29 Noviembre 2013
MADRID.- El Congreso de los Diputados de España dio luz verde definitiva a la polémica reforma educativa del gobierno de Mariano Rajoy, que entrará en vigor con el rechazo de toda la oposición y su compromiso a derogarla cuando el conservador Partido Popular (PP) pierda la mayoría absoluta. Solo la formación de Rajoy respaldó la controvertida reforma impulsada por el discutido ministro, José Ignacio Wert, el miembro del gobierno peor valorado por los ciudadanos.
Toda la oposición en bloque votó contra la séptima ley educativa en la historia democrática del país, una iniciativa que rechaza sobre todo porque la considera "ideológica". La ley "nace muerta", aseguró el portavoz de Educación del Partido Socialista (PSOE). "Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir", respondió en el Congreso de los Diputados el ministro Wert. "Espero muy sinceramente que se haya terminado, en torno a la reforma educativa, el tiempo de destruir y que todos empecemos el tiempo de construir", añadió. La oposición trató de reprobar a Wert en la Cámara por segunda vez en la legislatura y de nuevo fracasó en el intento por la holgada mayoría absoluta del PP.
La comunidad educativa lleva meses protagonizando manifestaciones y huelgas contra la reforma impulsada por el ejecutivo. Esta fija el castellano como lengua vehicular en toda España, otorga plena validez académica a la asignatura de religión y suprime Educación para la Ciudadanía, la materia que introdujo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 con el objetivo de enseñar valores constitucionales y ciudadanos.
Otro de los puntos polémicos es que permitirá que las escuelas que separan a los alumnos por sexos puedan recibir subvenciones públicas.
El gobierno regional del País Vasco se negará a aplicarla y va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, un paso que también dará el Partido Socialista (PSOE) y que analiza el gobierno regional de Cataluña.
La Lomce o "ley Wert" le ha valido al ministro tres huelgas generales del sector en menos de dos años y la reiterada petición de dimisión por parte de la comunidad educativa, que como la oposición, considera a la iniciativa "adoctrinadora, españolista y fanática".
"Ha cumplido el programa del PP, ha sido muy valiente, ha dado un paso adelante y tiene el respaldo pleno del gobierno y de su presidente", dijo Rajoy hace poco, después de que un portavoz de la Comisión Europea desmintiera, tachando de "basura", las afirmaciones de Wert que atribuían a Bruselas el recorte de becas Erasmus.
Las polémicas con Wert como protagonista comenzaron poco después de que asumiera la cartera de ministro. Como cuando en plena tensión soberanista entre Cataluña y el resto de España dijo querer "españolizar a los niños catalanes".
La oposición lo acusa de haber perpetrado "el mayor recorte" en los presupuestos educativos de la democracia española: un descenso de 6.000 millones de euros en dos años que ha puesto en riesgo la calidad de la educación pública, según defienden los miles de manifestantes que conforman la llamada "marea verde" y gritan en las calles consignas contra él. También le acusan de querer cercenar la cultura, sobre todo la industria cinematográfica. La suba del IVA que grava la asistencia a espectáculos y cines hasta el 21%, y el descenso en las subvenciones a un sector que vive días críticos, han levantado ampollas en la opinión del público. (DPA)
Toda la oposición en bloque votó contra la séptima ley educativa en la historia democrática del país, una iniciativa que rechaza sobre todo porque la considera "ideológica". La ley "nace muerta", aseguró el portavoz de Educación del Partido Socialista (PSOE). "Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir", respondió en el Congreso de los Diputados el ministro Wert. "Espero muy sinceramente que se haya terminado, en torno a la reforma educativa, el tiempo de destruir y que todos empecemos el tiempo de construir", añadió. La oposición trató de reprobar a Wert en la Cámara por segunda vez en la legislatura y de nuevo fracasó en el intento por la holgada mayoría absoluta del PP.
La comunidad educativa lleva meses protagonizando manifestaciones y huelgas contra la reforma impulsada por el ejecutivo. Esta fija el castellano como lengua vehicular en toda España, otorga plena validez académica a la asignatura de religión y suprime Educación para la Ciudadanía, la materia que introdujo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 con el objetivo de enseñar valores constitucionales y ciudadanos.
Otro de los puntos polémicos es que permitirá que las escuelas que separan a los alumnos por sexos puedan recibir subvenciones públicas.
El gobierno regional del País Vasco se negará a aplicarla y va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, un paso que también dará el Partido Socialista (PSOE) y que analiza el gobierno regional de Cataluña.
La Lomce o "ley Wert" le ha valido al ministro tres huelgas generales del sector en menos de dos años y la reiterada petición de dimisión por parte de la comunidad educativa, que como la oposición, considera a la iniciativa "adoctrinadora, españolista y fanática".
"Ha cumplido el programa del PP, ha sido muy valiente, ha dado un paso adelante y tiene el respaldo pleno del gobierno y de su presidente", dijo Rajoy hace poco, después de que un portavoz de la Comisión Europea desmintiera, tachando de "basura", las afirmaciones de Wert que atribuían a Bruselas el recorte de becas Erasmus.
Las polémicas con Wert como protagonista comenzaron poco después de que asumiera la cartera de ministro. Como cuando en plena tensión soberanista entre Cataluña y el resto de España dijo querer "españolizar a los niños catalanes".
La oposición lo acusa de haber perpetrado "el mayor recorte" en los presupuestos educativos de la democracia española: un descenso de 6.000 millones de euros en dos años que ha puesto en riesgo la calidad de la educación pública, según defienden los miles de manifestantes que conforman la llamada "marea verde" y gritan en las calles consignas contra él. También le acusan de querer cercenar la cultura, sobre todo la industria cinematográfica. La suba del IVA que grava la asistencia a espectáculos y cines hasta el 21%, y el descenso en las subvenciones a un sector que vive días críticos, han levantado ampollas en la opinión del público. (DPA)
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