15 Noviembre 2013
PREOCUPADA. Gils Carbó habló sobre el narcotráfico. FOTO CLARÍN.
La jefa de los fiscales federales, procuradura general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue muy dura con el informe sobre narcotráfico que desde hace meses tiene en vilo a la Justicia en todo el país: "No todo entra por el paso de la frontera. Es una lucha que se da en muchos ámbitos, también en los hogares y en las escuelas, es una lucha de todos. Hay como un discurso drogadicto que justifica el consumo. Un cigarrillo de marihuana es la entrada de todos los adictos", dijo.
La jefa de los fiscales destacó la creación de la procuraduría del narcotráfico en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, aseguró que las políticas oficiales renovaron las fuerzas y la tecnología, y apuntó sus críticas hacia la Justicia, días después de que la Corte, a través de su titular, Ricardo Lorenzetti, exigiera más jueces en las zonas calientes de la frontera del país. "Ahora falta la pata judicial. No se definió un modelo acusatorio y procesal, y no se dota al Ministerio Público de todas las herramientas necesarias", cuestionó.
Gils Carbó reveló hoy que en septiembre advirtió al gobierno nacional y al de Salta sobre el “colapso del sistema judicial” en esa provincia, debido a la “elevada cantidad de casos de narcotráfico”.
En una resolución en la que informó a los ministerios de Justicia y de Seguridad, al Consejo de la Magistratura y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) la procuradora advirtió sobre el mayor volumen de trabajo en la localidad salteña de Oran “ligado a casos de narcocriminalidad”.
“La auditoría reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con mayores recursos humanos a la fiscalía y de capacitar a sus trabajadores”, señala el informe.
También recomienda “la imperiosa creación del juzgado y la fiscalía federales de Tartagal -que aliviarían el cuadro de sus pares de Orán- y la carencia de unidades penitenciarias en zonas próximas, para albergar a las personas detenidas en los procesos judiciales”.
"Los límites internacionales repercuten fuertemente en la tipología de delitos en los que debe intervenir la sede fiscal, ya que proliferan los relacionados con el narcotráfico, el contrabando, el uso de documentos apócrifos, infracciones migratorias, trata de personas, violaciones al régimen penal cambiario, tráfico ilegal de divisas, entre otros", indicaron los auditores.
La situación es especialmente compleja por las características topográficas: "la inaccesibilidad de muchas zonas, sea por la vegetación presente, la cantidad de ríos que la atraviesan y la falta de caminos y/o rutas que comuniquen espacios limítrofes del territorio nacional, complejizan la labor de prevención y persecución delictiva", agregaron.
Al remitir su informe, Gils Carbó consideró que “podría resultar de interés para el diseño de políticas públicas a cargo de dichos organismos” sobre la temática de la prevención de la drogadicción, narcotráfico, contrabando, control fronterizo, la organización de las actividades de las fuerzas auxiliares, policiales y de seguridad, o el proyecto de medidas penitenciarias y sanitarias.
En febrero pasado, el jefa de los fiscales creó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y designó a su cargo al fiscal general, Félix Crous. (Télam)
La jefa de los fiscales destacó la creación de la procuraduría del narcotráfico en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, aseguró que las políticas oficiales renovaron las fuerzas y la tecnología, y apuntó sus críticas hacia la Justicia, días después de que la Corte, a través de su titular, Ricardo Lorenzetti, exigiera más jueces en las zonas calientes de la frontera del país. "Ahora falta la pata judicial. No se definió un modelo acusatorio y procesal, y no se dota al Ministerio Público de todas las herramientas necesarias", cuestionó.
Gils Carbó reveló hoy que en septiembre advirtió al gobierno nacional y al de Salta sobre el “colapso del sistema judicial” en esa provincia, debido a la “elevada cantidad de casos de narcotráfico”.
En una resolución en la que informó a los ministerios de Justicia y de Seguridad, al Consejo de la Magistratura y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) la procuradora advirtió sobre el mayor volumen de trabajo en la localidad salteña de Oran “ligado a casos de narcocriminalidad”.
“La auditoría reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con mayores recursos humanos a la fiscalía y de capacitar a sus trabajadores”, señala el informe.
También recomienda “la imperiosa creación del juzgado y la fiscalía federales de Tartagal -que aliviarían el cuadro de sus pares de Orán- y la carencia de unidades penitenciarias en zonas próximas, para albergar a las personas detenidas en los procesos judiciales”.
"Los límites internacionales repercuten fuertemente en la tipología de delitos en los que debe intervenir la sede fiscal, ya que proliferan los relacionados con el narcotráfico, el contrabando, el uso de documentos apócrifos, infracciones migratorias, trata de personas, violaciones al régimen penal cambiario, tráfico ilegal de divisas, entre otros", indicaron los auditores.
La situación es especialmente compleja por las características topográficas: "la inaccesibilidad de muchas zonas, sea por la vegetación presente, la cantidad de ríos que la atraviesan y la falta de caminos y/o rutas que comuniquen espacios limítrofes del territorio nacional, complejizan la labor de prevención y persecución delictiva", agregaron.
Al remitir su informe, Gils Carbó consideró que “podría resultar de interés para el diseño de políticas públicas a cargo de dichos organismos” sobre la temática de la prevención de la drogadicción, narcotráfico, contrabando, control fronterizo, la organización de las actividades de las fuerzas auxiliares, policiales y de seguridad, o el proyecto de medidas penitenciarias y sanitarias.
En febrero pasado, el jefa de los fiscales creó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y designó a su cargo al fiscal general, Félix Crous. (Télam)
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