas, consignaron que el cuerpo de Paulina fue encontrado por ellos, cuando en realidad había sido hallado por los hermanos Sergio y Marcelo Goitea.
Es la punta de un ovillo que, al parecer, comienza a desenredarse. Es difícil aventurar un desenlace en una provincia que ostenta, vergonzosamente, casi 200 crímenes impunes en 10 años y donde rige una estricta obediencia debida política y policial. Sólo Dios y López Avila lo saben.
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