21 Noviembre 2013
Ocho años más tarde del inicio de la investigación de "Borquez", caso testigo de maniobras con títulos de la deuda pública, y 12 meses después de la elevación a juicio de esa pesquisa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) puso fecha para el debate oral. Este comenzará el martes 25 de febrero y concluirá el viernes 28 de aquel mes, según la resolución que el 8 de noviembre pasado firmó Gabriel Casas, presidente del estrado integrado por los vocales Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga (ese camarista catamarqueño subroga a Carlos Enrique Jiménez Montilla, que se excusó en este pleito).
La decisión de Casas ordena citar a las partes y a los testigos. Habrá casi 100 declaraciones entre los testimonios propuestos por el fiscal general subrogante Leopoldo Peralta Palma y los imputados Felipe Federico Terán, ex juez federal N°2; Alfredo Ducca y Daniel Martín (abogados), y Pablo Javier Rossi, César Daniel Barboza, Fernando Adolfo Recalde y Jorge Alejandro Rigourd (acusados vinculados a la empresa MA Valores SA).
La programación de la audiencia oral acaeció a posteriori del rechazo de los recursos de casación que las partes interpusieron contra las resoluciones que habían otorgado parcialmente la prescripción a Terán y rechazado que el transcurso del tiempo haya extinguido la acción penal respecto de los demás imputados. Contra esos "no ha lugar", algunos defensores (como Pablo Bauque y Rodolfo Tercero Burgos -interviene por el deceso de José Agustín Ferrari-, respectivos abogados de Terán y de Martín) presentaron recursos de queja por casación denegada directamente en la Cámara Nacional de Casación Penal.
24 cuerpos Carlos Brito, fiscal a cargo de la instrucción de "Borquez", consideró probado que un grupo de tucumanos compró bonos pos default de 2001 para buscar un reembolso de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces) y una ganancia equivalente al 241,15% respecto del capital invertido.
El expediente que el Juzgado Federal N°2 elevó al TOF imputaba a los acusados la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica o intelectual, violación de los deberes de funcionario público y de tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública. Al analizar los pedidos de declaración de prescripción, el Tribunal Oral consideró que sólo podía juzgar a Terán por la presunta falsedad ideológica e intelectual. Las imputaciones hechas a los demás acusados no recibieron modificaciones.
Entonces comenzaron a "llover" las solicitudes de suspensión del juicio a prueba (o probation), que procuran evitar la celebración del juicio oral. Estos escritos se suman a un expediente que ya tiene 24 cuerpos y una docena de incidentes. Sucesivamente hicieron aquella oferta los imputados Ducca; Rigourd, Barboza y Recalde (los tres son defendidos por Juan Carlos Malek), y Martín. Walter Ojeda Ávila, defensor de Ducca, propuso donar $ 300 mensuales durante un año; Malek dijo que sus defendidos están dispuestos a entregar $ 1.000 mensuales a la Sala Cuna y Burgos ofreció una donación de $ 300 por mes a Cáritas. A diferencia de los otros acusados, Rigourd, Barboza y Recalde añadieron que no tenían títulos públicos involucrados en la investigación pero que, no obstante, renunciaban a exigir su pago.
La probation, que no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil, no está disponible para el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en los supuestos delitos. Esa restricción prevista en el Código Penal afecta a Terán, que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación el 18 de octubre de 2006. Este órgano interpretó que correspondía remover al ex magistrado por su actuación en el trámite de "Borquez" y otros expedientes con títulos públicos.
El TOF ha de dilucidar oportunamente si la restricción mencionada alcanza también a los demás imputados (la suspensión del juicio a prueba tampoco procede respecto de los delitos reprimidos con inhabilitación). En forma previa, Peralta Palma debe pronunciarse sobre las ofertas de probation, cuya admisión requiere del consentimiento del Ministerio Público.
La defensa de Terán no se quedó con los brazos cruzados. Acostumbrado como está a cuestionar todo desde el inicio de la investigación, Bauque recusó al tribunal por revocar la citación como testigo de Graciela Fernández Vecino, única vocal de la Cámara Federal de Tucumán que no se excusó en "Borquez", luego de haberla admitido (en la resolución que fijó fecha al debate oral). El TOF después advirtió que la intervención de Fernández Vecino tornaba impertinente su declaración en el juicio (con idéntico criterio había rechazado la citación de Eugenio Raúl Zaffaroni, vocal de la Corte de la Nación y miembro del Jurado que removió a Terán -Zaffaroni votó a favor del ex juez-). El martes pasado, el TOF rechazó sin dar trámite la recusación articulada por Bauque.
La decisión de Casas ordena citar a las partes y a los testigos. Habrá casi 100 declaraciones entre los testimonios propuestos por el fiscal general subrogante Leopoldo Peralta Palma y los imputados Felipe Federico Terán, ex juez federal N°2; Alfredo Ducca y Daniel Martín (abogados), y Pablo Javier Rossi, César Daniel Barboza, Fernando Adolfo Recalde y Jorge Alejandro Rigourd (acusados vinculados a la empresa MA Valores SA).
La programación de la audiencia oral acaeció a posteriori del rechazo de los recursos de casación que las partes interpusieron contra las resoluciones que habían otorgado parcialmente la prescripción a Terán y rechazado que el transcurso del tiempo haya extinguido la acción penal respecto de los demás imputados. Contra esos "no ha lugar", algunos defensores (como Pablo Bauque y Rodolfo Tercero Burgos -interviene por el deceso de José Agustín Ferrari-, respectivos abogados de Terán y de Martín) presentaron recursos de queja por casación denegada directamente en la Cámara Nacional de Casación Penal.
24 cuerpos Carlos Brito, fiscal a cargo de la instrucción de "Borquez", consideró probado que un grupo de tucumanos compró bonos pos default de 2001 para buscar un reembolso de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces) y una ganancia equivalente al 241,15% respecto del capital invertido.
El expediente que el Juzgado Federal N°2 elevó al TOF imputaba a los acusados la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica o intelectual, violación de los deberes de funcionario público y de tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública. Al analizar los pedidos de declaración de prescripción, el Tribunal Oral consideró que sólo podía juzgar a Terán por la presunta falsedad ideológica e intelectual. Las imputaciones hechas a los demás acusados no recibieron modificaciones.
Entonces comenzaron a "llover" las solicitudes de suspensión del juicio a prueba (o probation), que procuran evitar la celebración del juicio oral. Estos escritos se suman a un expediente que ya tiene 24 cuerpos y una docena de incidentes. Sucesivamente hicieron aquella oferta los imputados Ducca; Rigourd, Barboza y Recalde (los tres son defendidos por Juan Carlos Malek), y Martín. Walter Ojeda Ávila, defensor de Ducca, propuso donar $ 300 mensuales durante un año; Malek dijo que sus defendidos están dispuestos a entregar $ 1.000 mensuales a la Sala Cuna y Burgos ofreció una donación de $ 300 por mes a Cáritas. A diferencia de los otros acusados, Rigourd, Barboza y Recalde añadieron que no tenían títulos públicos involucrados en la investigación pero que, no obstante, renunciaban a exigir su pago.
La probation, que no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil, no está disponible para el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en los supuestos delitos. Esa restricción prevista en el Código Penal afecta a Terán, que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación el 18 de octubre de 2006. Este órgano interpretó que correspondía remover al ex magistrado por su actuación en el trámite de "Borquez" y otros expedientes con títulos públicos.
El TOF ha de dilucidar oportunamente si la restricción mencionada alcanza también a los demás imputados (la suspensión del juicio a prueba tampoco procede respecto de los delitos reprimidos con inhabilitación). En forma previa, Peralta Palma debe pronunciarse sobre las ofertas de probation, cuya admisión requiere del consentimiento del Ministerio Público.
La defensa de Terán no se quedó con los brazos cruzados. Acostumbrado como está a cuestionar todo desde el inicio de la investigación, Bauque recusó al tribunal por revocar la citación como testigo de Graciela Fernández Vecino, única vocal de la Cámara Federal de Tucumán que no se excusó en "Borquez", luego de haberla admitido (en la resolución que fijó fecha al debate oral). El TOF después advirtió que la intervención de Fernández Vecino tornaba impertinente su declaración en el juicio (con idéntico criterio había rechazado la citación de Eugenio Raúl Zaffaroni, vocal de la Corte de la Nación y miembro del Jurado que removió a Terán -Zaffaroni votó a favor del ex juez-). El martes pasado, el TOF rechazó sin dar trámite la recusación articulada por Bauque.
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