Por Álvaro José Aurane
26 Octubre 2013
Aunque se los usa como sinónimos, no posee idéntica significación. Práctico, en su origen griego, refiere a quien es activo, a quien obra, a quien está atareado. En cambio, pragmático -según el diccionario etimológico Corominas- es perteneciente a los negocios políticos y, también, experto en derecho.
Esa doble significación se ajusta a medida a las prácticas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Esa pragmática se ha expresado en la reciente renovación de las autoridades cortesanas, como una conciencia que opera por encima de las grescas circunstanciales. De hecho, así procede el superior tribunal desde antes de que lo colonizara el alperovichismo.
La sustancia
Ocurrió hace una década. Antonio Domingo Bussi era candidato a intendente de San Miguel de Tucumán, impugnado por "carecer de idoneidad moral" por HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En 1999, Diputados de la Nación ya había rechazado el pliego del ex gobernador, aduciendo que por ser represor incurría en "inhabilidad moral".
La Junta Electoral Provincial, integrada por Antonio Gandur, Luis de Mitri y Juan Ruiz Olivares, había rechazado de plano el planteo de los organismos, por considerar que la falta de idoneidad no figuraba entre las causales provinciales de impugnación. Pero, luego, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Enrique Guibert y Rodolfo Novillo (conciencia viva de la República en el Poder Judicial) anularon esa resolución y la descalificaron. La cuestión llegó a la Corte local.
Las elecciones eran el 29 de junio de 2003 y unos días antes, esta columna consultó a uno de los miembros del superior tribunal (hoy ya no es magistrado) acerca de si había alguna definición. "La de Tucumán es y será una Corte pragmática -catequizó-. Los plazos nos permiten pronunciarnos después de los comicios. Si gana, rechazaremos la impugnación. Si pierde, la convalidaremos".
Bussi resultó electo jefe municipal. Dos semanas después del hecho consumado, el 12 de julio, la Corte tucumana declaró inadmisible lo planteado por HIJOS y la APDH. René Goane, Alfredo Dato y Alberto Brito (se excusaron Gandur -ya se había pronunciado en la Junta Electoral- y Héctor Area Maidana -ex funcionario bussista-) concluyeron que las entidades denunciantes carecían de un interés concreto o no habían sufrido un agravio propio que las legitimase para impugnar a Bussi.
Sin embargo, Bussi no pudo asumir y la Corte provincial quedó históricamente desautorizada. El 28 de octubre de 1999, víspera de la jura como intendente, la Justicia Federal lo procesó con prisión preventiva por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua en 2008.
Pero los jueces cimeros de Tucumán, cuando desestimaron las objeciones contra el postulante luego condenado por otros jueces, estaban movidos por otro principio, que ellos plasmaron en ese fallo: "La única posibilidad que tienen de impedir que un candidato resulte electo es el uso libre del sufragio", dijeron.
Casi como sentenciar: "la única legalidad es la realidad".
Ese pragmatismo es la sustancia, el sub stare, lo que está debajo de la elección del presidente de la Corte, concretada esta semana.
Lo estructural
Internas hay de sobra: Antonio Estofán no quiere a Claudia Sbdar, y viceversa; Gandur no quiere a Daniel Posse, y viceversa; y Goane casi no quiere a nadie, y viceversa. En este contexto de rencillas, por caso, el Yo Te Avisé del 12 de enero ya aventuraba que Gandur era "serio candidato" a presidir la cúpula judicial en este octubre. Pero, en el fondo, se trata de un proceso más amplio.
En estos días, el condicionamiento realmente estructural para la Corte pragmática fue tener que elegir a quien será su titular hasta 2015 antes de los trascendentales comicios de mañana. Todo un problema para un institución que ha determinado que quien gana las elecciones está más allá de cualquier objeción. Sobre todo porque la que se celebra en unas cuantas horas es la primera votación con final abierto de la última década.
En un alarde de pragmátismo, los magistrados supremos, sin dejar de pasarse facturas, eligieron para la presidencia a quien no resulta demasiado estridente para el oficialismo. Que es, a la vez, quien tampoco desentona mucho con el post-alperovichismo.
Los ius-alperovichistas
En 24 horas, ¿el oficialismo repite en bancas el resultado de 2009, y sienta tres diputados, mientras el Acuerdo Cívico y Social se queda otra vez con una? ¿O el espacio político que lidera José Cano consigue un 2 a 2 (el otro escenario posible según la encuesta de Poliarquía) y sacude al unicato?
La respuesta de las urnas excederá el cortoplacismo. A los fines del poder, mañana es el primer día de un 2015 que durará dos años. Y eso es central: el titular de la Corte preside la Junta Electoral Provincial, y por ende controla los comicios de los que surgirá el sucesor de José Alperovich.
Demasiada incertidumbre para recontra-reelegir a Antonio Estofán, quien supo encarnar el alperovichismo institucionalizado: un ex fiscal de Estado que se presentó públicamente como amigo personal de Alperovich y que, por tanto, llegaba para ser un vocal "amigo" de los intereses del Ejecutivo. Es verdad que esa relación no atraviesa su mejor momento, porque el mandatario no admite que alguien construya poder (Alperovich mismo no lo construye: sólo acumula el que los otros poderes le transfieren inconstitucionalmente). Y también es cierto que uno de los ministros más cercanos a "José" le aseguró a "Toño", hasta último momento, que la Casa de Gobierno operaba para conseguirle un tercer voto que le diera un tercer -y antirrepublicano- período consecutivo como presidente del alto tribunal: en realidad, hacían lo contrario. Pero más allá del mentidero, lo probado estadísticamente es que mientras el poder electoral del gobernador fue indudable, a su "amigo" Estofán sólo lo ungieron en lo más alto del Poder Judicial. Pasó en 2009 Y en 2011. Ahora que el alperovichismo puede trastabillar, se acabó lo que se daba.
Tanto es así que la poltrona principal del Poder Judicial tampoco quedó para los otros dos vocales del alperovichismo operativo: Sbdar, cuyo hijo, Oscar Bercovich, es secretario general de la gobernación; y Posse, cuyo hermano, Jorge Posse Ponessa, es fiscal de Estado.
La silla más alta, entonces, fue para "Chiquito".
El sentido común
Gandur es el juez que, en la "Causa Colegio de Abogados" contra los atropellos republicanos de la Constitución de 2006, tronchó con su voto el sistema de enmienda de la Carta Magna por simple vía legislativa; y la dedocrática integración del Consejo Asesor de la Magistratura, que selecciona jueces, por decreto. Si este subtrópico aún se parece más a una provincia que a Villa Alperovich es, en parte, por esa sentencia. La misma gracias a la cual la Corte todavía tiene poder.
Pero Gandur convalidó la recontra-reelección del gobernador. El ahora legislador Ariel García había apuntado contra la cláusula transitoria de la Carta Magna que permitió al gobernador (y sólo a él) competir por tres mandatos consecutivos en el Ejecutivo. Contra el sentido común (el que reivindica la Corte nacional para frustrar la re-re-re del radical Gerardo Zamora en Santiago del Estero), aquí el primer mandato no fue tal, así que el segundo fue el primero y el tercero es el segundo. Si la vecina provincia parece hermanada con este marchito Jardín de la República en cuanto a devastación institucional es, en parte, por esa convalidación de la Justicia tucumana.
El hoy presidente de la Corte argumentó que esa incoherencia no suprimía ni alteraba mandatos. Eludió analizar la Ley 7.469, que límitó la reforma (a diferencia de lo que la Justicia hizo en los casos "Colegio de Abogados", "MP3", "Batcon SRL" e "Iriarte, Luis"). Esa norma jamás avaló crear privilegios constitucionales. Y en la república nadie tiene más poder que el que le otorga la ley.
Los derechos
Gandur es el autor del voto que, al echar por tierra el decreto que rechaza la renuncia del juez Alberto Piedrabuena para acogerse a la jubilación, considera que el gobernador viola derechos humanos básicos al negar la dimisión de quien fuera uno de los jueces del "Caso Marita Verón".
Pero también sepultó la causa de Carlos López, el ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción que ganó seis concursos para ser juez penal, y seis veces fue discriminado, inmotivadamente, por el Ejecutivo. Por eso consiguió una cautelar de Novillo (¿de quién otro, si no?): Alperovich tiene potestad para no elegir a López, pero no para hacerlo sin dar explicaciones. Pero la Corte manoteó el expediente y lo pulverizó. Y según Gandur (cuyo hijo, Sergio Gandur, concursó y resultó elegido de una terna por Alperovich para ser camarista), Novillo violó la garantía del juez natural...
No importa el veredicto de las urnas. Lo que los cortesanos votaron hace juego con un escenario de alperovichismo derrotado. Combina bien con uno de oficialismo prorrogado. Aún así, en esa singularidad judicial está la noticia: que la Justicia, con su inveterado pragmatismo, concedió el beneficio de la duda al advenimiento del post-alperovichismo.
Los ruidos
Los dimes y diretes son interminables. Que Gandur era el "Plan B" de Estofán para que la conducción de la Corte no recayera en Sbdar. Que la Casa de Gobierno no pudo consagrar a Sbdar, pero malogró la continuidad de Estofán. Que Sbdar no perdió tanto porque fue reelecta titular del CAM y con el apoyo de Gandur. Que con Gandur presidente es aún más inminente la salida de De Mitri del Ministerio Fiscal. Que a esa vacante la ocupará Posse Ponessa, el fiscal de Estado. Que en realidad no será él sino su hermano: léase, que Daniel Posse dejará la Corte para ser el jefe de los fiscales penales. Que si Posse deja la Corte, para reemplazarlo está anotado el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Que también se inscribe para el cargo el legislador Sisto Terán...
Pese al ruido, aún se oye la hegemonía del poder político. El alperovichismo no ha conseguido alinear a los tres vocales con que colonizó a la Corte, y ese aturdimiento es todo un síntoma del clima de fin de ciclo. Pero aunque no se pongan en fila, siguen respondiendo al hegemón, por lo menos hasta aquí. ¿Dejará de ser así? ¿O el Gobierno dirá que, en realidad, no cuenta con tres sino con cinco jueces supremos? A esa respuesta sólo podrán darla hablando a través de sus fallos.
Esa doble significación se ajusta a medida a las prácticas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Esa pragmática se ha expresado en la reciente renovación de las autoridades cortesanas, como una conciencia que opera por encima de las grescas circunstanciales. De hecho, así procede el superior tribunal desde antes de que lo colonizara el alperovichismo.
La sustancia
Ocurrió hace una década. Antonio Domingo Bussi era candidato a intendente de San Miguel de Tucumán, impugnado por "carecer de idoneidad moral" por HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En 1999, Diputados de la Nación ya había rechazado el pliego del ex gobernador, aduciendo que por ser represor incurría en "inhabilidad moral".
La Junta Electoral Provincial, integrada por Antonio Gandur, Luis de Mitri y Juan Ruiz Olivares, había rechazado de plano el planteo de los organismos, por considerar que la falta de idoneidad no figuraba entre las causales provinciales de impugnación. Pero, luego, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Enrique Guibert y Rodolfo Novillo (conciencia viva de la República en el Poder Judicial) anularon esa resolución y la descalificaron. La cuestión llegó a la Corte local.
Las elecciones eran el 29 de junio de 2003 y unos días antes, esta columna consultó a uno de los miembros del superior tribunal (hoy ya no es magistrado) acerca de si había alguna definición. "La de Tucumán es y será una Corte pragmática -catequizó-. Los plazos nos permiten pronunciarnos después de los comicios. Si gana, rechazaremos la impugnación. Si pierde, la convalidaremos".
Bussi resultó electo jefe municipal. Dos semanas después del hecho consumado, el 12 de julio, la Corte tucumana declaró inadmisible lo planteado por HIJOS y la APDH. René Goane, Alfredo Dato y Alberto Brito (se excusaron Gandur -ya se había pronunciado en la Junta Electoral- y Héctor Area Maidana -ex funcionario bussista-) concluyeron que las entidades denunciantes carecían de un interés concreto o no habían sufrido un agravio propio que las legitimase para impugnar a Bussi.
Sin embargo, Bussi no pudo asumir y la Corte provincial quedó históricamente desautorizada. El 28 de octubre de 1999, víspera de la jura como intendente, la Justicia Federal lo procesó con prisión preventiva por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua en 2008.
Pero los jueces cimeros de Tucumán, cuando desestimaron las objeciones contra el postulante luego condenado por otros jueces, estaban movidos por otro principio, que ellos plasmaron en ese fallo: "La única posibilidad que tienen de impedir que un candidato resulte electo es el uso libre del sufragio", dijeron.
Casi como sentenciar: "la única legalidad es la realidad".
Ese pragmatismo es la sustancia, el sub stare, lo que está debajo de la elección del presidente de la Corte, concretada esta semana.
Lo estructural
Internas hay de sobra: Antonio Estofán no quiere a Claudia Sbdar, y viceversa; Gandur no quiere a Daniel Posse, y viceversa; y Goane casi no quiere a nadie, y viceversa. En este contexto de rencillas, por caso, el Yo Te Avisé del 12 de enero ya aventuraba que Gandur era "serio candidato" a presidir la cúpula judicial en este octubre. Pero, en el fondo, se trata de un proceso más amplio.
En estos días, el condicionamiento realmente estructural para la Corte pragmática fue tener que elegir a quien será su titular hasta 2015 antes de los trascendentales comicios de mañana. Todo un problema para un institución que ha determinado que quien gana las elecciones está más allá de cualquier objeción. Sobre todo porque la que se celebra en unas cuantas horas es la primera votación con final abierto de la última década.
En un alarde de pragmátismo, los magistrados supremos, sin dejar de pasarse facturas, eligieron para la presidencia a quien no resulta demasiado estridente para el oficialismo. Que es, a la vez, quien tampoco desentona mucho con el post-alperovichismo.
Los ius-alperovichistas
En 24 horas, ¿el oficialismo repite en bancas el resultado de 2009, y sienta tres diputados, mientras el Acuerdo Cívico y Social se queda otra vez con una? ¿O el espacio político que lidera José Cano consigue un 2 a 2 (el otro escenario posible según la encuesta de Poliarquía) y sacude al unicato?
La respuesta de las urnas excederá el cortoplacismo. A los fines del poder, mañana es el primer día de un 2015 que durará dos años. Y eso es central: el titular de la Corte preside la Junta Electoral Provincial, y por ende controla los comicios de los que surgirá el sucesor de José Alperovich.
Demasiada incertidumbre para recontra-reelegir a Antonio Estofán, quien supo encarnar el alperovichismo institucionalizado: un ex fiscal de Estado que se presentó públicamente como amigo personal de Alperovich y que, por tanto, llegaba para ser un vocal "amigo" de los intereses del Ejecutivo. Es verdad que esa relación no atraviesa su mejor momento, porque el mandatario no admite que alguien construya poder (Alperovich mismo no lo construye: sólo acumula el que los otros poderes le transfieren inconstitucionalmente). Y también es cierto que uno de los ministros más cercanos a "José" le aseguró a "Toño", hasta último momento, que la Casa de Gobierno operaba para conseguirle un tercer voto que le diera un tercer -y antirrepublicano- período consecutivo como presidente del alto tribunal: en realidad, hacían lo contrario. Pero más allá del mentidero, lo probado estadísticamente es que mientras el poder electoral del gobernador fue indudable, a su "amigo" Estofán sólo lo ungieron en lo más alto del Poder Judicial. Pasó en 2009 Y en 2011. Ahora que el alperovichismo puede trastabillar, se acabó lo que se daba.
Tanto es así que la poltrona principal del Poder Judicial tampoco quedó para los otros dos vocales del alperovichismo operativo: Sbdar, cuyo hijo, Oscar Bercovich, es secretario general de la gobernación; y Posse, cuyo hermano, Jorge Posse Ponessa, es fiscal de Estado.
La silla más alta, entonces, fue para "Chiquito".
El sentido común
Gandur es el juez que, en la "Causa Colegio de Abogados" contra los atropellos republicanos de la Constitución de 2006, tronchó con su voto el sistema de enmienda de la Carta Magna por simple vía legislativa; y la dedocrática integración del Consejo Asesor de la Magistratura, que selecciona jueces, por decreto. Si este subtrópico aún se parece más a una provincia que a Villa Alperovich es, en parte, por esa sentencia. La misma gracias a la cual la Corte todavía tiene poder.
Pero Gandur convalidó la recontra-reelección del gobernador. El ahora legislador Ariel García había apuntado contra la cláusula transitoria de la Carta Magna que permitió al gobernador (y sólo a él) competir por tres mandatos consecutivos en el Ejecutivo. Contra el sentido común (el que reivindica la Corte nacional para frustrar la re-re-re del radical Gerardo Zamora en Santiago del Estero), aquí el primer mandato no fue tal, así que el segundo fue el primero y el tercero es el segundo. Si la vecina provincia parece hermanada con este marchito Jardín de la República en cuanto a devastación institucional es, en parte, por esa convalidación de la Justicia tucumana.
El hoy presidente de la Corte argumentó que esa incoherencia no suprimía ni alteraba mandatos. Eludió analizar la Ley 7.469, que límitó la reforma (a diferencia de lo que la Justicia hizo en los casos "Colegio de Abogados", "MP3", "Batcon SRL" e "Iriarte, Luis"). Esa norma jamás avaló crear privilegios constitucionales. Y en la república nadie tiene más poder que el que le otorga la ley.
Los derechos
Gandur es el autor del voto que, al echar por tierra el decreto que rechaza la renuncia del juez Alberto Piedrabuena para acogerse a la jubilación, considera que el gobernador viola derechos humanos básicos al negar la dimisión de quien fuera uno de los jueces del "Caso Marita Verón".
Pero también sepultó la causa de Carlos López, el ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción que ganó seis concursos para ser juez penal, y seis veces fue discriminado, inmotivadamente, por el Ejecutivo. Por eso consiguió una cautelar de Novillo (¿de quién otro, si no?): Alperovich tiene potestad para no elegir a López, pero no para hacerlo sin dar explicaciones. Pero la Corte manoteó el expediente y lo pulverizó. Y según Gandur (cuyo hijo, Sergio Gandur, concursó y resultó elegido de una terna por Alperovich para ser camarista), Novillo violó la garantía del juez natural...
No importa el veredicto de las urnas. Lo que los cortesanos votaron hace juego con un escenario de alperovichismo derrotado. Combina bien con uno de oficialismo prorrogado. Aún así, en esa singularidad judicial está la noticia: que la Justicia, con su inveterado pragmatismo, concedió el beneficio de la duda al advenimiento del post-alperovichismo.
Los ruidos
Los dimes y diretes son interminables. Que Gandur era el "Plan B" de Estofán para que la conducción de la Corte no recayera en Sbdar. Que la Casa de Gobierno no pudo consagrar a Sbdar, pero malogró la continuidad de Estofán. Que Sbdar no perdió tanto porque fue reelecta titular del CAM y con el apoyo de Gandur. Que con Gandur presidente es aún más inminente la salida de De Mitri del Ministerio Fiscal. Que a esa vacante la ocupará Posse Ponessa, el fiscal de Estado. Que en realidad no será él sino su hermano: léase, que Daniel Posse dejará la Corte para ser el jefe de los fiscales penales. Que si Posse deja la Corte, para reemplazarlo está anotado el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Que también se inscribe para el cargo el legislador Sisto Terán...
Pese al ruido, aún se oye la hegemonía del poder político. El alperovichismo no ha conseguido alinear a los tres vocales con que colonizó a la Corte, y ese aturdimiento es todo un síntoma del clima de fin de ciclo. Pero aunque no se pongan en fila, siguen respondiendo al hegemón, por lo menos hasta aquí. ¿Dejará de ser así? ¿O el Gobierno dirá que, en realidad, no cuenta con tres sino con cinco jueces supremos? A esa respuesta sólo podrán darla hablando a través de sus fallos.
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