01 Noviembre 2013
BUENOS AIRES.- Un grupo de diputados de la oposición, liderados por el macrismo, pidieron ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la "suspensión de la sentencia" que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.
La presentación, que fue entregada por un letrado en la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lleva las firmas de los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Jorge Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.
En el escrito, solicitan que "se suspenda la ejecución de la sentencia recaída, hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte, como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional". Piden la suspensión de la sentencia hasta que "exista una autoridad de aplicación de la llamada ley de medios audiovisuales N° 26.522, que sea efectivamente un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión (considerando 74 de la sentencia de V.E.)".
También solicitan que "se verifique la acción del Estado como garante de la libertad de expresión", que garantice que "por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas". (Télam-DyN)
La presentación, que fue entregada por un letrado en la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lleva las firmas de los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Jorge Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.
En el escrito, solicitan que "se suspenda la ejecución de la sentencia recaída, hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte, como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional". Piden la suspensión de la sentencia hasta que "exista una autoridad de aplicación de la llamada ley de medios audiovisuales N° 26.522, que sea efectivamente un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión (considerando 74 de la sentencia de V.E.)".
También solicitan que "se verifique la acción del Estado como garante de la libertad de expresión", que garantice que "por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas". (Télam-DyN)
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