BUENOS AIRES.- El senador nacional y ex presidente peronista Carlos Menem fue absuelto ayer por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) en el juicio por omitir bienes en su declaración jurada de 2000, entre ellos dos cuentas bancarias en Suiza. Según precisaron fuentes judiciales, los jueces consideraron que la acción penal ha prescripto por el paso del tiempo, en coincidencia con el planteo que la defensa de Menem había hecho apenas se inició el juicio.
Sin embargo, la fiscal Fabiana León había rechazado el pedido de declarar la prescripción, le solicitó al tribunal que no hiciera lugar al planteo de defensa y que continuara adelante con el proceso.
En forma sorpresiva, en la tercera audiencia del juicio y sin tomar indagatoria al acusado, los jueces Guillermo Costabel, Mario Posse y Patricia Mallo declararon de oficio "la nulidad parcial del requerimiento fiscal" así como "la prescripción de la acción penal". El TOF4 no dio a conocer los fundamentos del fallo y difirió su difusión para el jueves.
La defensa de Menem había pedido en el comienzo del juicio el sobreseimiento del ex presidente y actual senador por considerar prescripta la causa por tratarse de hechos que ocurrieron en 2000.
Menem estaba acusado de los delitos de omisión maliciosa de DDJJ, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, porque en la declaración jurada que presentó en octubre de 2000 omitió bienes de su propiedad. Entre ellos, una cuenta en la Unión de Bancos Suizos con U$S 600.000, que Menem reconoció que abrió en la década del 80 para depositar lo que cobró de indemnización por los años preso durante la dictadura, y otra en un banco del principado de Liechtenstein, a nombre de su ex secretario Ramón Hernández, con U$S 6 millones.
Menem tiene una condena a siete años de prisión por la venta de armas a Croacia y Ecuador y la Justicia solicitó que una vez que quede firme se le quite los fueros parlamentarios para poder ser detenido y cumplir la pena. (DyN)
Solicitan extraditar a dictadores franquistas
MADRID.- Amnistía Internacional pidió al gobierno de Mariano Rajoy que detenga y extradite a los cuatro presuntos torturadores de la dictadura franquista cuyo arresto ordenó esta semana la jueza argentina, María Servini de Cubría.
España "está obligada bajo el derecho internacional", sostuvo la organización defensora de los derechos humanos, que calificó de "histórica" la decisión de la Justicia argentina.
Servini de Cubría dispuso la imputación y la detención -con la correspondiente orden de captura internacional- de cuatro presuntos torturadores del régimen de Francisco Franco, ex miembros de las fuerzas de seguridad. Todos residentes en España.
Servini investiga desde 2010, después de que la Audiencia Nacional española cerrara la causa contra el franquismo en la que el entonces juez Baltasar Garzón acusó a Franco y a otros ex altos funcionarios del régimen de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). "En la situación actual al Estado español le quedan dos opciones: extraditar o juzgar", defendió el director de AI en España, Esteban Beltrán. Entretanto, el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que el Estado seguirá el criterio que marque la Audiencia Nacional en lo que respecta a las órdenes de detención y captura emitidas por la jueza Servini de Cubría. (DPA)
Piden seis años de prisión por sobornos para De la Rúa
BUENOS AIRES.- La Oficina Anticorrupción (OA) acusó ayer al ex presidente Fernando de la Rúa de haber instigado el pago de sobornos a senadores para que aprueben, en abril de 2000, la Ley de Reforma Laboral (también denominada la Ley Banelco), y pidió que sea condenado a seis años y seis meses de prisión por los delitos de peculado y cohecho activo agravado. La misma pena solicitó para el ex titular de la ex SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), Fernando de Santibañes, por "haber facilitado los fondos de su organismo para pagar los sobornos", y requirió el pago de una multa de $ 90.000 para los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Constanzo "por haber cobrado las coimas".
La OA también pidió para el arrepentido Mario Pontaquarto un año de prisión, al considerar como un atenuante su confesión y que tenga una pena única de tres años de cumplimiento en suspenso por una condena anterior. En tanto, el organismo pidió la absolución del ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique y del ex senador del PJ Ricardo Branda.
En caso de que el Tribunal Oral Federal 3 condene por esas penas, los acusados deberán ir presos una vez que la sentencia quede firme ya que se trata de penas de cumplimiento efectivo.
"De la Rúa dio el aval político, el único que podía hacerlo, para el pago de los sobornos", sostuvo José Ipohorski, abogado de la OA que actúa como querellante en el juicio. "Por su relación con José Genoud (entonces jefe del bloque de la UCR, que estaba acusado en esta causa y que se suicidó en 2008) terminó dando el visto bueno a las otras cosas que pedían los senadores, que se concretó a través de su amigo De Santibañes", agregó el abogado.
La OA tomó por creíble la confesión de Pontaquarto, que dijo que -en una reunión en Casa de Gobierno- que el PJ pedía "otras cosas" para aprobar la ley, a lo que De la Rúa respondió "eso arreglenló con de Santibañes". "El Presidente, en vez de denunciar los abuso del bloque del PJ, terminó pactando con ellos", consideró Ipohorski.
Pontaquarto dijo que retiró de ese organismo dos valijas con $ 5 millones y que había estado en el despacho de De Santibañes para pactar el retiro del dinero.
La OA también pidió que De la Rúa y de Santibañes no ocupen nunca más cargos públicos.
Para Alasino, Tell y Constanzo, tres senadores de peso del bloque del PJ en el Senado, la OA los acusó de cohecho pasivo (cobrar coimas) y encubrimiento. (DyN)