"Vendremos, por más que digan que habrá desalojo"

Zulma Torres y Marcela Díaz vivieron un día lleno de incertidumbre por lo que vendrá en el conflicto por la venta ambulante. Confesaron que están asustadas y que tienen miedo a quedarse sin un techo y sin trabajo. Sin embargo, las dos mujeres se valieron de la única arma con la que cuentan en estos días, la voz, y reclamaron un futuro para ellas y sus familias.

Zulma pidió un lugar dónde vivir en la protesta que encabezó junto con el resto de las familias que ocupan el predio El Provincial, en avenida Roca al 600. "Pedimos una vivienda. Por lo menos, que tengamos algo para darles a nuestros hijos", exclamó la mujer, de 41 años, envuelta en el humo que se desprendía de la cubierta quemada.

Mientras que Marcela, de 36 años, no desaprovechó la falta de resolución en la negociación entre el Gobierno y el sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) por la erradicación de los puestos en el microcentro de la capital tucumana. Se instaló en la peatonal Mendoza y ofreció juguetes y otros productos en una jornada de amnistía. "Gracias a Dios pudimos vender un día más. La verdad es que la incertidumbre nos tiene mal", enfatizó la vendedora.

Las sensaciones de las dos mujeres resumieron el clima tenso que se vivió en la ex estación de ferrocarril y las calles céntricas de la ciudad, y fueron el resultado de la falta de decisión política y una solución estructural a una polémica de vieja data: la comercialización informal. El Poder Ejecutivo (PE) no ha logrado acordar con los referentes de los cuentapropistas la salida de la vía pública y la reubicación de los puestos en un predio nuevo, por lo que las alternativas siguen descartándose y la posible utilización de la fuerza policial para la erradicación de los trabajadores, es cada vez más latente.

En el Gobierno no se hizo pública una posición oficial ante el rechazo de los trabajadores callejeros al traslado al inmueble ubicado en barrio sur. El secretario de la Gobernación, Oscar Bercovich, designado representante del PE en la negociación con los dirigentes ambulantes, evitó un contacto con la prensa. Aunque se supo que frente a la negativa de los cuentapropistas reflotó la opción de utilizar el Predio Ferial Tucumán como un centro comercial.

Nada fue confirmado y en la Casa de Gobierno se espera el retorno a la administración del gobernador, José Alperovich, tras sus minivacaciones en el Caribe. Será él quien defina el desalojo de los ambulantes para los próximos días, o una nueva medida, según informaron fuentes del Ejecutivo. Hasta el fin de semana, la fecha definitiva que se había mencionado era el martes. No obstante, otras fuentes del Gobierno remarcaron que no se dispondrá ninguna medida hoy hasta que llegue el titular del Ejecutivo tucumano, coincidiendo con las posturas anteriores.

Seguirán en las calles

"Vendremos, por más que digan que habrá desalojo mañana (por hoy). Vendremos y nos reuniremos todos", advirtió Marcela. Claudio Robledo, dirigente del sindicato de los ambulantes, confirmó que los cuentapropistas permanecerán en las calles del microcentro hasta el 6 de enero del próximo año, y que el sector accedería a firmar un convenio para definir una reubicación de los vendedores en un local, a partir de esa fecha.

"Nosotros vamos a trabajar. Aunque no confrontaremos con la Policía. Si no nos dejan trabajar, que permitan que nos movilicemos y protestemos pacíficamente. En esta oportunidad, permitiremos que los taxistas circulen", ratificó Robledo, quien rechazó la posibilidad de instalarse en las dos propiedades dadas como alternativas, la ex estación de ferrocarril El Provincial y el Predio Ferial Tucumán. "Los dos quedaron descartados. En El Provincial, por ejemplo, hay gente laburante. Y con los pobres no se pelea, sino se da una mano. Comprendemos su reclamo", añadió Robledo.

Según el comportamiento de los trabajadores callejeros, durante enero y principios de febrero la actividad informal se desplaza a las zonas de veraneo regionales y nacionales, entre ellas, Amaicha y El Mollar (Tucumán), Santa María (Catamarca), Cafayate (Salta) y Mar del Plata (Buenos Aires).

"Nadie del Gobierno nos contactó"

Las 15 familias que habitan en el predio El Provincial realizaron un nuevo corte de tránsito para rechazar el desalojo del predio. Sin embargo, los manifestantes dejaron en claro que "están abiertos" a la posibilidad de un traslado en caso de que el inmueble sea reutilizado. Pero esa alternativa sólo quedó en intención de los ocupantes de la ex estación de ferrocarril, ante la falta de diálogo oficial.

"Nadie del Gobierno nos contactó para hablar sobre el desalojo o plantear alguna alternativa. Ni siquiera un político", expresó Zulma Torres. La mujer vive con sus tres hijos y comparte el viejo edificio con otras 60 personas, según comentaron. A la propiedad le faltan vigas estructurales y parte del techo.

"Queremos una solución buena para todos. Los chicos no pueden terminar en la calle", afirmó Nancy Domínguez, de 49 años, quien trabaja en uno de los lavaderos que se montaron en el espacio verde, pegado a la estructura material de estilo inglés, que data de 1899.

Los ocupantes dijeron que efectivos de la Policía de la provincia llevaron adelante días atrás una inspección del lugar, con un relevamiento de los bienes personales, como televisores y lavarropas. "El Gobierno quiere deshacerse de los vendedores ambulantes y carga contra nosotros. Los ambulantes ya utilizaron este lugar hace dos años y no les fue bien", manifestó Lorena Patricia Torres, de 27 años y tres hijos. Los habitantes del predio, además, aseguraron que la Justicia Federal envió notificaciones escritas confirmando el desalojo a cada una de los adultos registrados; el operativo estaría a cargo de Gendarmería Nacional, al tratarse de un inmueble perteneciente originalmente al Estado nacional.