13 Septiembre 2013
PROTESTA. Dirigentes de la oposición afirman que son filmados y fotografiados por policías en las marchas. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)
El fantasma de las presuntas tareas de espionaje hacia dirigentes de la oposición se vuelve a instalar en la provincia luego de un oficio girado por el fiscal federal Carlos Brito al Gobierno. El funcionario judicial le consultó al ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, si es que la Policía compró, por un monto de $ 664.000, un aparato de alta tecnología para realizar escuchas telefónicas.
A fines del año pasado, los dirigentes de la oposición José Cano (UCR), Daniel Blanco (Partido Obrero) y Enrique Romero (Perón) denunciaron -cada uno por separado- en la Justicia Federal que eran presuntamente espiados y perseguidos por agentes del Departamento de Inteligencia Criminal (ex D2), repartición que depende de la Jefatura de Policía. A comienzos de este año, Brito decidió unificar las causas iniciadas por los tres opositores y le envió un oficio al ministro de Seguridad Ciudadana para que responda si el PE realizaba tareas de inteligencia en contra de los denunciantes y, también, si el Gobierno adquirió un aparato para realizar escuchas telefónicas. Así lo había advertido el peronista Romero en su denuncia.
El 26 de marzo pasado, el funcionario judicial solicitó que se le informe sobre la compra y partida presupuestaria con la que se habría adquirido el portafolios con sistema de barrido electrónico, denominado "valija de intercepción y monitoreo para celulares modelo GSM-SCL". Cabe señalar que el dispositivo tiene capacidad para rastrear e interceptar, de manera paralela y simultánea, hasta 50 teléfonos celulares.
La respuesta de Gassenbauer llegó el 14 de mayo. En el escrito, el ministro alperovichista explicó que mediante licitación pública Nº 08/2007 el Departamento General de Policía efectuó un llamado para la adquisición de equipamiento tecnológico, destinado al Departamento de Informaciones Policiales. "Por decreto Nº 1162/7 del 19-12-2007 se adjudicó la licitación a la firma 'Maxx Technology SA' por un monto de $ 800.000. Por resolución Nº 3620/08 del 06-05-2008, el jefe de Policía (Hugo Sánchez) autorizó a emitir una orden de pago por la suma de $ 170.389 a favor de la mencionada empresa para abonar los ítems del 1 al 4 (un maletín receptor de audio y video, un sistema de vigilancia óptica, tres kits de microfonía UHF y un binocular con cámara digital)", detalla Gassenbauer y agrega: "también se abonó el ítem 5 (un sistema de GPS), pero no se encuentra incluida -en la compra- la valija de intercepción y monitoreo para celulares. No se pagó el ítem 6 (la valija) adjudicado a la empresa Maxx Technology; tampoco se adquirió ni se posee dicho bien".
De manera formal, el Gobierno negó ante el fiscal la adquisición del dispositivo. El dato llamativo es que la "valija" figura en la orden de compra Nº 016 y expediente Nº 0826/213-07, por un monto de $ 664.290. La orden de compra lleva la firma de cuatro funcionarios de la Policía y del Ministerio de Seguridad Ciudadana. No obstante, según advirtió el denunciante Romero, en el expediente no aparece ningún documento que respalde administrativamente la aclaración de que el Estado optó por no comprar el aparato.
A fines del año pasado, los dirigentes de la oposición José Cano (UCR), Daniel Blanco (Partido Obrero) y Enrique Romero (Perón) denunciaron -cada uno por separado- en la Justicia Federal que eran presuntamente espiados y perseguidos por agentes del Departamento de Inteligencia Criminal (ex D2), repartición que depende de la Jefatura de Policía. A comienzos de este año, Brito decidió unificar las causas iniciadas por los tres opositores y le envió un oficio al ministro de Seguridad Ciudadana para que responda si el PE realizaba tareas de inteligencia en contra de los denunciantes y, también, si el Gobierno adquirió un aparato para realizar escuchas telefónicas. Así lo había advertido el peronista Romero en su denuncia.
El 26 de marzo pasado, el funcionario judicial solicitó que se le informe sobre la compra y partida presupuestaria con la que se habría adquirido el portafolios con sistema de barrido electrónico, denominado "valija de intercepción y monitoreo para celulares modelo GSM-SCL". Cabe señalar que el dispositivo tiene capacidad para rastrear e interceptar, de manera paralela y simultánea, hasta 50 teléfonos celulares.
La respuesta de Gassenbauer llegó el 14 de mayo. En el escrito, el ministro alperovichista explicó que mediante licitación pública Nº 08/2007 el Departamento General de Policía efectuó un llamado para la adquisición de equipamiento tecnológico, destinado al Departamento de Informaciones Policiales. "Por decreto Nº 1162/7 del 19-12-2007 se adjudicó la licitación a la firma 'Maxx Technology SA' por un monto de $ 800.000. Por resolución Nº 3620/08 del 06-05-2008, el jefe de Policía (Hugo Sánchez) autorizó a emitir una orden de pago por la suma de $ 170.389 a favor de la mencionada empresa para abonar los ítems del 1 al 4 (un maletín receptor de audio y video, un sistema de vigilancia óptica, tres kits de microfonía UHF y un binocular con cámara digital)", detalla Gassenbauer y agrega: "también se abonó el ítem 5 (un sistema de GPS), pero no se encuentra incluida -en la compra- la valija de intercepción y monitoreo para celulares. No se pagó el ítem 6 (la valija) adjudicado a la empresa Maxx Technology; tampoco se adquirió ni se posee dicho bien".
De manera formal, el Gobierno negó ante el fiscal la adquisición del dispositivo. El dato llamativo es que la "valija" figura en la orden de compra Nº 016 y expediente Nº 0826/213-07, por un monto de $ 664.290. La orden de compra lleva la firma de cuatro funcionarios de la Policía y del Ministerio de Seguridad Ciudadana. No obstante, según advirtió el denunciante Romero, en el expediente no aparece ningún documento que respalde administrativamente la aclaración de que el Estado optó por no comprar el aparato.
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