"Nos quedan núcleos duros de pobreza pendientes de perforar"

Nueve nacidos en 1983 enunciaron en esta misma página, hace una semana, la siguiente agenda para perfeccionar la democracia: 1) tomar más en serio la república; 2) fortalecer las instituciones; 3) forjar políticas de Estado para curar, educar y dar de comer; 4) promover una alternancia en el poder que no destruya las ideas válidas de los representantes anteriores; 5) saldar las deudas sociales en el lugar que cada cual ocupa; 6) potenciar el derecho a pelear por los derechos; 7) exigir representantes impregnados de sentido ético; 8) hacer planes a mediano y largo plazo, y 9) aumentar la calidad de los servicios de salud y educación para romper la desigualdad. Víctor Abramovich (Buenos Aires, 1965), académico consagrado al estudio y la divulgación de los derechos humanos, oye las propuestas de "los hijos de la democracia". Y añade: "en 30 años hemos logrado desarrollar una institucionalidad política que está bastante consolidada. La agenda presente y futura pasa por lo que no conquistamos en términos de igualdad. Aún quedan núcleos duros de pobreza pendientes de perforar. Necesitamos estrategias para la inclusión social. Esa es la clave para superar nuestros déficits de derechos humanos".

El comienzo de esta entrevista es, en realidad, el cierre de una conversación entre el profesor y el diario LA GACETA. Abramovich acaba de aterrizar en el hotel Catalinas Park y en un rato ha de dirigirse al Palacio de Justicia para exponer en la Jornada contra la Tortura celebrada el viernes pasado. Vaso de agua de por medio, el abogado admite que resulta paradójico hablar de la persistencia de la tortura en un país decidido a juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.

"Entonces había una planificación estatal para perseguir a dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales… Lo que hoy todavía enfrentamos es la continuidad de formas de violencia institucional tanto en la policía como en las cárceles", matiza. Y especifica: "no estamos frente a una situación planificada, pero tampoco son hechos aislados. Sigue habiendo violencia para organizar y disciplinar las prisiones. También la generan las condiciones de detención: la superpoblación, el deterioro edilicio y el proceder policial".

-¿Esa versión de la tortura está dirigida a un grupo determinado?

-La violencia carcelaria afecta sobre todo a jóvenes pobres de los centros urbanos. Es el sector que no pudo integrarse en el mercado laboral y que no vive una ciudadanía plena. Esto es consecuencia de la selectividad manifiesta del sistema penal. El Estado termina gestionando los conflictos de la marginalidad por medio de una contención más punitiva que inclusiva. No puede ocuparse de las cárceles porque debe ocuparse del delito: no ve la relación que existe entre ambos ni que la violencia carcelaria no queda intramuros, sino que se vuelca a la sociedad.

-Esta paradoja de juzgar la tortura cometida en los años 70 y, por el otro, de seguir perpetrándola, ¿qué dice de la sociedad?

-No creo que no hayamos aprendido la lección. El daño social causado por el terrorismo de Estado no consistió sólo en la comisión de hechos ilícitos, sino también en la impunidad posterior. Las instituciones penitenciarias y policiales no fueron depuradas sino hasta que hubo juicios. Hay que construir el problema: preguntarnos, por ejemplo, cómo se naturalizan ciertas formas de violencia y cómo funcionan las complicidades. Esa indagación llevará a reformas más profundas.

-Hagamos un repaso. ¿Qué valor tiene el Juicio a las Juntas?

-Fue muy importante no tanto en términos de justicia, porque esta resultó muy acotada, sino para establecer la verdad. Hasta entonces, la descripción de las prácticas del terrorismo de Estado provenía de las víctimas y de las organizaciones de familiares. La publicidad del Juicio a las Juntas, pese a que las audiencias eran restringidas, posibilitó crear una memoria colectiva sobre la dictadura. Y permitió constatar que había habido centros de detención, desaparecidos, y apropiaciones de niños y bienes. No fue poco ver a los militares en el banquillo. Estos habían entregado el poder, pero seguían siendo actores relevantes.

-¿Cuáles son los otros hitos?

-La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los testimonios recibidos, los documentos hallados… Todo eso forma parte de un proceso que no empezó con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. También hay que mencionar el movimiento que generaron los organismos de derechos humanos en la resistencia a la dictadura y a las normas de impunidad. En este grupo entran las leyes de Obediencia debida y Punto final, y los indultos. Estos y otros hechos generaron el escenario de derechos humanos post crisis de 2001.

-¿Hubo un aprovechamiento político de ese escenario?

-La reapertura de los procesos penales fue una política de Estado y no del Gobierno. Este impulsa primero la derogación de los decretos que disponían el rechazo de los pedidos de extradición de funcionarios de la dictadura emitidos por jueces europeos. Luego promueve la anulación de las leyes de impunidad con apoyo de partidos políticos opositores, pero la cuestión recién se encamina cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declara inconstitucionales. En esta política intervinieron los tres poderes del Estado. No me parece que haya habido politización porque el juzgamiento se desarrolló con los mismos tribunales y leyes que había. No hubo un juzgamiento ad hoc.

-Pero las organizaciones de derechos humanos tuvieron durante el kirchnerismo una participación política inédita.

-La historia ayuda a poner las cosas en su lugar. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo intervinieron en los procesos de designación y ascenso de funcionarios durante el Gobierno de Raúl Alfonsín. A mediados de 1990, el propio Senado decidió consultar a las organizaciones antes de dar acuerdo a un pliego. Es verdad que este Gobierno ha prestado más atención a los organismos de derechos humanos, pero eso no es novedoso.

-¿Qué lectura hace del caso "Schoklender"?

-Fue terrible: la corrupción y la falta de transparencia aparecen en uno de los organismos más importantes (la Fundación Madres de Plaza de Mayo). Pero esta no es la realidad del resto. La mayoría de las organizaciones no recibe financiamiento estatal o lo recibe sólo para acciones vinculadas con los derechos humanos.

-La sociedad ha logrado desentrañar la actuación del terrorismo de Estado. ¿Ocurrió lo mismo respecto de los grupos armados que pasaron a la clandestinidad?

-La responsabilidad penal de unos y otros difiere porque la imprescriptibilidad está prevista para los delitos cometidos al amparo del aparato estatal. Esto no quiere decir que no haya que debatir sobre la violencia política en la Argentina de los años 60 y 70, y analizar el rol que cumplieron todos los actores. No creo que esta discusión esté bajo la alfombra, pero tampoco que esta deba fundarse en la teoría de los dos demonios. Uno de los sectores delinquió aprovechando el Estado: en lugar de garantizar los derechos, los violó masivamente.