El informe denuncia desde las idas y venidas de la intervención de las fuerzas de seguridad que participan o participaron en el caso hasta la escasa colaboración recibida por los fiscales de parte del Ministerio de Defensa y del Ejército, que, desde hace meses, demoran el envío de nueva información requerida, algo sobre lo que los fiscales esgrimen "preocupación".
Los miembros de la Unidad Fiscal señalaron la falta de personal asignado para la pesquisa y reclamaron la incorporación de una "nueva fuerza de seguridad" para sumarla a tareas investigativas que realizan las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria.
En el voluminoso expediente, en el que no hay ningún
imputado, los fiscales dicen estar siguiendo 17 pistas con diferentes
sospechosos y haber cerrado otras 34 por no haber conducido a resultados
positivos. También aseguran que se realiza un "análisis y
entrecruzamiento de más de cinco millones de llamadas telefónicas
producidas en zonas aledañas al domicilio de la víctima entre el 17 y 18
de septiembre de 2006", informó el diar "La Nación".