23 Noviembre 2013
EN MESA DE ENTRADAS. Omodeo fue a dejar en persona el petitorio. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARáOZ (ARCHIVO)
El gobernador, José Alperovich, defendió ayer la decisión de permitir a los vendedores ambulantes que permanezcan hasta el 6 de enero comercializando sus productos en el microcentro. De esa forma, el titular del Poder Ejecutivo reforzó su posición y salió al cruce del reclamo de la Federación Económica de Tucumán (FET) por la venta informal.
El mandatario argumentó que los cuentapropistas se comprometieron a retirarse pacíficamente en Reyes, lo que permitió resolver un problema de larga data, y "tras arduas discusiones".
"Los vendedores ambulantes iban a cortar las calles, no se iba a poder trabajar en el centro, los comerciantes no iban a poder vender. O sea que todo lo que se podía hacer era para empeorar la situación, no para mejorarla", expresó Alperovich en referencia a las consecuencias que se habrían registrado si hubiese usado las fuerzas policiales para trasladar a los trabajadores informales.
El martes, los ambulantes y el PE lograron un acuerdo que estableció la salida del microcentro hasta el 6 de enero y la reubicación de los puesteros en un nuevo predio, en principio ubicado en Buenos Aires a primera cuadra, que funcionará como un centro de compras para albergar a 300 puesteros identificados. El arreglo entre las partes, además, dejó sin efecto un operativo de la Policía de Tucumán que tenía como objetivo desalojar la vía pública, el miércoles.
Ayer, Alperovich expresó: "el último recurso, tiene que ser la fuerza pública porque son tucumanos y es gente que necesita trabajar. Como gobernador tengo la obligación moral de no usar la fuerza pública, por eso vamos a esperar estos 30 días para que ellos se retiren en forma pacífica".
En la misma jornada, la Federación Económica ratificó el pedido del "auxilio de la fuerza pública", en apoyo a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, para el cumplimiento del fallo judicial.
En 2006, la Justicia local ordenó a la intendencia que cumpla con las normas y que garantice la "libre circulación de los ciudadanos por las calles y peatonales" de la jurisdicción, en referencia a la presencia de los puesteros en la zona comercial. Lo hizo tras una demanda de la FET.
La entidad, a través de una nota escrita dirigida al Gobierno, demandó la "instrumentación de un operativo policial en salvaguarda física de los comerciantes y transeúntes, como también la protección de sus bienes muebles e inmuebles". El escrito fue presentado ayer en mesa de entrada de la Casa de Gobierno.
"Quisimos entregar el petitorio personalmente al gobernador. Como no estaba prevista una audiencia, dejamos (por ese sector). Seguramente, lo analizará una vez que lo tenga en manos y nos dará una respuesta", dijo a la prensa el presidente de la FET, Pedro César Omodeo, cuando permanecía en el acceso del Palacio gubernamental.
"Las acciones a seguir serán consecuencias del proceso de este problema", remarcó Omodeo, en referencia a posibles medidas. Aunque realzó luego el marco de diálogo para alcanzar un consenso. "No es un tema de confrontación", añadió el directivo.
El mandatario argumentó que los cuentapropistas se comprometieron a retirarse pacíficamente en Reyes, lo que permitió resolver un problema de larga data, y "tras arduas discusiones".
"Los vendedores ambulantes iban a cortar las calles, no se iba a poder trabajar en el centro, los comerciantes no iban a poder vender. O sea que todo lo que se podía hacer era para empeorar la situación, no para mejorarla", expresó Alperovich en referencia a las consecuencias que se habrían registrado si hubiese usado las fuerzas policiales para trasladar a los trabajadores informales.
El martes, los ambulantes y el PE lograron un acuerdo que estableció la salida del microcentro hasta el 6 de enero y la reubicación de los puesteros en un nuevo predio, en principio ubicado en Buenos Aires a primera cuadra, que funcionará como un centro de compras para albergar a 300 puesteros identificados. El arreglo entre las partes, además, dejó sin efecto un operativo de la Policía de Tucumán que tenía como objetivo desalojar la vía pública, el miércoles.
Ayer, Alperovich expresó: "el último recurso, tiene que ser la fuerza pública porque son tucumanos y es gente que necesita trabajar. Como gobernador tengo la obligación moral de no usar la fuerza pública, por eso vamos a esperar estos 30 días para que ellos se retiren en forma pacífica".
En la misma jornada, la Federación Económica ratificó el pedido del "auxilio de la fuerza pública", en apoyo a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, para el cumplimiento del fallo judicial.
En 2006, la Justicia local ordenó a la intendencia que cumpla con las normas y que garantice la "libre circulación de los ciudadanos por las calles y peatonales" de la jurisdicción, en referencia a la presencia de los puesteros en la zona comercial. Lo hizo tras una demanda de la FET.
La entidad, a través de una nota escrita dirigida al Gobierno, demandó la "instrumentación de un operativo policial en salvaguarda física de los comerciantes y transeúntes, como también la protección de sus bienes muebles e inmuebles". El escrito fue presentado ayer en mesa de entrada de la Casa de Gobierno.
"Quisimos entregar el petitorio personalmente al gobernador. Como no estaba prevista una audiencia, dejamos (por ese sector). Seguramente, lo analizará una vez que lo tenga en manos y nos dará una respuesta", dijo a la prensa el presidente de la FET, Pedro César Omodeo, cuando permanecía en el acceso del Palacio gubernamental.
"Las acciones a seguir serán consecuencias del proceso de este problema", remarcó Omodeo, en referencia a posibles medidas. Aunque realzó luego el marco de diálogo para alcanzar un consenso. "No es un tema de confrontación", añadió el directivo.
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