14 Septiembre 2013
El 14 de noviembre de 2003, a pocos meses de asumir por primera vez el cargo, el gobernador José Alperovich contrató a la empresa Security an Intelligence Advising (SIA) para que realizara un trabajo de "limpieza" y de verificación de que no hubiera micrófonos escondidos en el despacho del mandatario. Así lo estableció el decreto 334/1 firmado ese año por él y varios de sus ministros. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo provincial desconocen la existencia de ese instrumento legal mediante el que se dispuso abonarle $ 35.775,07 a la firma para que realizara el trabajo de inteligencia.
"Autorízase a la Dirección de Administración de la Gobernación a contratar de forma directa con la firma SIA, los servicios de seguridad, inteligencia, en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación", reza el artículo 1º del decreto que lleva la firma de Alperovich, del ex secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, y del ex ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo.
La polémica sobre la existencia de supuestas escuchas ilegales y tareas de inteligencia en opositores resurgió a fines del año pasado, luego de los dirigentes José Cano (UCR), Daniel Blanco (Partido Obrero) y Enrique Romero (Peron) denunciaran en la Justicia Federal que eran espiados y perseguidos por agentes del Departamento de Inteligencia Criminal (ex D2).
El 23 de marzo pasado, el fiscal federal, Carlos Brito, le giró un oficio al actual ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, para que responda una serie de preguntas, entre ellas, si conocía a la empresa SIA. "Quién fue el autor intelectual para que se contrate en forma directa a la empresa SIA, (...), y cuáles fueron las consideraciones que el PE realizó para priorizar la contratación directa de la empresa SIA, dejando de lado a la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, e incumplir el decreto 191/1 (MSC) de fecha 5 de noviembre de 2003 que establecía que la seguridad de toda la administración pública centralizada, descentralizada y entes autárquicos esté a cargo de la policía provincial. Siendo que todos estos cuerpos de seguridad nacional y la Policía provincial tienen carácter de exclusividad e indelegabilidad, de acuerdo al sistema de seguridad nacional", planteó Brito en el escrito. El funcionario judicial busca establecer si es que el Gobierno habría incumplido leyes provinciales y nacionales, al transferir a una empresa privada tareas de seguridad que son de competencia exclusiva de la Policía. También inquirió, el fiscal, sobre si el PE cumplió con su obligación de informar al Concejo de Seguridad Interior sobre la relación contractual con la empresa SIA.
El 14 de mayo, Gassenbauer respondió: "en nuestros archivos no existen antecedentes documentales, y por ende no hay constancia respecto a lo relacionado con la empresa SIA. Tampoco existen antecedentes documentales, y por ende no hay constancia respeto de recomendaciones, planificación y organización de programas de seguridad, inteligencia y protección que hubiera propuesto la empresa SIA. No consta en el Ministerio de Seguridad Ciudadana, antecedentes documentales".
Al ser consultado ayer por LA GACETA, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, César Nieva, expresó: "desconocemos lo que se realizó. Pasaron 10 años. Este decreto no pasó por el área de Seguridad y no tenemos referencia".
"El maletín está, y es utilizado para hacer escuchas ilegales"
El peronista disidente, Enrique Romero, aseguró que la valija para interceptar celulares se encuentra, por estas horas, en manos del Gobierno. En la edición de ayer, LA GACETA dio a conocer un oficio girado al PE por el fiscal federal, Carlos Brito, mediante el que solicitó explicaciones sobre la compra -por un monto de $ 664.000- de un maletín para realizar escuchas hasta en 50 teléfonos celulares a a vez.
"A confesión de parte, relevo de pruebas. El ministro de Seguridad (Jorge Gassenbauer) negó al fiscal federal, que el Gobierno haya comprado una valija de intercepción y monitoreo de celulares, modelo GSM-SCL, con capacidad para rastrear e interceptar hasta 50 teléfonos celulares, poniendo con lapicera y a mano un 'NO' en el ítem 6, que corresponde a la valija de referencia, sin adjuntar un instrumento administrativo alguno que anule parcialmente dicha compra. Gassenbauer confunde los actos administrativos del Gobierno con la libreta de fiado de un almacén de barrio. El maletín está y es usado para hacer escuchas ilegales", fustigó Romero.
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