Por cruces telefónicos y testigos, arrestan a dos ex comisarios

A las 8.30 de ayer, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llegó a las casas de Luis Nicolás Barrera y de Héctor Rubén Brito. Los ex comisarios aceptaron resignados la orden de detención que pesaba contra ellos, y sintieron el frío de las esposas en sus manos. Por primera vez, les tocó estar del lado de los acusados.

El fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, les imputa el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006. El cuerpo de la joven estudiante de comunicación social fue hallado el 11 de marzo de ese año a la vera de la ruta 341, en Tapia.

La actuación de los ex comisarios en esa etapa de la investigación fue lo que los comprometió. Barrera era el subjefe de la Policía provincial, cargo que ocupó durante siete años. Brito, por su parte, era jefe de la Unidad Regional Norte cuando fue encontrado el cuerpo de Paulina. Alberto Lebbos, padre de Paulina, dijo durante años que estos dos ex comisarios, junto a otros miembros de la fuerza y funcionarios del gabinete provincial, colaboraron para que no se encontrara al asesino de su hija. Lebbos estuvo casi toda la mañana en tribunales junto a su abogado Emilio Mrad. "Tantos años de lucha están dando sus frutos", afirmó el padre de Paulina.

Pasadas las 12.30, dos autos de la PSA llegaron a tribunales, trasladando a los detenidos. Barrera se cubrió el rostro con un saco y Brito usó su campera, para evitar que sus caras fueran fotografiadas. Luego fueron llevados al primer piso de los tribunales penales, y aguardaron hasta las 18.30, cuando empezó a declarar el ex subjefe de Policía.

Nicolás Barrera

El ex subjefe de Policía tiene 51 años y se retiró de la fuerza en mayo de 2011, luego de una protesta salarial. Pero no quedó desvinculado del Gobierno. Según el decreto 852/1 del 24 de abril de 2012, fue designado como personal de gabinete del Ministerio de Coordinación (hoy Secretaría General de la Gobernación).

Las pruebas que comprometerían a los dos comisarios serían las mismas, según comentaron fuentes judiciales. Por un lado, los entrecruzamientos telefónicos (de los que no se brindó detalles por el secreto de sumario). Pero además, los testimonios de personas que intervinieron en el procedimiento de hallazgo del cuerpo, los habrían señalado como las personas que habrían dado las órdenes por las que se alteró la escena del lugar.

Gustavo Carlino, abogado defensor de Barrera, pidió al fiscal que disponga la detención domiciliaria del ex comisario, ya que sufre problemas cardíacos. Para ello, adjuntó la historia clínica del ex subjefe de Policía, quien habría sido operado hace un mes. El abogado Carlino comentó que la declaración de Barrera - que habría rechazado la acusación- será tomada hoy a las 8. El letrado quería conocer en profundidad las pruebas antes de que preste testimonio. La semana que viene está citado a declarar como testigo en la causa contra tres policías de Raco, por la falsificación de las actas del hallazgo del cuerpo.

Héctor Brito

Brito tiene 53 años y también está retirado. El año pasado tuvo que declarar como testigo en el juicio por la desaparición de Marita Verón, ya que tuvo a su cargo la búsqueda de la hija de Susana Trimarco los primeros días de que ocurrió el hecho. En los alegatos, los abogados querellantes habían pedido su detención.

El ex jefe de la Regional Norte fue asistido por el defensor Oficial César Picón. Anoche comenzó a declarar.

Los dos acusados de matar a Paulina negaron haberla conocido

El teléfono celular de PaulinaLebbos permitió identificar a dos hombres que, de acuerdo con la pericias técnicas, estuvieron con ella la madrugada de su desaparición (el 26 de febrero de 2006). Ambos quedaron involucrados en la causa en un plazo de 24 horas. Sin embargo, aseguraron que nunca tuvieron contacto con la víctima, quien fue hallada muerta el 11 de marzo de ese año a la vera de la ruta 341, en Tapia.

El primero de ellos, a quien el juez Francisco Pisa ya le ordenó la detención, es Maximiliano Gallardo. El hombre tiene 34 años y trabaja haciendo repartos en la empresa "El Emporio del Mercedes". Fue en ese local, situado en avenida Ejército del Norte al 500, donde lo detuvo el lunes a la noche la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El fiscal Diego López Ávila le tomó declaración durante cuatro horas. Gallardo aseguró que ni siquiera conoció a Paulina. Sin embargo, le imputaron el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Debido a que el letrado Ricardo Soria renunció a su defensa, los nuevos abogados de Gallardo (Roberto Flores y Juan Carlos López Casacci) pidieron que se de por finalizada la indagatoria y que se fije una nueva fecha para su ampliación. El fiscal accedió, pero Gallardo quedó alojado en la alcaidía de tribunales.

Empleado municipal

El miércoles a la tarde se sumó otro sospechoso, sobre quien pesa la misma acusación. Se trata de Luis Gómez, quien se abstuvo de declarar ante el fiscal. Según informó su abogada, Julieta Jorrat, Gómez se limitó a defender su inocencia.

"Mi cliente negó cualquier tipo de participación y desconoce el hecho que se le imputa", reveló la letrada al salir de tribunales. "De todas maneras -agregó-, aportamos pruebas para que se hagan peritajes y se demuestre la inocencia de mi defendido". El imputado, mientras tanto, tuvo el mismo destino de Gallardo: la alcaidía del edificio situado en Sarmiento y Laprida.

Jorrat dijo a la prensa que su defendido es empleado municipal y además se dedica a realizar trabajos de electricista. "Es un hombre común, muy tranquilo, muy sano y que no tiene ningún tipo de vida nocturna", expresó la abogada.

La letrada insistió en que Gómez no conoció a Paulina y señaló que se encuentra mal anímicamente. "No está bien ante semejante imputación. Está mal, nunca en su vida había estado detenido", aseguró Jorrat. Ayer a la tarde, López Ávila le pidió al juez Pisa que convierta en detención la aprehensión de Gómez.

La clave

Más de siete años pasaron desde el crimen de Paulina. Pero quedaron rastros que el tiempo no pudo borrar. En este punto, el uso de la tecnología fue clave para dar con los sospechosos.

El resultado de las pericias técnicas demuestra que después de que el teléfono de la joven estudiante de Comunicación Social se apagara, la madrugada de su desaparición, dos personas introdujeron sus respectivos chips en el equipo y realizaron llamadas. Esas dos personas serían Gallardo y Gómez.

La Justicia lo pudo determinar luego de realizar un entrecruzamiento de llamadas y de solicitar informes a las distintas empresas de telefonía celular. Pero Gallardo y Gómez podrían no ser los únicos involucrados en esa pericia, dijeron fuentes judiciales.