21 Noviembre 2013
"No conozco", contestó Alperovich cuando se le preguntó sobre los gastos de la Convención
En 2007, el gobernador rubricó un decreto convalidando las erogaciones por el funcionamiento del cuerpo que reformó la Constitución. Dirigentes que elaboraron la Carta Magna de 1990 relataron que no se les otorgó entonces dinero para asesores ni oficinas
Un dato reaviva la polémica respecto a los gastos de funcionamiento de la Convención Constituyente (CC) de 2006, a la que el Poder Ejecutivo (PE) destinó $ 1,8 millón para la contratación de asesores, alquiler de oficinas y otras erogaciones vinculadas con la elaboración de la Constitución provincial que hoy rige.
En 1990, ocasión en que el bussismo había impulsado la reforma de la Carta Magna local, no hubo una partida de estas características, según relataron a este diario convencionales justicialistas y de otros partidos que participaron del trámite. "Yo fui vicepresidente primero de aquella CC, y no nos otorgaron ninguna suma a mí ni a mis compañeros de bloque", indicó el entonces representante del Partido Justicialista (PJ), Roberto Toledo.
La labor de estos cuerpos, según la ley, era ad honórem (la única remuneración era el honor de participar). La diferencia está en que la reforma impulsada por el alperovichismo contempló gastos administrativos de la CC. Sus antecesores de los 90 dicen que no tuvieron estos recursos.
"No hubo presupuesto y no se manejó siquiera un solo peso. Los asesores y secretarios eran profesionales (muchos de ellos de gran prestigio), empleados y estudiantes que pidieron licencia y se dedicaron a ayudarnos en esa tarea", manifestó el bussista Pablo Calvetti, quien fue vicepresidente tercero de la CC de 1990.
En el justicialismo, que allí era oposición, sostienen idéntica postura. La versión de Toledo fue ratificada por su entonces compañero de bancada, el constitucionalista Luis Iriarte. "Personalmente, no recuerdo haber recibido (dinero) en ningún momento. Ni siquiera para asesores", le narró a este diario.
A cargo de Presidencia
La ley 7.469/04, impulsada por el alperovichismo, habilitó la reforma de la Carta Magna que había sido elaborada en 1990. En junio de 2006, los constituyentes anunciaron que el texto estaba listo. Según el reglamento interno, el entonces presidente del cuerpo, Juan Manzur, estaba encargado de todo lo referido a la administración de recursos para gastos. La norma expresaba que las bancas de la CC eran ad honórem; contemplaba sin embargo eventuales erogaciones necesarias para el trabajo de los convencionales.
Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente N° 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó los gastos, que sumaban un total de $ 1,8 millón.
El domingo, este diario comenzó a publicar recibos de la Convención Constituyente de 2006. La particularidad de estos documentos es que no tienen fecha, y la inmensa mayoría no brinda detalles respecto al concepto. Sólo aparecen cifras ($ 3.000, $ 12.000 y $ 40.000, entre otras) y las firmas de los dirigentes. Algunos de ellos, como los actuales legisladores oficialistas Adriana Nájar y Alejandro Martínez, negaron haber rubricado comprobantes. Otros peronistas, como los hoy intendentes Julio Silman (Alderetes) y Alberto Olea (Monteros), ratificaron que manejaron fondos "para funcionamiento".
Los interrogantes respecto a estos dineros surgen porque el ex convencional y hoy legislador de la oposición, José Manuel Páez (DC), reveló que trató de rendir cuentas con papeles respaldatorios de sus asesores y el pago del alquiler de una oficina, pero el alperovichismo no le dio lugar a este trámite. Además, el dirigente del PO, Martín Correa, dijo que su bloque sólo percibió $ 5.000.
La situación fue muy distinta en otros sectores políticos. El secretario de la bancaria oficialista, Mario Humoller, firmó un recibo por $ 40.000, al que también accedió LA GACETA. Y Carlos Courel, de Participación Ciudadana -sector radical aliado al alperovichismo-, habría firmado papeles por un total de $ 84.000.
Ayer a la mañana, este diario intentó consultarle a Alperovich respecto a este tema, durante su primera rueda de prensa desde que regresó de vacaciones.
- Gobernador, con respecto a la Convención Constituyente de 2006 y los gastos...
- No, no conozco nada.
Así respondió, tajante, el mandatario. No hubo lugar a repreguntas sobre este asunto.
El titular del PE, el 11 de abril de 2007, firmó un decreto convalidando ese desembolso. El texto indica que las actuaciones se tramitaban para "la aprobación del gasto ocasionado con motivo del funcionamiento" de la CC. En los considerandos, se apuntaron anteriores decretos que otorgaban adelantos de $ 500.000 y $ 1,3 millón. "Se adjunta resolución N° 12-PHCC-2006 del 05/06/06, de Presidencia de la Convención Constituyente (a cargo de Manzur), por la cual se aprueba la documentación respaldatoria de los gastos y erogaciones efectuadas para el funcionamiento administrativo de ese honorable cuerpo, y la tramitación implementada sobre el particular por la Secretaría Ad Hoc (cuyo titular era Silvio Manservigi), y se resuelve someter dicha documentación a conocimiento y aprobación de la Honorable CC, a fin de dar cumplimiento con lo establecido (...) en su reglamento interno", señala el decreto. Luego, enuncia una resolución del cuerpo "por la que se aprueba con carácter definitivo, y a los efectos que hubiere lugar, el módulo compuesto por la totalidad de las resoluciones dictadas y adoptadas por la Presidencia de este cuerpo".
En el proceso, tomaron intervención la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, a cargo de Edmundo Jiménez, y hubo un dictamen de la Dirección General de Presupuesto. La erogación de $ 1,8 millón fue convalidada así por el PE. En el análisis público de la Cuenta de Inversión (CI) 2006, el Tribunal de Cuentas no formuló objeciones. Y la Legislatura aprobó todos los gastos de ese año en 2009, de manera ficta, al no debatir la CI.
En 1990, ocasión en que el bussismo había impulsado la reforma de la Carta Magna local, no hubo una partida de estas características, según relataron a este diario convencionales justicialistas y de otros partidos que participaron del trámite. "Yo fui vicepresidente primero de aquella CC, y no nos otorgaron ninguna suma a mí ni a mis compañeros de bloque", indicó el entonces representante del Partido Justicialista (PJ), Roberto Toledo.
La labor de estos cuerpos, según la ley, era ad honórem (la única remuneración era el honor de participar). La diferencia está en que la reforma impulsada por el alperovichismo contempló gastos administrativos de la CC. Sus antecesores de los 90 dicen que no tuvieron estos recursos.
"No hubo presupuesto y no se manejó siquiera un solo peso. Los asesores y secretarios eran profesionales (muchos de ellos de gran prestigio), empleados y estudiantes que pidieron licencia y se dedicaron a ayudarnos en esa tarea", manifestó el bussista Pablo Calvetti, quien fue vicepresidente tercero de la CC de 1990.
En el justicialismo, que allí era oposición, sostienen idéntica postura. La versión de Toledo fue ratificada por su entonces compañero de bancada, el constitucionalista Luis Iriarte. "Personalmente, no recuerdo haber recibido (dinero) en ningún momento. Ni siquiera para asesores", le narró a este diario.
A cargo de Presidencia
La ley 7.469/04, impulsada por el alperovichismo, habilitó la reforma de la Carta Magna que había sido elaborada en 1990. En junio de 2006, los constituyentes anunciaron que el texto estaba listo. Según el reglamento interno, el entonces presidente del cuerpo, Juan Manzur, estaba encargado de todo lo referido a la administración de recursos para gastos. La norma expresaba que las bancas de la CC eran ad honórem; contemplaba sin embargo eventuales erogaciones necesarias para el trabajo de los convencionales.
Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente N° 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó los gastos, que sumaban un total de $ 1,8 millón.
El domingo, este diario comenzó a publicar recibos de la Convención Constituyente de 2006. La particularidad de estos documentos es que no tienen fecha, y la inmensa mayoría no brinda detalles respecto al concepto. Sólo aparecen cifras ($ 3.000, $ 12.000 y $ 40.000, entre otras) y las firmas de los dirigentes. Algunos de ellos, como los actuales legisladores oficialistas Adriana Nájar y Alejandro Martínez, negaron haber rubricado comprobantes. Otros peronistas, como los hoy intendentes Julio Silman (Alderetes) y Alberto Olea (Monteros), ratificaron que manejaron fondos "para funcionamiento".
Los interrogantes respecto a estos dineros surgen porque el ex convencional y hoy legislador de la oposición, José Manuel Páez (DC), reveló que trató de rendir cuentas con papeles respaldatorios de sus asesores y el pago del alquiler de una oficina, pero el alperovichismo no le dio lugar a este trámite. Además, el dirigente del PO, Martín Correa, dijo que su bloque sólo percibió $ 5.000.
La situación fue muy distinta en otros sectores políticos. El secretario de la bancaria oficialista, Mario Humoller, firmó un recibo por $ 40.000, al que también accedió LA GACETA. Y Carlos Courel, de Participación Ciudadana -sector radical aliado al alperovichismo-, habría firmado papeles por un total de $ 84.000.
Ayer a la mañana, este diario intentó consultarle a Alperovich respecto a este tema, durante su primera rueda de prensa desde que regresó de vacaciones.
- Gobernador, con respecto a la Convención Constituyente de 2006 y los gastos...
- No, no conozco nada.
Así respondió, tajante, el mandatario. No hubo lugar a repreguntas sobre este asunto.
El titular del PE, el 11 de abril de 2007, firmó un decreto convalidando ese desembolso. El texto indica que las actuaciones se tramitaban para "la aprobación del gasto ocasionado con motivo del funcionamiento" de la CC. En los considerandos, se apuntaron anteriores decretos que otorgaban adelantos de $ 500.000 y $ 1,3 millón. "Se adjunta resolución N° 12-PHCC-2006 del 05/06/06, de Presidencia de la Convención Constituyente (a cargo de Manzur), por la cual se aprueba la documentación respaldatoria de los gastos y erogaciones efectuadas para el funcionamiento administrativo de ese honorable cuerpo, y la tramitación implementada sobre el particular por la Secretaría Ad Hoc (cuyo titular era Silvio Manservigi), y se resuelve someter dicha documentación a conocimiento y aprobación de la Honorable CC, a fin de dar cumplimiento con lo establecido (...) en su reglamento interno", señala el decreto. Luego, enuncia una resolución del cuerpo "por la que se aprueba con carácter definitivo, y a los efectos que hubiere lugar, el módulo compuesto por la totalidad de las resoluciones dictadas y adoptadas por la Presidencia de este cuerpo".
En el proceso, tomaron intervención la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, a cargo de Edmundo Jiménez, y hubo un dictamen de la Dirección General de Presupuesto. La erogación de $ 1,8 millón fue convalidada así por el PE. En el análisis público de la Cuenta de Inversión (CI) 2006, el Tribunal de Cuentas no formuló objeciones. Y la Legislatura aprobó todos los gastos de ese año en 2009, de manera ficta, al no debatir la CI.
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