Megacausa: solicitan la nulidad de las acusaciones

Recordó por qué plantearon cuatro nulidades generales y 22 particulares. Repasó las quejas que habían mantenido durante el proceso oral en relación a lo que consideraron "desprolijidades". Planteó, luego, la nulidad y el rechazo de las acusaciones formuladas por la Fiscalía y las querellas. El titular del Ministerio Público de la Defensa, Ciro Lo Pinto, inició ayer de esa manera sus alegatos en el juicio por la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Junto al letrado Adolfo Bertini y a un grupo de defensores ad hoc, representa a 37 de los 41 imputados (los que no tienen abogados particulares). Los profesionales se distribuyeron los sospechosos y, por turnos, irán expresando sus argumentaciones durante las próximas jornadas.

Lo Pinto afirmó que irían contra las acusaciones porque consideran que son consecuencias de irregularidades que se habrían producido, a su entender, durante el proceso. Explicó, entre ellas, las diferencias que habían marcado al inicio del juicio entre las imputaciones adjudicadas en los requerimientos de elevación y las contenidas en la pieza procesal "saneada" presentada luego por el Ministerio Público Fiscal. Mencionó, según especificó, supuestas incongruencias en distintas etapas del juicio en los hechos adjudicados a imputados como Tomás Güemes, Celso Barraza, Hugo Soto, Pedro Caballero y Alberto Montes de Oca.

Detalló que con la acumulación de expedientes (de las causas de Arsenales con las de Jefatura) "se violó el debido proceso".

Lo Pinto criticó la investigación: "se tomó para las imputaciones de los hechos los cargos que habrían ocupado y el tiempo en el que los imputados estuvieron en Tucumán. Es la única prueba".

Según el abogado, no se habría demostrado la "autoría mediata" de los sospechosos ni la "cadena de mando" para determinar las presuntas responsabilidades. "Las calificaciones legales no encuadran. No puede, por ejemplo, haber asociaciones ilícitas en la Policía, la Gendarmería y el Ejército. Eran cargos verticales, no hay autodeterminación de sus miembros", manifestó.

Lo Pinto efectuó una contextualización política-jurídica de los episodios incluidos en los expedientes. Pidió, por último, al Tribunal Oral Federal (TOF) que absuelva de sus representados.

Caso por caso

A continuación, el defensor Mariano Galletta hizo una introducción antes de comenzar a detallar caso por caso los del centro clandestino de la ex Jefatura de Policía. "Pedir una pena de 100 años confunde al pueblo. No hay justificación. Están pidiendo, por la edad de nuestros defendidos, encubiertamente, la pena de muerte", cuestionó. La querellante Laura Figueroa había requerido duras penas para algunos de los acusados, varias de ellas de 80 años y otras de hasta un siglo.

Galletta hizo hincapié en el caso del imputado Jorge Lazarte. De acuerdo con la Fiscalía, se habría desempeñado como interventor militar en la dependencia policial. "No hay sustento probatorio. Se inventó que ocupó ese lugar entre el 74 y el 75. Él trabajó en el área de Logística y Personal. No se comprobó que tuviera un puesto de mando en la llamada lucha antisubversiva", detalló. Consignó que ninguno de los 420 testigos que pasaron por la sala de audiencias habría mencionado expresamente a Lazarte.

Describió el legajo del encartado y subrayó que fue subjefe de la Policía durante sólo 14 días. Al cierre de esta edición, continuaba con su exposición. Luego será el turno de los abogados Martín Galliano, Vanessa Lucero y Manuel Bonnin.

Durante la jornada de hoy continuarán los alegatos de los defensores oficiales en la sala del TOF.

"Caza de brujas"

Durante la tarde del miércoles y ayer a la mañana alegaron los representantes del sacerdote José Mijalchyk, del ex militar Carlos Trucco y del ex policía Miguel Chuchuy Linares.

El letrado Luis Velasco consideró que se está juzgando a personas "cuyas vidas se pusieron en riesgo y que fueron acosadas por pertenecer a instituciones". "Se les aplica un derecho penal del enemigo, que no tiene en cuenta las garantías constitucionales. No les explicaron de qué se los acusa y los acusadores no han podido señalar una imputación concreta, debiendo variar las originales. Ejercer una defensa en estas condiciones es prácticamente imposible, una labor titánica en una soledad absoluta y con todos los recursos del estado puestos en contra", cuestionó. Afirmó que la Justicia se está utilizando como un "instrumento de persecución política".

Remarcó que habría habido "contradicciones e inconsistencias" y afirmó que es una "caza de brujas". El abogado Facundo Maggio insistió en este último concepto y remarcó una "clara intencionalidad" de relacionar a la Iglesia con el terrorismo de Estado, al defender a Mijalchyk. La Fiscalía sostiene que el sacerdote se habría desempeñado como capellán de hecho del centro clandestino del Arsenal. "Ni las acusaciones ni los testimonios dan cuenta de una participación de mi defendido. Está aquí por inadmisibles conjeturas", rechazó Maggio.

Repasó los testimonios que, según los acusadores, habrían involucrado al religioso y los desacreditó. Afirmó que ninguno lo ubicó en el Arsenal al ser interrogado. "Quedó demostrada la persecución constante en contra de mi defendido. También por la prensa. LA GACETA y los medios periodísticos informaban mintiendo. (Mijalchyk) fue nombrado por LA GACETA innumerable veces en las notas sobre el juicio", reclamó.

Velasco, por su parte, aseguró que se pretende que haya "algún cura tras las rejas".

En relación a Trucco, Maggio afirmó que es inocente y consignó que el cargo que le adjudicaron es erróneo. Pidió la nulidad de la acusación de Figueroa al considerar que imputó algunos de los delitos más graves, como homicidios, por personas que "no son víctimas de esta causa o están vivas".

El defensor Tomás Robert brindó los argumentos por Chuchuy Linares. "No era parte de esta maquinaria insertada en la Jefatura", diferenció. Explicó que no habría pertenecido al SIC (Servicio de Informaciones Confidenciales) sino al D2, el organismo formal de inteligencia. "Mi cliente está injustamente detenido y preso", afirmó tras añadir que los testigos no lo habrían mencionado como partícipe de los ilícitos.

RELIGIOSOS VÍCTIMAS.- Durante el alegato de la defensa del sacerdote José Mijalchyk, la agrupación Hijos acomodó en la sala las imágenes de religiosos de la Iglesia católica detenidos-desaparecidos. Entre ellas, las de monseñor Enrique Angelelli y del cura del movimiento tercermundista Carlos Mugica. 

Parcialmente desocupada.- El sector de la sala destinado a los familiares de desaparecidos permaneció vacío ayer. En cambio, el área destinada a los parientes de imputados estuvo colmada durante la jornada. 

Recta final.- El juicio, que comenzó hace un año, se encuentra en su última etapa. Las querellas y la Fiscalía ya presentaron sus alegatos. El proceso juzga las supuestas responsabilidades de 41 imputados en delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención contra 215 víctimas.