24 Noviembre 2013
"ANTECEDENTES". Docentes, obreros y estudiantes figuran en la lista.
Durante más de 30 años, las fichas "durmieron" en una carpeta. Hoy están en manos de la Justicia y durante los recientes alegatos de la Fiscalía en la megacausa "Arsenales II- Jefatura II", fueron mencionadas como una documentación que daría cuenta de los intentos del Ejército para lograr la impunidad tras los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en los 70. Se trata de 86 registros que fueron secuestrados a mediados de 2012 en un allanamiento de la Justicia Federal en la casa del ex teniente coronel Roque Ramón Cabral, ex juez de instrucción militar entre 1984 y 1986.
LA GACETA tuvo acceso a los documentos inéditos que aluden, en su mayoría, a víctimas de la megacausa "Operativo Independencia". Bajo el título de "Antecedentes", las fichas detallan datos personales, actividades políticas, detenciones ilegales y la supuesta ideología de víctimas de secuestros y desapariciones forzadas. Estudiantes, obreros, militantes, sindicalistas y profesionales aparecen en la nómina, en la que, en ocasiones, se utiliza los términos "conocidos comunistas" y "elementos subversivos". En los papeles figura el docente y gremialista Isauro Arancibia (asesinado el 24 de marzo de 1976), el periodista de este diario Maurice Jeger (secuestrado en junio de 1975, desaparecido) y el médico Máximo Jaroslavsky (secuestrado en noviembre de 1975, desaparecido).
El fiscal federal ad hoc a cargo de la oficina local de la unidad fiscal de Derechos Humanos, Pablo Camuña, explicó que podría tratarse de "prontuarios ideológicos", paralelos a los oficiales. "Creemos que eran usados por la Comunidad Informativa (C.I.) al momento de decidir la suerte del secuestrado", precisó.
La C.I. habría sido un órgano no formal que habría reunido a los jefes de inteligencia de las fuerzas de seguridad y que habría decidido el secuestro, liberación o muerte de las víctimas.
Camuña advirtió que los registros guardan relación con otras documentaciones que surgieron en otras causas de derechos humanos, como las listas de detenidos aportadas por el testigo Juan Carlos Clemente en el juicio Jefatura I (2010).
Pero, ¿por qué los documentos estaban en poder de Cabral? El octogenario estuvo frente al Juzgado de Instrucción Militar Nº 76, con jurisdicción en Tucumán. Allí se tramitaron todas las denuncias por desapariciones tras el retorno de la democracia. El año pasado, Camuña había solicitado allanamientos en casas de investigados en causas en trámite; entre ellos, Cabral. El origen de la causa en la que está involucrado el ex juez es una denuncia dentro del expediente por la desaparición de Dante Bordón (secuestrado en julio de 1977). Las pruebas se acumularon con la denuncia originada en el juicio "Vargas Aignasse" (2008), donde Cabral declaró como testigo. La Justicia sospecha que podría haber cometido los delitos de falsificación ideológica, amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Una decena de testigos desconoció el contenido de sus declaraciones en sede militar, que llevan la firma de Cabral. Inclusive, el médico Argentino Augier (ya fallecido) relató que en una oportunidad estaba por comenzar a declarar por su cautiverio en el Arsenal frente a Cabral y que éste habría permitido que ingresaran a la sala Antonio Bussi y Adel Vilas, máximas autoridades del Operativo Independencia. "La función principal de estas personas era garantizar la impunidad. Su rol en el plan criminal comenzaba después, era el último capítulo. Borrar las huellas y asegurar la impunidad también es una forma de participar de los delitos, en este caso, delitos contra la humanidad", concluyó Camuña. Cabral aún no prestó indagatoria porque su defensa argumentó problemas de salud. En 2008, tras el juicio "Vargas Aignasse", el ex militar se había defendido: "se me imputan falsamente delitos cometidos en el ejercicio de mi función, sin fundamento. Niego que haya sometido a nadie algún tipo de coacción".
LA GACETA tuvo acceso a los documentos inéditos que aluden, en su mayoría, a víctimas de la megacausa "Operativo Independencia". Bajo el título de "Antecedentes", las fichas detallan datos personales, actividades políticas, detenciones ilegales y la supuesta ideología de víctimas de secuestros y desapariciones forzadas. Estudiantes, obreros, militantes, sindicalistas y profesionales aparecen en la nómina, en la que, en ocasiones, se utiliza los términos "conocidos comunistas" y "elementos subversivos". En los papeles figura el docente y gremialista Isauro Arancibia (asesinado el 24 de marzo de 1976), el periodista de este diario Maurice Jeger (secuestrado en junio de 1975, desaparecido) y el médico Máximo Jaroslavsky (secuestrado en noviembre de 1975, desaparecido).
El fiscal federal ad hoc a cargo de la oficina local de la unidad fiscal de Derechos Humanos, Pablo Camuña, explicó que podría tratarse de "prontuarios ideológicos", paralelos a los oficiales. "Creemos que eran usados por la Comunidad Informativa (C.I.) al momento de decidir la suerte del secuestrado", precisó.
La C.I. habría sido un órgano no formal que habría reunido a los jefes de inteligencia de las fuerzas de seguridad y que habría decidido el secuestro, liberación o muerte de las víctimas.
Camuña advirtió que los registros guardan relación con otras documentaciones que surgieron en otras causas de derechos humanos, como las listas de detenidos aportadas por el testigo Juan Carlos Clemente en el juicio Jefatura I (2010).
Pero, ¿por qué los documentos estaban en poder de Cabral? El octogenario estuvo frente al Juzgado de Instrucción Militar Nº 76, con jurisdicción en Tucumán. Allí se tramitaron todas las denuncias por desapariciones tras el retorno de la democracia. El año pasado, Camuña había solicitado allanamientos en casas de investigados en causas en trámite; entre ellos, Cabral. El origen de la causa en la que está involucrado el ex juez es una denuncia dentro del expediente por la desaparición de Dante Bordón (secuestrado en julio de 1977). Las pruebas se acumularon con la denuncia originada en el juicio "Vargas Aignasse" (2008), donde Cabral declaró como testigo. La Justicia sospecha que podría haber cometido los delitos de falsificación ideológica, amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Una decena de testigos desconoció el contenido de sus declaraciones en sede militar, que llevan la firma de Cabral. Inclusive, el médico Argentino Augier (ya fallecido) relató que en una oportunidad estaba por comenzar a declarar por su cautiverio en el Arsenal frente a Cabral y que éste habría permitido que ingresaran a la sala Antonio Bussi y Adel Vilas, máximas autoridades del Operativo Independencia. "La función principal de estas personas era garantizar la impunidad. Su rol en el plan criminal comenzaba después, era el último capítulo. Borrar las huellas y asegurar la impunidad también es una forma de participar de los delitos, en este caso, delitos contra la humanidad", concluyó Camuña. Cabral aún no prestó indagatoria porque su defensa argumentó problemas de salud. En 2008, tras el juicio "Vargas Aignasse", el ex militar se había defendido: "se me imputan falsamente delitos cometidos en el ejercicio de mi función, sin fundamento. Niego que haya sometido a nadie algún tipo de coacción".
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