"Al TC se le escaparon $ 11 millones", dijo Brito

Un halo de suspicacias parece haberse posado sobre todo lo que ejecuta la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Porque, aunque cambien los nombres de los funcionarios, las polémicas por presuntas irregularidades en esa repartición vuelven a aparecer. Esta vez, el Tribunal de Cuentas (TC) frenó un pago de $ 1,86 millón en obras para un gasoducto. Pero el ex titular de la DAU, Miguel Brito, cuestionó las actuaciones previas del ente de control.

El ex funcionario alperovichista afirmó que al TC "se le escapó" controlar que la Provincia iba a pagar $ 11 millones de más en la ejecución del gasoducto de La Cocha, una obra que prevé un costo total de $ 31 millones.

Tal como dio a conocer el domingo LA GACETA, el TC frenó el pago de $ 1,86 millón por una etapa de las tareas del gasoducto, debido a anomalías detectadas en los trabajos, según el acuerdo 2.250. La resolución, firmada hace 12 días por los titulares del Tribunal, Miguel Chaibén Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, rechazó un documento de la DAU que aprobaba el certificado de obra a favor de la empresa Saiko S.A., adjudicataria de los trabajos.

El informe de los ingenieros fiscales que revisaron la instalación del conducto reveló que, para tapar las zanjas donde fueron colocados los caños, se utilizó la tierra que se había extraído del lugar, en vez de arena y de material especial de relleno. "No hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar por el ítem, desvirtuando de esta manera las especificaciones del pliego", indicaron los auditores del Tribunal de Cuentas.

En diálogo con LA GACETA, Brito dijo que fue él mismo quien alertó que la Provincia iba a pagar $ 11 millones de más en la ejecución total de esos trabajos.

"En una de mis intervenciones, durante el proceso de preadjudicación de la obra en 2011 llevé a cabo una licitación. A la empresa Gasnor la consulté si estaba bien el presupuesto de la obra. Y Gasnor detectó un error que ellos habían cometido. Me dijeron que se habían equivocado en $ 11 millones, nada más y nada menos. Entonces dejé sin efecto el proceso de licitación y le comuniqué al gobernador que se había cometido un error", relató Brito.

Luego, cargó contra el TC. "Con esto quiero hacer hincapié en que un error humano lo puede cometer cualquiera. Pero lo que me llama la atención es la agudeza que algunas veces pone el TC al observar si en una plaza falta un banquito o una luminaria; y la falta de agudeza en obras de esta envergadura, donde eran $ 11 millones los que estaban queriéndose cobrar o pagar de más. El Tribunal de Cuentas no lo había objetado. Se le escaparon $ 11 millones", criticó el ex bussista. "Hoy veo que sí obran con total agudeza, sutileza y finura. Está perfecto que sea así, pero en el caso del gasoducto me hubiesen advertido para cuidar las arcas del Estado, que es para lo que ellos están. Pero se les pasó. Fue a través de una consulta externa que realicé cuando 'saltó' que se iban a pagar $ 11 millones de pesos más", añadió.

¿Usted cree que fue un error voluntario?, se le inquirió. "No, para nada. Fue un error humano de Gasnor. El metro de caño lineal estaba en $ 170 y ellos pusieron $ 17.000. Se han equivocado en dos o tres ceros, lo que al realizar la multiplicación daba semejante diferencia millonaria", explicó Brito, que debió renunciar a la DAU en agosto del año pasado, luego de que el Tribunal de Cuentas frenara un pago por presuntos sobreprecios en la refacción de la fachada de la Casa de Gobierno.

El inicio de la obra del gasoducto para La Cocha y otros pueblos de la zona estaba fechado para el 1 de julio de este año. El 23 de agosto pasado, el Departamento de Ingenieros Fiscales del TC visitó las tareas realizadas.

En el control preventivo al "certificado ordinario de obra N° 1, por la suma de $ 1,86 millón, el TC dictaminó: "el material utilizado para la reposición del terreno es el extraído de las excavaciones. No hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar. No se ejecutó el ítem 'reposición del terreno enripiado'".

Así, el TC le impidió al Ministerio de Economía que libere el pago de los trabajos, pese al decreto de la DAU que aprueba las tareas.