17 Noviembre 2013
"PRESO POLÍTICO". José Dirceu saludó a sus seguidores el viernes, antes de entregarse a la Policía paulista. REUTERS
BRASILIA.- El ex director del Banco do Brasil Henrique Pizzolato huyó a Italia para evitar ir preso por el caso del mensalao (pago mensual a legisladores para aprobar leyes), luego de que la Corte Suprema de su país ordenó la detención y envío a la cárcel de varios encumbrados dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
"No vislumbro ninguna chance de tener un juzgamiento ajeno a motivaciones político-electorales, que tiene el carácter de un proceso de excepción, por lo que decidí hacer valer mi derecho a la libertad para tener un nuevo juicio en Italia", afirmó Pizzolato en una nota. Según sus amigos, su salida del país se habría producido hace un mes y medio para eludir una condena a 12 años de cárcel.
Según el diario Folha de Sao Paulo, el ex funcionario se fugó a través de la ciudad brasileña de Ponta Porá, en Mato Grosso do Sul, donde cruzó la frontera de Paraguay en Pedro Juan Caballero, para luego llegar a Asunción. Allí embarcó a Italia. Como no tenía en su poder sus dos pasaportes (uno brasileño y el otro italiano), retirados por la Corte Suprema el año pasado, habría gestionado en la embajada italiana una copia del documento para poder viajar.
La Justicia lo halló culpable de haber pagado unos U$S 38 millones a una agencia de publicidad perteneciente a Marcos Valerio, considerado responsable financiero de la operación de pago de una mensualidad a los legisladores para que sancionen leyes en el primer tramo de la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva. Valerio ya está detenido y purgará 40 años de cárcel. Al conocerse la huida clandestina de Pizzolato, la Policía Federal brasileña pidió su detención a Interpol, que ya estaría buscándolo.
Pero la elección de Italia como destino le generará complicaciones a Brasil si decide pedir su extradición, ya que recientemente el país sudamericano le concedió asilo político al italiano Cesare Battisti, condenado en Roma a prisión perpetua por terrorismo.
A su vez, el ex ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete) y hombre fuerte de Lula, José Dirceu, también condenado, se declaró "preso político" y anunció que apelará la sentencia a 10 años y 10 meses de prisión ante los tribunales internacionales. "Soy inocente, tengo que luchar para demostrarlo y voy a continuar luchando", afirmó poco antes de presentarse ante la Policía de San Pablo para quedar arrestado. En la misma situación están el diputado José Genoíno, quien al momento de denunciarse el mensalao era el presidente del PT; el ex tesorero partidario, Delubio Soares, y otros ocho políticos, todos condenados por corrupción activa y asociación para delinquir.
La Policía Federal trasladó en un avión a los penados a Brasilia. Todos tienen derecho a solicitar ser recluidos en centros de detención de las ciudades en las que residen.
El Gobierno de Dilma Rousseff anunció que no se pronunciará sobre el caso. "Hemos acordado no hablar sobre este asunto", afirmó el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho. Lula y Rousseff se reunieron el viernes, para analizar las consecuencias políticas de la decisión de la Justicia. (DPA-Télam)
"No vislumbro ninguna chance de tener un juzgamiento ajeno a motivaciones político-electorales, que tiene el carácter de un proceso de excepción, por lo que decidí hacer valer mi derecho a la libertad para tener un nuevo juicio en Italia", afirmó Pizzolato en una nota. Según sus amigos, su salida del país se habría producido hace un mes y medio para eludir una condena a 12 años de cárcel.
Según el diario Folha de Sao Paulo, el ex funcionario se fugó a través de la ciudad brasileña de Ponta Porá, en Mato Grosso do Sul, donde cruzó la frontera de Paraguay en Pedro Juan Caballero, para luego llegar a Asunción. Allí embarcó a Italia. Como no tenía en su poder sus dos pasaportes (uno brasileño y el otro italiano), retirados por la Corte Suprema el año pasado, habría gestionado en la embajada italiana una copia del documento para poder viajar.
La Justicia lo halló culpable de haber pagado unos U$S 38 millones a una agencia de publicidad perteneciente a Marcos Valerio, considerado responsable financiero de la operación de pago de una mensualidad a los legisladores para que sancionen leyes en el primer tramo de la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva. Valerio ya está detenido y purgará 40 años de cárcel. Al conocerse la huida clandestina de Pizzolato, la Policía Federal brasileña pidió su detención a Interpol, que ya estaría buscándolo.
Pero la elección de Italia como destino le generará complicaciones a Brasil si decide pedir su extradición, ya que recientemente el país sudamericano le concedió asilo político al italiano Cesare Battisti, condenado en Roma a prisión perpetua por terrorismo.
A su vez, el ex ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete) y hombre fuerte de Lula, José Dirceu, también condenado, se declaró "preso político" y anunció que apelará la sentencia a 10 años y 10 meses de prisión ante los tribunales internacionales. "Soy inocente, tengo que luchar para demostrarlo y voy a continuar luchando", afirmó poco antes de presentarse ante la Policía de San Pablo para quedar arrestado. En la misma situación están el diputado José Genoíno, quien al momento de denunciarse el mensalao era el presidente del PT; el ex tesorero partidario, Delubio Soares, y otros ocho políticos, todos condenados por corrupción activa y asociación para delinquir.
La Policía Federal trasladó en un avión a los penados a Brasilia. Todos tienen derecho a solicitar ser recluidos en centros de detención de las ciudades en las que residen.
El Gobierno de Dilma Rousseff anunció que no se pronunciará sobre el caso. "Hemos acordado no hablar sobre este asunto", afirmó el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho. Lula y Rousseff se reunieron el viernes, para analizar las consecuencias políticas de la decisión de la Justicia. (DPA-Télam)
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