Por Miguel Ángel Rouco
22 Septiembre 2013
BUENOS AIRES.- Si el modelo creció a tasas chinas durante esta década, ¿cual es la necesidad de continuar en emergencia pública? Entre la continuidad de ese estado que vulnera los derechos económicos de la población y la sanción de un presupuesto ficticio, el Gobierno busca darle continuidad a un esquema que le permita seguir con el despilfarro del gasto público y la emisión monetaria sin respaldo.
Ambas normas, además de los superpoderes, buscan que no se pueda no sólo controlar los gastos sino también apuntan a que se puedan ampliarlos.
Con este entretejido normativo, la administración Kirchner tiene como objetivo una política fiscal que ha terminado en promesas incumplidas. Los presupuestos anteriores están para certificarlo. Esa política fiscal ha sido hasta ahora el numen del ciclo inflacionario, con la construcción de un idílico escenario que provoca que la demanda crezca más rápido que la oferta, financiándola con emisión monetaria espuria. Pero también, el Gobierno apunta a financiar con emisión, más subsidios y transferencias a empresas prestatarias de servicios públicos fuertemente deficitarias.
Todo esto llevará al Gobierno a aumentar sus necesidades financieras, obligando al Banco Central a proveerlo de mayores recursos. El Tesoro hoy le debe al BCRA más de U$S 42.000 millones por esos pagarés, con creces por encima de las reservas brutas de la autoridad monetaria. Si el BCRA fuera un ente privado y si tuviera que seguir las normas contables, la entidad debería hacer previsiones por esta deuda casi irrecuperable, teniendo en cuenta que el deudor registra un déficit financiero crónico. Las autoridades prevén para 2014, un déficit financiero en torno de 4% del PBI, lo que representa unos U$S 21.000 millones.
La mayor parte del activo del BCRA, está constituido por esos pagarés del Tesoro que no pueden comercializarse en el mercado secundario y de recuperación casi imposible. Con este marco, ¿quién va a capitalizar al Banco Central, para evitar un nuevo crack-down hacia el fin de 2015? Sin embargo, en la contabilidad kirchnerista, estos bonos, que no tienen valor de mercado, son contabilizados a valor técnico, lo que le permite al BCRA aumentar su activo de modo ilusorio para poder seguir financiando al Tesoro. Un círculo vicioso que podría terminar en una gran explosión inflacionaria. Pero la fiesta parece no tener fin. Si la contabilidad del BCRA carece de sustento técnico y la de Aerolíneas se ha convertido en un escándalo, en otro tanto podría convertirse la compra de vagones de trenes a China. Se hizo por compra directa, merced a la ley de Emergencia y aún no se conocen los valores pagados ni los términos del contrato que permanecen en las sombras como el acuerdo de YPF con Chevron.
El Gobierno padece de una fiebre ferroviaria. En poco menos de dos meses anunció la estatización de los ramales metropolitanos, de un ramal de cargas que une la Mesopotamia con el centro y oeste del país y por último, de los ramales de pasajeros a Córdoba y Tucumán. Ahora, hay que comenzar a operarlos y a dotarlos de infraestructura y de material locomotivo.
No se trata del glamoroso Tren Bala que anunciara la Presidenta allá por 2008, ni tampoco del paralizado soterramiento del Sarmiento ni mucho menos del Belgrano Cargas. Se trata apenas de hacer correr trenes en tiempo real. El gobierno va a incorporar a los ramales eléctricos del Mitre y del Sarmiento, ¡locomotoras diesel! Los ramales del Mitre fueron inaugurados en 1916 y los del Sarmiento en 1923, hace 90 años. Esta solución del progresismo vernáculo implica que la demora en los viajes se va a incrementar en casi 50 por ciento más que hace un siglo, además del efecto de mayor consumo de combustible y la contaminación ambiental.
¿La oposición, que suele añorar la mano larga del Estado, estará en condiciones de controlar esto?
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