17 Septiembre 2013
Quien se presentó como víctima es, en realidad, victimaria. Esa es la hipótesis que sostiene el abogado Carlos Posse, que representa a cuatro de los siete detenidos acusados de integrar una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. El letrado se refiere a la testigo protegida (con identidad reservada) que declaró el domingo ante el juez Federal N° 1 Raúl Daniel Bejas y que, por orden del magistrado, cuenta con custodia permanente.
Las palabras que pronunció la testigo reforzarían -según fuentes tribunalicias- la acusación contra Mercedes Medina, quien está sindicada como la líder de una banda dedicada al proxenetismo. Medina es dueña del local donde funcionaba el "Hotel California" (como lo indica un cartel colocado en Marco Avellaneda 666). Sin embargo, según su abogado, ella no tiene nada que ver con las mujeres que ofrecían sus servicios sexuales en ese lugar.
El letrado aseguró que Medina le subalquilaba el local a la mujer que el domingo se presentó como testigo. Por mes -agregó- Medina recibía $ 2.500 en concepto de alquiler y allí finalizaba su participación. "Vamos a ofrecer el testimonio de tres chicas que trabajaban para ella (la testigo). Como Medina le había pedido que le devuelva el local, hace unos tres meses, esta mujer empezó a decir cosas... pero en realidad sería ella la proxeneta", afirmó el abogado.
En tribunales
Posse defiende a Medina, a su marido Ernesto "El Negro" Robles, a su sobrino Eduardo Loto y su esposa Susana Figueroa, y a Iván Frías, quien la noche del viernes -cuando los detuvo Gendarmería- debía estar en el penal de Villa Urquiza. Esa noche también cayeron Juan Sarmiento y María Juárez, presuntos colaboradores de Medina.
Los siete detenidos debían declarar ayer en el Juzgado Federal. Pero todos se abstuvieron. Posse explicó que sus defendidos no quisieron hablar porque no conocían la causa ni habían tenido acceso a las pruebas. Según adelantó el letrado, hoy a la mañana recibirá una copia de esa documentación y, luego de analizarla, pedirá que les permitan realizar una ampliación declaratoria.
Una denuncia radicada por la fundación María de los Ángeles fue el origen de la investigación que derivó en el enorme despliegue de Gendarmería Nacional, el viernes a la noche, cuando allanaron siete prostíbulos y secuestraron documentación.
"No me sorprende mucho lo que pasó", opinó el abogado Posse respecto a ese procedimiento. "Creo que esto es consecuencia de los subsidios que recibe (Susana) Trimarco. Cada vez que le entregan un subsidio, después hacen algún allanamiento para justificarlo", expresó.
La semana pasada, la Legislatura aprobó la entrega de un subsidio de $ 1,5 millón a la fundación María de Los Ángeles.
Las palabras que pronunció la testigo reforzarían -según fuentes tribunalicias- la acusación contra Mercedes Medina, quien está sindicada como la líder de una banda dedicada al proxenetismo. Medina es dueña del local donde funcionaba el "Hotel California" (como lo indica un cartel colocado en Marco Avellaneda 666). Sin embargo, según su abogado, ella no tiene nada que ver con las mujeres que ofrecían sus servicios sexuales en ese lugar.
El letrado aseguró que Medina le subalquilaba el local a la mujer que el domingo se presentó como testigo. Por mes -agregó- Medina recibía $ 2.500 en concepto de alquiler y allí finalizaba su participación. "Vamos a ofrecer el testimonio de tres chicas que trabajaban para ella (la testigo). Como Medina le había pedido que le devuelva el local, hace unos tres meses, esta mujer empezó a decir cosas... pero en realidad sería ella la proxeneta", afirmó el abogado.
En tribunales
Posse defiende a Medina, a su marido Ernesto "El Negro" Robles, a su sobrino Eduardo Loto y su esposa Susana Figueroa, y a Iván Frías, quien la noche del viernes -cuando los detuvo Gendarmería- debía estar en el penal de Villa Urquiza. Esa noche también cayeron Juan Sarmiento y María Juárez, presuntos colaboradores de Medina.
Los siete detenidos debían declarar ayer en el Juzgado Federal. Pero todos se abstuvieron. Posse explicó que sus defendidos no quisieron hablar porque no conocían la causa ni habían tenido acceso a las pruebas. Según adelantó el letrado, hoy a la mañana recibirá una copia de esa documentación y, luego de analizarla, pedirá que les permitan realizar una ampliación declaratoria.
Una denuncia radicada por la fundación María de los Ángeles fue el origen de la investigación que derivó en el enorme despliegue de Gendarmería Nacional, el viernes a la noche, cuando allanaron siete prostíbulos y secuestraron documentación.
"No me sorprende mucho lo que pasó", opinó el abogado Posse respecto a ese procedimiento. "Creo que esto es consecuencia de los subsidios que recibe (Susana) Trimarco. Cada vez que le entregan un subsidio, después hacen algún allanamiento para justificarlo", expresó.
La semana pasada, la Legislatura aprobó la entrega de un subsidio de $ 1,5 millón a la fundación María de Los Ángeles.
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