Despliegue de personal policial en tiempos de comicios

La inseguridad responde a cuatro variables: a) aumenta a medida que crece la dimensión de los centros urbanos; es mucho más fácil controlar la seguridad en un pueblo de 10.000 habitantes que hacerlo en urbes de varios millones; b) la inseguridad crece a medida que se incrementa el tráfico y el consumo de drogas y éstos multiplican el delito y la violencia con la que se lleva adelante; c) a mayor pobreza, mayor delito, siempre que ello se dé en el ámbito de una gran urbe y no en una localidad mediana o pequeña; d) por último, cuando menor es la eficacia del estado para combatirla, más se incrementa.

Señaladas las cuatro variables que definen el incremento de la inseguridad, la capacidad del Estado para combatirla requiere actuar simultánea y coordinadamente con reformas eficaces en los siete ejes que integran el sistema estatal de seguridad pública: a) la legislación penal, que debe permitir el tratamiento eficaz del delito; b) la legislación procesal penal, que es decisiva para la velocidad de los procesos y su eficacia; c) el sistema penal y su capacidad para reeducar y reinsertar el delincuente, dado que la mayor parte de los delitos graves son cometidos por reincidentes; d) en un país extenso y federal como es la Argentina, la coordinación eficaz de las distintas fuerzas policiales y de seguridad y su colaboración con las empresas de seguridad privadas, que en algunos casos superan en personal a las policías; e) la coordinación de los servicios de inteligencia del Estado para mejorar la capacidad de prevención y represión del delito; f) la cooperación de los civiles con el sistema de seguridad (información, denuncias, testigos, etcétera); g) en casos excepcionales, la participación de las Fuerzas Armadas, que podría ser un séptimo eje.

Quedan así determinadas cuatro variables que influyen en el nivel de inseguridad y los siete ejes que deben ser coordinados al mismo tiempo con políticas eficaces en forma simultánea.

Lo que hoy se ve en la Argentina es que, sin reconocer el rol de las variables, parece trabajarse sobre uno solo de los siete ejes que integran el sistema estatal: la presencia policial.

Más personal policial o de seguridad en la calle sólo produce un efecto disuasorio de corto plazo sobre el delito, el que al poco tiempo se corre o desliza hacia los lugares o regiones donde no hay tanta presencia de agentes estatales. Además, es imposible una política de saturación policial en la calle permanente durante un lapso largo al mismo tiempo. En la mayoría de las elecciones argentinas del último cuarto de siglo, el gobierno de turno -como ahora- despliega el máximo de personal que puede en la calle para dar sensación de seguridad, el que se repliega después de las elecciones.

Además, una mayor cantidad de personal en la calle para disuadir, pero sin que se den al mismo tiempo cambios en la legislación penal y procesal, el sistema penitenciario, los sistemas de inteligencia, la participación de los ciudadanos, la cooperación eficaz de la seguridad privada y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario, adecuando para ello la legislación vigente que lo impide.

En los casos en que ha habido reducción del delito, ya sea en países como Colombia o en grandes urbes como es el caso de Nueva York, se ha actuado con este tipo de enfoques.

Además, han asumido que combatir el delito menor contribuye decisivamente a reducir el delito grave, no sólo porque cambia la actitud de la sociedad ante la norma, sino también porque reduce las condiciones generales que permiten y facilitan los delitos más graves. Se ha comprobado que al reducir las infracciones de tránsito, no sólo se reducen los muertos por su causa, sino también los homicidios. Es que, por lo general, el delincuente que comete delitos graves también comete delitos leves.