Sitiaron el centro para repudiar al PE

Sitiaron el centro para repudiar al PE

Estatales reclaman una actualización en las asignaciones familiares

21 Septiembre 2013
Al menos una decena de piquetes en calles céntricas protagonizaron ayer dirigentes de gremios estatales y empleados públicos, para reclamar al Gobierno la actualización del monto que paga en concepto de asignaciones familiares.

Ocurre que, desde octubre de 2011, el Poder Ejecutivo provincial congeló el beneficio en $ 220 por hijo. Actualmente, la Nación elevó a $ 460 el pago de las asignaciones familiares. Si bien la Provincia propuso el pago escalonado del beneficio, como lo hace la Nación de acuerdo al sueldo de cada trabajador, los dirigentes de ATE exigen el pago de $ 460 para todos los empleados públicos. Este gremio ya realizó varias movilizaciones para reclamar ese incremento.

Ayer, en tanto, fue el turno de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). "La pasividad del Gobierno para dar respuestas a nuestros pedidos es lo que impulsó esta medida", explicó Luis Albornoz, secretario Adjunto de UPCN.

"Los estatales tucumanos son discriminados por el propio Gobierno", advirtió el senador nacional José Cano. El opositor aseguró que los trabajadores perciben menos de la mitad de sus pares del resto del país en el rubro asignaciones familiares. Según el referente del Acuerdo Cívico y Social hay intendentes y comisionados rurales que pagan en negro sumas menores a los $ 500 como remuneración mensual, cuando el sueldo mínimo vital y móvil es de $ 3.300. "Estos trabajadores se encuentran presos de los mandamás, que le niegan el derecho a la estabilidad consagrado en la Constitución y el Estatuto del Empleado Público Provincial y Municipal, y los someten amenazándolos con despedirlos. Es una falta de respeto y una injusticia hacia los trabajadores provinciales y municipales, se viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y toda otra norma relacionada a los derechos de los trabajadores", precisó.

Cano sostuvo que el gobernador no tiene justificativo financiero para negarles derechos a los estatales cuando el presupuesto anual para 2013 es $ 21.000 millones, y las partidas de personal sólo ascienden a $ 9.500 millones", concluyó.

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