24 Septiembre 2013
El PE pasó un control sobre sus cuentas de 2012, pero adeuda seis "materias" desde hace cinco años
El Tribunal de Cuentas aprobó este mes el estudio global de los ingresos y los egresos registrados en las arcas del Gobierno provincial. En el período analizado, el erario registró un superávit de $ 217,7 millones. Las carpetas ya fueron remitidas a la Legislatura
La administración alperovichista aprobó un primer examen contable respecto a los fondos públicos utilizados el año pasado, e incluso logró recuperar el superávit en la libreta de ingresos y egresos de las arcas provinciales. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas (TC), que haría las veces de docente en este relato, insistió en que la Casa de Gobierno fue aplazada en al menos seis "materias" por quinto período consecutivo.
Según el "boletín de calificaciones" publicado por el TC en el acuerdo Nº 2.318/2013, del pasado 14 de septiembre, la Cuenta de Inversión 2012 reveló que: 1) continúan sin elevarse la previsión de gastos de las comunas rurales, omisión habilitada por la Ley del General Presupuesto 2012; 2) se insistió en que se deben abrir cuentas especiales para los fondos nacionales con asignación específica, algo que permitiría un acceso más detallado de esos programas; 3) siguen los cuestionamientos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) -entre otros puntos- por la fuente de pago de reajustes por redeterminación de precios en obras; 4) otra vez se creó la partida llamada "Ente Bicentenario 2016" (Ley N° 7.649), con un presupuesto de $ 300.000, que no es ejecutado; 4) no se reglamentó la normativa provincial que establece la creación del Cucai Tucumán, que prevé la conformación del Fondo Solidario de Transplantes; 5) el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc), única modalidad de registro de transacciones, contiene limitaciones, como la utilización de dos bases de datos (una para la administración central y organismos descentralizados, y otra para los organismos autárquico); y 6) se reiteró al PE el pedido de completar el traspaso de la cartera de créditos de la unidad Ex Banco Residual a la Caja Popular de Ahorros (CPA).
Recursos y desembolsos
La Cuenta de Inversión (CI) 2012 reveló, según el resultado de las ejecuciones presupuestarias, un superávit de $ 217,7 millones. El Tribunal de Cuentas arribó a esta cifra tras calcular los recursos y financiamientos que recibió el Gobierno provincial el año pasado ($ 14.216,5 millones) y restar los gastos totales ($ 13.998 millones).
En 2011, este ítem había terminado en rojo para la gestión alperovichista. En ese período, que incluyó comicios nacionales y provinciales, el PE había obtenido un déficit de $ 17 millones.
Más allá de esa situación, el TC, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) aprobó la CI 2011, realizando una serie de recomendaciones a la Contaduría General de la Provincia (CGP). Este año, el dictamen fue similar.
El 31 de mayo pasado, el PE elevó la CI 2012 al organismo de control, tal como establece la Ley de Administración Financiera (LAF).
El informe contable, de más de cien páginas, está dividido en cuatro capítulos. En ellos, los auditores volcaron sus análisis respecto a las rendiciones de cuentas efectuadas por las reparticiones del Ejecutivo. Además, volcaron valoraciones financieras sobre la salud de las arcas públicas, siempre con saldo favorable (como indicadores de la propensión de ahorro; del resultado de inversión; y de la necesidad de financiamiento y de endeudamiento, entre otros).
Ahora, el informe contable del Tribunal de Cuentas pasará al edificio de la Legislatura. El parlamento, que aprobó el Presupuesto 2012, tiene la potestad de tratar la CI de ese año. Si no lo hace, los ingresos y gastos registrados en ese período serán aprobados de manera tácita.
En el interior
Las comunas rurales no elevaron otra vez sus presupuestos, gracias a un polémico artículo
"Como en años anteriores, tampoco contiene la presente (Cuenta de Inversión 2012) los estados correspondientes a comunas rurales", indicó el Tribunal de Cuentas en el informe sobre el estudio de gastos del Gobierno provincial. El ente de control destacó que la Ley de Presupuesto 2012, sancionada por la Legislatura, suspende en uno de sus artículos la obligación de los delegados rurales de elevar la previsión de gastos y erogaciones de los gobiernos locales. "No obstante ello, se consideró importante confeccionar un apéndice de comunas rurales", indicó el equipo de trabajo del TC. Ese entrecruzamiento de datos se elaboró sobre la base de las rendiciones bimestrales que efectúan, por ley, los comisionados rurales ante el Ministerio del Interior y el propio Tribunal de Cuentas. Según las conclusiones, los estados contables reflejan "razonablemente la situación" financiera.
Fondos nacionales
Partidas enviadas por programas federales no son giradas a cuentas especiales discriminadas
El Tribunal de Cuentas también se refirió este año a los fondos transferidos por el Banco de la Nación Argentina al erario local a través del Banco del Tucumán, en su carácter de agente financiero. "No se tiene acceso a información que permita establecer si efectivamente las remesas transferidas por la Nación son las que corresponden de conformidad a la normativa nacional vigente que dispone su distribución", indicaron los contadores. Y agregaron: "se carece de información fuente relacionada con los fondos recaudados por cada uno de los impuestos nacionales de los que derivan tales remesas, otorgada por la Comisión Federal de Impuestos, responsable en general y en particular de controlar la correcta distribución de los fondos coparticipables y de los derivados de otras Leyes especificas o especiales, hacia las provincias desde el Gobierno Nacional".
Instituto de la Vivienda
Cuestionan la forma de registro de reajuste de precios por obras de la repartición
En la Cuenta de Inversión 2012, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) recibió observaciones por parte del Tribunal de Cuentas por la forma en que se registra la redeterminación de precios por trabajos llevados a cabo por la repartición. "Al considerar 'valores redeterminados de las obras', (se) incluyen en el costo (Valor Contractual) incrementos financieros por ajustes (de) precios, los cuales corresponden ser contabilizados y expuestos como cuenta de resultados hasta la finalización de la obra, momento en el cual este costo financiero pasará a integrar el costo final de la misma, permitiendo de este modo conocerse el costo de la obra y su correspondiente incremento financiero", destacó el ente de control. Y agregó que el pago por este ítem llega a $ 114 millones: "se afrontaron (...) con fondos provinciales, los cuales no se encontraban previstos en el Presupuesto aprobado".
Bicentenario 2016
Una partida que se presupuesta desde 2007, pero el Gobierno provincial no ejecuta
"Nuevamente se informa que, en este ejercicio, el Ente Provincial Bicentenario 2016 (creado por Ley 7.649/05), que tenía asignado un Presupuesto de Origen de $ 300.000, tampoco ha ejecutado (esos fondos)", indicó el Tribunal de Cuentas, al analizar el informe de gastos registrados por el Gobierno provincial. El ente de control había realizado esta observación en las Cuentas de Inversión de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Según la norma aprobada por la Legislatura en 2005, el Ente Provincial Bicentenario 2016 "tiene por misión instrumentar las acciones específicas relacionadas con la organización y realización de los festejos conmemorativos (...) de la declaración de la independencia argentina". Fuentes del organismo de contralor destacaron que si bien la partida destinada no fue ejecutada, la Legislatura -si trata la Cuenta de Inversión- tiene las herramientas para analizar el asunto.
Objeciones por el SAFYC
Instan a que la Administración Central utilice una sola forma de registrar transacciones
El TC destacó en un apartado de su análisis sobre la Cuenta de Inversión 2012 que a partir de 2008, por decreto, "entró en plena vigencia el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc)" como único mecanismo "de registro de transacciones presupuestarias, financieras y contables a utilizar por la administración central, organismos descentralizados y organismos autárquicos". Los contadores destacaron que el Safyc "contiene limitaciones". "Se constató la utilización de dos bases de datos: una para la administración central y organismos descentralizados; y otra para organismos autárquicos", indicaron. Y agregaron: "esta situación es observada por falta de seguridad en la carga de datos y en la salida de información, por cuanto corresponde una única base de datos para el ejercicio económico 2012" para todos los recursos registrados por el Gobierno provincial.
Traspaso
Reiteran que la Caja Popular de ahorros debe absorber la Ex Unidad Banco Residual
El Tribunal de Cuentas también repitió conceptos respecto a la situación de la Ex Unidad Banco Residual, "cuya cartera de préstamos y la gestión de cobro de los créditos en ejecución judicial fue transferida a la Caja Popular de Ahorros mediante Decreto Acuerdo 12/3 (ME) de fecha 29/11/07". Este traspaso aún no se concretó por falta de reglamentación de la norma, pese a los reiterados planteos del organismo de control. "Debido a lo relatado es que la Caja Popular de Ahorros no puede, después del tiempo transcurrido (seis años), cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 4° del mencionado decreto, por lo que es necesario que la institución y Fiscalía de Estado completen el acta definitiva de entrega de los procesos judiciales e indiquen el grado de recuperabilidad de los juicios para la correcta valuación y registración de los mismos", destacaron en el TC.
Según el "boletín de calificaciones" publicado por el TC en el acuerdo Nº 2.318/2013, del pasado 14 de septiembre, la Cuenta de Inversión 2012 reveló que: 1) continúan sin elevarse la previsión de gastos de las comunas rurales, omisión habilitada por la Ley del General Presupuesto 2012; 2) se insistió en que se deben abrir cuentas especiales para los fondos nacionales con asignación específica, algo que permitiría un acceso más detallado de esos programas; 3) siguen los cuestionamientos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) -entre otros puntos- por la fuente de pago de reajustes por redeterminación de precios en obras; 4) otra vez se creó la partida llamada "Ente Bicentenario 2016" (Ley N° 7.649), con un presupuesto de $ 300.000, que no es ejecutado; 4) no se reglamentó la normativa provincial que establece la creación del Cucai Tucumán, que prevé la conformación del Fondo Solidario de Transplantes; 5) el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc), única modalidad de registro de transacciones, contiene limitaciones, como la utilización de dos bases de datos (una para la administración central y organismos descentralizados, y otra para los organismos autárquico); y 6) se reiteró al PE el pedido de completar el traspaso de la cartera de créditos de la unidad Ex Banco Residual a la Caja Popular de Ahorros (CPA).
Recursos y desembolsos
La Cuenta de Inversión (CI) 2012 reveló, según el resultado de las ejecuciones presupuestarias, un superávit de $ 217,7 millones. El Tribunal de Cuentas arribó a esta cifra tras calcular los recursos y financiamientos que recibió el Gobierno provincial el año pasado ($ 14.216,5 millones) y restar los gastos totales ($ 13.998 millones).
En 2011, este ítem había terminado en rojo para la gestión alperovichista. En ese período, que incluyó comicios nacionales y provinciales, el PE había obtenido un déficit de $ 17 millones.
Más allá de esa situación, el TC, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) aprobó la CI 2011, realizando una serie de recomendaciones a la Contaduría General de la Provincia (CGP). Este año, el dictamen fue similar.
El 31 de mayo pasado, el PE elevó la CI 2012 al organismo de control, tal como establece la Ley de Administración Financiera (LAF).
El informe contable, de más de cien páginas, está dividido en cuatro capítulos. En ellos, los auditores volcaron sus análisis respecto a las rendiciones de cuentas efectuadas por las reparticiones del Ejecutivo. Además, volcaron valoraciones financieras sobre la salud de las arcas públicas, siempre con saldo favorable (como indicadores de la propensión de ahorro; del resultado de inversión; y de la necesidad de financiamiento y de endeudamiento, entre otros).
Ahora, el informe contable del Tribunal de Cuentas pasará al edificio de la Legislatura. El parlamento, que aprobó el Presupuesto 2012, tiene la potestad de tratar la CI de ese año. Si no lo hace, los ingresos y gastos registrados en ese período serán aprobados de manera tácita.
En el interior
Las comunas rurales no elevaron otra vez sus presupuestos, gracias a un polémico artículo
"Como en años anteriores, tampoco contiene la presente (Cuenta de Inversión 2012) los estados correspondientes a comunas rurales", indicó el Tribunal de Cuentas en el informe sobre el estudio de gastos del Gobierno provincial. El ente de control destacó que la Ley de Presupuesto 2012, sancionada por la Legislatura, suspende en uno de sus artículos la obligación de los delegados rurales de elevar la previsión de gastos y erogaciones de los gobiernos locales. "No obstante ello, se consideró importante confeccionar un apéndice de comunas rurales", indicó el equipo de trabajo del TC. Ese entrecruzamiento de datos se elaboró sobre la base de las rendiciones bimestrales que efectúan, por ley, los comisionados rurales ante el Ministerio del Interior y el propio Tribunal de Cuentas. Según las conclusiones, los estados contables reflejan "razonablemente la situación" financiera.
Fondos nacionales
Partidas enviadas por programas federales no son giradas a cuentas especiales discriminadas
El Tribunal de Cuentas también se refirió este año a los fondos transferidos por el Banco de la Nación Argentina al erario local a través del Banco del Tucumán, en su carácter de agente financiero. "No se tiene acceso a información que permita establecer si efectivamente las remesas transferidas por la Nación son las que corresponden de conformidad a la normativa nacional vigente que dispone su distribución", indicaron los contadores. Y agregaron: "se carece de información fuente relacionada con los fondos recaudados por cada uno de los impuestos nacionales de los que derivan tales remesas, otorgada por la Comisión Federal de Impuestos, responsable en general y en particular de controlar la correcta distribución de los fondos coparticipables y de los derivados de otras Leyes especificas o especiales, hacia las provincias desde el Gobierno Nacional".
Instituto de la Vivienda
Cuestionan la forma de registro de reajuste de precios por obras de la repartición
En la Cuenta de Inversión 2012, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) recibió observaciones por parte del Tribunal de Cuentas por la forma en que se registra la redeterminación de precios por trabajos llevados a cabo por la repartición. "Al considerar 'valores redeterminados de las obras', (se) incluyen en el costo (Valor Contractual) incrementos financieros por ajustes (de) precios, los cuales corresponden ser contabilizados y expuestos como cuenta de resultados hasta la finalización de la obra, momento en el cual este costo financiero pasará a integrar el costo final de la misma, permitiendo de este modo conocerse el costo de la obra y su correspondiente incremento financiero", destacó el ente de control. Y agregó que el pago por este ítem llega a $ 114 millones: "se afrontaron (...) con fondos provinciales, los cuales no se encontraban previstos en el Presupuesto aprobado".
Bicentenario 2016
Una partida que se presupuesta desde 2007, pero el Gobierno provincial no ejecuta
"Nuevamente se informa que, en este ejercicio, el Ente Provincial Bicentenario 2016 (creado por Ley 7.649/05), que tenía asignado un Presupuesto de Origen de $ 300.000, tampoco ha ejecutado (esos fondos)", indicó el Tribunal de Cuentas, al analizar el informe de gastos registrados por el Gobierno provincial. El ente de control había realizado esta observación en las Cuentas de Inversión de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Según la norma aprobada por la Legislatura en 2005, el Ente Provincial Bicentenario 2016 "tiene por misión instrumentar las acciones específicas relacionadas con la organización y realización de los festejos conmemorativos (...) de la declaración de la independencia argentina". Fuentes del organismo de contralor destacaron que si bien la partida destinada no fue ejecutada, la Legislatura -si trata la Cuenta de Inversión- tiene las herramientas para analizar el asunto.
Objeciones por el SAFYC
Instan a que la Administración Central utilice una sola forma de registrar transacciones
El TC destacó en un apartado de su análisis sobre la Cuenta de Inversión 2012 que a partir de 2008, por decreto, "entró en plena vigencia el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc)" como único mecanismo "de registro de transacciones presupuestarias, financieras y contables a utilizar por la administración central, organismos descentralizados y organismos autárquicos". Los contadores destacaron que el Safyc "contiene limitaciones". "Se constató la utilización de dos bases de datos: una para la administración central y organismos descentralizados; y otra para organismos autárquicos", indicaron. Y agregaron: "esta situación es observada por falta de seguridad en la carga de datos y en la salida de información, por cuanto corresponde una única base de datos para el ejercicio económico 2012" para todos los recursos registrados por el Gobierno provincial.
Traspaso
Reiteran que la Caja Popular de ahorros debe absorber la Ex Unidad Banco Residual
El Tribunal de Cuentas también repitió conceptos respecto a la situación de la Ex Unidad Banco Residual, "cuya cartera de préstamos y la gestión de cobro de los créditos en ejecución judicial fue transferida a la Caja Popular de Ahorros mediante Decreto Acuerdo 12/3 (ME) de fecha 29/11/07". Este traspaso aún no se concretó por falta de reglamentación de la norma, pese a los reiterados planteos del organismo de control. "Debido a lo relatado es que la Caja Popular de Ahorros no puede, después del tiempo transcurrido (seis años), cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 4° del mencionado decreto, por lo que es necesario que la institución y Fiscalía de Estado completen el acta definitiva de entrega de los procesos judiciales e indiquen el grado de recuperabilidad de los juicios para la correcta valuación y registración de los mismos", destacaron en el TC.
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