Nueva excepción al Código de Planeamiento

Esa cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie se denomina excepción. Hay diversas motivos para apelar a esta prerrogativa. Cuando se trata de leyes, la razón debería ser muy importante y perseguir el bien común, que es el sentido de toda normativa, desde una constitución hasta un código de planeamiento urbano. En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por mayoría una excepción a la ordenanza N° 4.345, y otorgó el beneficio al sanatorio 9 de Julio, ubicado en 25 de Mayo al 300, que está realizando varias obras.

Esa empresa había solicitado un pedido de excepción para ampliar, construir nuevos consultorios e instalar nuevas cocheras. En su artículo tercero la ordenanza 4.345/10 prohíbe las ampliaciones de superficie edificable "en los establecimientos de salud existentes en el área central, comprendidas por las avenidas Sarmiento, Roca, Avellaneda-Sáenz Peña y Mitre-Alem".

Lo curioso, contradictorio y preocupante es que la solicitud no se realizó antes de iniciar las obras, sino cuando prácticamente estas se hallan concluidas. Algo similar había sucedido en 2011, cuando los ediles aprobaron reformas en el Centro Privado de Cardiología, y en abril pasado hicieron lo mismo con los trabajos de ampliación en la Clínica Mayo.

Estas transgresiones "legales" no son, por cierto, nuevas. El Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la capital, data de 1998, está contemplado en la ordenanza N° 2648. Tiene por finalidad regular la urbanización, entendiéndose como tal la ocupación, los usos, el fraccionamiento del suelo urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos y paisajísticos y todo otro aspecto que tenga relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la ciudad.

La Municipalidad divulgó un informe en junio de 2011 que señalaba que en el 58% de los inmuebles en altura se había cometido alguna infracción. Este constante incumplimiento de las normas y la ausencia de control municipal había llevado al Concejo Deliberante a aprobar en 2007 mediante ordenanza una excepción masiva para unas 500 construcciones irregulares. La polémica por las violaciones al CPU, la mayoría promovidas por el mismo Gobierno, por funcionarios y políticos, se resurgió al año siguiente. Algunas de las últimas excepciones fueron: El súper ubicado en avenida Sarmiento al 700 pudo construirse a partir de una excepción al CPU. Otro local, ubicado en avenida Sarmiento y Catamarca, también generó controversia. El permiso se otorgó sobre la base de una excepción. El viejo predio de LV 12, en Rivadavia 120, iba a ser demolido para erigir un edificio de 12 pisos, a pesar de que la norma sólo permitía hasta siete pisos. También hubo prerrogativas para permitir la edificación de un supermercado en 25 de Mayo al 300.

Se supone que una norma del Estado debe ser justa para todos, pero cuando las excepciones son constantes, se generan privilegios surgidos de intereses creados. Lo más grave es que quienes hacen la legislación, son los que se encargan de transgredirlas. Si las cosas fuesen transparentes, no se pediría la excepción a una ordenanza cuando esta ya ha sido violada y la obra ya se ha efectuado. ¿Cómo pueden nuestros gobernantes exigirles a los ciudadanos que acaten la ley si ellos continuamente borran con el codo lo que escribieron con la mano?