La colocación del cepo terminó con una denuncia en la comisaría

Los que habitan en Yerba Buena siguen teniendo altercados con el cepo. El jueves pasado, en la comisaría de esa ciudad se escribió un nuevo capítulo de esta novela. Hasta ahí llegó un representante de MARM Group, la empresa que ha sido contratada por la Municipalidad para reordenar el tráfico, y efectuó una denuncia policial, en la que adujo que un ciudadano golpeó a un empleado suyo porque le habían colocado el trabarruedas.

De acuerdo a lo relatado por Eduardo Ernesto Pando, quien se identificó como gerente y apoderado de la firma, el ataque ocurrió el jueves, a las 10.15, en la intersección de Diego de Villarroel y Roca. "El empleado José Sebastián Erazo realizó un acta de infracción y puso el trabarruedas. Luego se presentó el dueño del coche, lo insultó y lo amenazó de muerte", consignó Pando, en su texto.

De acuerdo al denunciante, tras los insultos, el agresor -cuya identidad no consta en la acusación- ingresó a la camioneta, intentó sustraer un talonario, tomó las llaves y las arrojó fuera. Además, le propinó golpes a Erazo.

Distintas son las quejas que el concejal opositor, Pedro Albornoz Piossek, tiene en su escritorio, y por las que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante yerbabuenense en el que solicita la creación de una comisión dedicada a fiscalizar el proceder de la compañía. El edil fundamentó su requerimiento en las "innumerables versiones de vecinos".

"Los reclamos se refieren a supuestos malos tratos por parte del personal privado, a la puesta del instrumento en lugares o en situaciones incorrectas y a la fluctuación antojadiza de los montos de las multas", explicó.

En las últimas semanas, Albornoz Piossek presentó, además, otras tres notas. La primera estuvo destinada al Tribunal de Faltas, a través de la cual demandó información sobre las actas de infracción labradas por los agentes de tránsito municipales, con relación a la colocación del trabarruedas, al acarreo de autos mal estacionados y al depósito.

La otra fue enviada a la Dirección de Rentas de la Provincia, pretendiendo que se determine la comisión de un delito fiscal y de un perjuicio al erario, puesto que la empresa les entregaba a los infractores (hasta hace un tiempo) recibos X, en vez de facturas. Idéntica diligencia había enviado, anteriormente, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En los últimos días, MARM Group ha comenzado a expedir recibos de tipo B.

La tercera nota recayó en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, donde requirió un pedido de inspección. "He recibido quejas sobre la supuesta existencia de personal contratado en negro. Cuando consulté a los ciudadanos sobre las razones de sus sospechas, respondieron que, ante el requerimiento de identificación a dichos empleados, obtuvieron respuestas negativas. Al parecer, no proporcionan datos porque se encuentran sin registración laboral", sostuvo.

También en el Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán se tramita una denuncia radicada por Albornoz Piossek. La causa quedó a cargo del fiscal de la X° Nominación, Guillermo Herrera, y se encuentra caratulada bajo el delito de asociación ilícita, según confirmaron las fuentes judiciales.

En septiembre pasado, en la Dirección de Tránsito, Transporte y Vía Pública removieron a los empleados municipales que participaban de los operativos de colocación de trabarruedas, luego de que LA GACETA publicara una serie de notas con testimonios de ciudadanos que cuestionaban los operativos.

Qué dice el contrato

En noviembre de 2011, la Municipalidad implementó la colocación de trabarruedas, a través de la ordenanza 1254. El servicio contratado consiste en la utilización de una grúa de arrastre, de un depósito, de trabarruedas y de motos para el control. El objetivo es la inmovilización y, en el caso de que hiciera falta, el retiro de toda clase de vehículos que pudieran estar obstruyendo el tránsito. La oficina de pago y el corralón se encuentran en la avenida Perón 910.

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad ha sido designada como el órgano de aplicación y control. Por ello, los operativos tienen que ser efectuados por los inspectores de esa repartición. Queda a cargo de la empresa disponer de personal propio que asesore y colabore a los inspectores respecto a la modalidad. La empresa, a través de su personal, pone el trabarruedas y/o retira los vehículos, siempre en presencia de un agente de la Policía Municipal, según el contrato.