29 Noviembre 2013
Aumentaron el CISI en Yerba Buena
El Concejo aprobó ayer un proyecto enviado por Toledo la noche anterior. La oposición votó en contra. Otro tema candente fue el de los cepos. Albornoz Piosek reiteró su pedido de que se forme una comisión fiscalizadora de MARM Group. "Todo alrededor de esa empresa está oculto. Todo es extraño", añadió Jantus. "Coincido en algunas cosas", reconoció el oficialista Villegas.
![CONCEJALES REUNIDOS. La sesión de ayer comenzó alrededor de las 10 y terminó cerca de las 16. LA GACETA/ANTONIO FERRONI](https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2013/11/29/970x546_570199_20131129095003.webp)
El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó ayer el proyecto enviado horas antes por el intendente Daniel Toledo, por el que se incrementa la Contribución que Incide sobre los Inmuebles (CISI) para 2014.
El funcionario justificó su decisión en el aumento de los gastos municipales. "Los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Hacienda dan cuenta de que el costo del alumbrado público ha subido un 50 % desde noviembre de 2011 hasta la fecha", sostuvo el intendente, en el texto de la propuesta.
Además, según Toledo, el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos, prestado por la empresa Servicios y Construcciones La Banda, ha registrado una suba del 55 %, desde la misma fecha hasta la actualidad. Por último, mencionó que los sueldos de los empleados de la administración pública también se han engrosado, y habló de un 68 %.
La intendencia no ha especificado el porcentaje del alza, aunque sí trascendió que, quienes ahora pagan unos $ 22 (la mayoría del padrón), pasarán a pagar casi $ 31. El revalúo tiene más de 200 fojas.
Desde la oposición criticaron la medida. "Diariamente recibimos quejas de vecinos por el mal estado de las calles, por el lamentable servicio de recolección de basura, por la falta de alumbrado público y por la suciedad en la que se encuentra la ciudad", enumeró el concejal radical Mariano Campero, quien estimó el agravamiento rondaría el 40 %.
El edil del PRO Pedro Albornoz Piosek añadió que recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la norma, puesto que "no cumple con los plazos legales y administrativos". El edil fundamente sus dichos en que el proyecto de ordenanza ingresó al Concejo el miércoles 27 de noviembre. Al día siguiente, fue presentado en la sesión como expediente con dictámen de comisión, pero él, y el resto de los opositores, argumentan que nunca se discutió en la reunión de labor parlamentaria, puesto que ésta se hizo el martes 26.
No obstante, la votación a favor de la suba del CISI contó con el aval de los oficialistas Antonio Caferro, Juan Canseco, Enrique Casanova y Luciano Villegas. Los oficialistas no toledistas Marcelo Albaca y Antonio Pisano (Partido de los Trabajadores) también levantaron la mano. La última suba en ese municipio fue a fines de 2011.
Cuatro pozos y dos autos
Los concejales aprobaron, además, la construcción de cuatro pozos de agua. Las obras se concretarán con fondos provenientes de un plan nacional, gestionado por la Municipalidad. El monto ha sido estimado en poco más de $ 4 millones. Estarán ubicados en las esquinas de las calles Higueritas y Guatemala, Higuerita y Venezuela, Thiele y Solano Vera y San Francisco de Asís, entre Pedro de Villalba y Los Ceibos.
También avalaron la compra de dos vehículos para entregar a las comisarías del municipio y la construcción de cordones cunetas en algunas calles, entre otros temas.
Cepos: "a quién protegen"
Otro momento ríspido de la sesión ocurrió durante el período de manifestaciones generales, cuando Albornoz Piosek pidió la palabra para referirse a MARM Group, la empresa que ha sido contratada por la Municipalidad para reordenar el tráfico en esa ciudad.
Durante su alocución, el edil enumeró las situaciones "dudosas" en las que ha estado implicada la firma, como las denuncias efectuadas por vecinos referidas a supuestos maltratos por parte de los inspectores, los procedimientos realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) debido a la entrega de recibos X a los infractores en vez de facturas, y la denuncia, firmada por él, que se tramita en el Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. La causa fue caratulada bajo los delitos de asociación ilícita y de estafa.
Albornoz Piosek cuestionó, además, la negativa de MARM Group a entregar información sobre las actas de infracción labradas por los agentes de tránsito municipales, con relación a la colocación del trabarruedas, al acarreo de vehículos mal estacionados y al depósito.
"¿A quién protege la Municipalidad. Les recuerdo que es su obligación proteger los intereses de los ciudadanos, y no de una compañía sospechosa de estafar al erario?", se preguntó el edil.
En seguida tomó el micrófono Javier Jantus, del bloque Por Yerba Buena, y coincidió con lo planteado por Albornoz Piosek. "Todo alrededor de la empresa que coloca los cepos está oculto. Todo es extraño. Si la Municipalidad no es responsable por evasión, al menos lo es por falta de control", expresó. Luego apoyó la propuesta de creación de una comisión fiscalizadora -ideada por Albornoz Piosek, quien había solicitado que la propuesta se tratara sobre tablas, pero fue rechazada por el oficialismo-. "Nunca he visto una administración municipal tan poco transparente", concluyó Jantus.
Desde las bancas oficialistas, Villegas fue quien hizo uso de la palabra para responder a las críticas opositoras respecto a esta cuestión. "Coincido en algunas cosas sobre la empresa de los cepos, y te propongo -dirigiéndose a Albornoz Piosek- incorporarme a ese grupo de trabajo. Pero no estoy de acuerdo -mirando a Jantus- en que digan que esta administración es poco transparente. Ustedes se quejan de todo, no se puede trabajar con gente así".
En noviembre de 2011, la Municipalidad implementó la colocación de trabarruedas, a través de la ordenanza 1254. El servicio contratado consiste en la utilización de una grúa de arrastre, de un depósito, de trabarruedas y de motos para el control. El objetivo es la inmovilización y, en el caso de que hiciera falta, el retiro de toda clase de vehículos que pudieran estar obstruyendo el tránsito. La oficina de pago y el corralón se encuentran en la avenida Perón 910.
El funcionario justificó su decisión en el aumento de los gastos municipales. "Los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Hacienda dan cuenta de que el costo del alumbrado público ha subido un 50 % desde noviembre de 2011 hasta la fecha", sostuvo el intendente, en el texto de la propuesta.
Además, según Toledo, el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos, prestado por la empresa Servicios y Construcciones La Banda, ha registrado una suba del 55 %, desde la misma fecha hasta la actualidad. Por último, mencionó que los sueldos de los empleados de la administración pública también se han engrosado, y habló de un 68 %.
La intendencia no ha especificado el porcentaje del alza, aunque sí trascendió que, quienes ahora pagan unos $ 22 (la mayoría del padrón), pasarán a pagar casi $ 31. El revalúo tiene más de 200 fojas.
Desde la oposición criticaron la medida. "Diariamente recibimos quejas de vecinos por el mal estado de las calles, por el lamentable servicio de recolección de basura, por la falta de alumbrado público y por la suciedad en la que se encuentra la ciudad", enumeró el concejal radical Mariano Campero, quien estimó el agravamiento rondaría el 40 %.
El edil del PRO Pedro Albornoz Piosek añadió que recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la norma, puesto que "no cumple con los plazos legales y administrativos". El edil fundamente sus dichos en que el proyecto de ordenanza ingresó al Concejo el miércoles 27 de noviembre. Al día siguiente, fue presentado en la sesión como expediente con dictámen de comisión, pero él, y el resto de los opositores, argumentan que nunca se discutió en la reunión de labor parlamentaria, puesto que ésta se hizo el martes 26.
No obstante, la votación a favor de la suba del CISI contó con el aval de los oficialistas Antonio Caferro, Juan Canseco, Enrique Casanova y Luciano Villegas. Los oficialistas no toledistas Marcelo Albaca y Antonio Pisano (Partido de los Trabajadores) también levantaron la mano. La última suba en ese municipio fue a fines de 2011.
Cuatro pozos y dos autos
Los concejales aprobaron, además, la construcción de cuatro pozos de agua. Las obras se concretarán con fondos provenientes de un plan nacional, gestionado por la Municipalidad. El monto ha sido estimado en poco más de $ 4 millones. Estarán ubicados en las esquinas de las calles Higueritas y Guatemala, Higuerita y Venezuela, Thiele y Solano Vera y San Francisco de Asís, entre Pedro de Villalba y Los Ceibos.
También avalaron la compra de dos vehículos para entregar a las comisarías del municipio y la construcción de cordones cunetas en algunas calles, entre otros temas.
Cepos: "a quién protegen"
Otro momento ríspido de la sesión ocurrió durante el período de manifestaciones generales, cuando Albornoz Piosek pidió la palabra para referirse a MARM Group, la empresa que ha sido contratada por la Municipalidad para reordenar el tráfico en esa ciudad.
Durante su alocución, el edil enumeró las situaciones "dudosas" en las que ha estado implicada la firma, como las denuncias efectuadas por vecinos referidas a supuestos maltratos por parte de los inspectores, los procedimientos realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) debido a la entrega de recibos X a los infractores en vez de facturas, y la denuncia, firmada por él, que se tramita en el Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. La causa fue caratulada bajo los delitos de asociación ilícita y de estafa.
Albornoz Piosek cuestionó, además, la negativa de MARM Group a entregar información sobre las actas de infracción labradas por los agentes de tránsito municipales, con relación a la colocación del trabarruedas, al acarreo de vehículos mal estacionados y al depósito.
"¿A quién protege la Municipalidad. Les recuerdo que es su obligación proteger los intereses de los ciudadanos, y no de una compañía sospechosa de estafar al erario?", se preguntó el edil.
En seguida tomó el micrófono Javier Jantus, del bloque Por Yerba Buena, y coincidió con lo planteado por Albornoz Piosek. "Todo alrededor de la empresa que coloca los cepos está oculto. Todo es extraño. Si la Municipalidad no es responsable por evasión, al menos lo es por falta de control", expresó. Luego apoyó la propuesta de creación de una comisión fiscalizadora -ideada por Albornoz Piosek, quien había solicitado que la propuesta se tratara sobre tablas, pero fue rechazada por el oficialismo-. "Nunca he visto una administración municipal tan poco transparente", concluyó Jantus.
Desde las bancas oficialistas, Villegas fue quien hizo uso de la palabra para responder a las críticas opositoras respecto a esta cuestión. "Coincido en algunas cosas sobre la empresa de los cepos, y te propongo -dirigiéndose a Albornoz Piosek- incorporarme a ese grupo de trabajo. Pero no estoy de acuerdo -mirando a Jantus- en que digan que esta administración es poco transparente. Ustedes se quejan de todo, no se puede trabajar con gente así".
En noviembre de 2011, la Municipalidad implementó la colocación de trabarruedas, a través de la ordenanza 1254. El servicio contratado consiste en la utilización de una grúa de arrastre, de un depósito, de trabarruedas y de motos para el control. El objetivo es la inmovilización y, en el caso de que hiciera falta, el retiro de toda clase de vehículos que pudieran estar obstruyendo el tránsito. La oficina de pago y el corralón se encuentran en la avenida Perón 910.
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