Convencionales dicen que no cobraron un peso, pero hay recibos que llevan su firma

La labor de los convencionales constituyentes que reformaron la Carta Magna provincial en 2006 tenía, según la ley 7.469, una sola moneda de pago: el alto honor que representaba esta tarea para ellos. Esa norma, sancionada para habilitar diversas modificaciones a la Constitución tucumana -entre ellas, se habilitó la reelección para cargos ejecutivos y parlamentarios-, hacía sin embargo una salvedad: los integrantes del cuerpo sí podían recibir fondos, para asegurar el funcionamiento del órgano. De hecho, según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente N° 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó gastos de la Convención Constituyente por la cifra de $ 1,8 millón.

Siete años después, salieron a la luz una serie de recibos, a los cuales accedió LA GACETA, en los que figuran nombres y firmas de diferentes dirigentes. Estos documentos tienen además impresos un membrete -que identifica a ese cuerpo- y sumas disímiles: $ 3.000, $ 12.000 y $ 15.000 son algunas de ellas.

El conflicto surge porque constituyentes del oficialismo, al ser consultados por este diario, negaron haber recibido un peso, incluso por los gastos que podrían haber generado sus labores.

"(Cuando se conformó) la Convención Constituyente yo era vicepresidente de la Legislatura, así que no he contratado asesores ni he necesitado nada. Era ad honórem. Quizás a los que eran intendentes o dirigentes comunes les haya llegado (dinero), pero yo no necesitaba", indicó el alperovichista Alejandro Martínez.

Pese a esto, su nombre es uno de los que aparece en los comprobantes de pago. Según esos datos, el actual integrante del bloque oficialista "Tucumán Crece" firmó dos recibos: uno por $ 12.000, y otro por $ 15.000.

El texto que aún rige

El 6 de junio de 2006, tras varias polémicas y tres meses de labor parlamentaria, la Convención Constituyente anunció que estaba lista la nueva Constitución provincial. Ese texto, que aún rige, fue elaborado por 40 parlamentarios escogidos con ese fin.

La ley 7.469, que había dispuesto la convocatoria para la reforma, establecía en el artículo 9 que los cargos eran ad honórem. Ni en su reglamento interno (al que accedió LA GACETA) ni en otras normativas públicas consta cómo debía ser el manejo de los recursos que sí podían recibir los convencionales para cubrir erogaciones como asesorías, viáticos y otros gastos. Los recibos que ahora toman estado público abonan el misterio. Adriana Nájar, esposa del intendente de Las Talitas, Luis Morghenstein, es otra de las que figura en esos papeles, con su firma, consintiendo el recibo de $ 12.000. No se llenaron las líneas en el ítem "concepto" ni se colocó la fecha. "Yo he tenido la oportunidad de consultar abogados; he tenido asesoramiento, pero todo fue ad honórem", apuntó. Cuando se le preguntó si le habían girado fondos, contestó tajante: "no, por favor, nada que ver". También negó haber firmado comprobantes. "Se me brindó todo lo que fuera necesario. Lo que es gastos administrativos, desconozco en absoluto", indicó.

En la lista también aparecen otros dos oficialistas, Carolina Vargas Aignasse y Armando Cortalezzi. La legisladora optó por no hacer declaraciones. El interventor de la Caja Popular de Ahorros no atendió a los numerosos llamados que realizó LA GACETA.