13 Septiembre 2013
BUENOS AIRES.- El juez federal Ariel Lijo estaría decidido a conocer qué sucede con los bienes patrimoniales declarados por el vicepresidente, Amado Boudou, luego de que el segundo en la línea sucesoria presidencial reconociera, en noviembre de 2012, que percibió unos $ 180.000 por viáticos en los distintos cargos nacionales que ocupó. A partir de la revelación de esos datos se hicieron tres denuncias. Dos se acumularon en un expediente que está en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y la otra, está en el juzgado de Lijo.
En el segundo expediente, más avanzado que el otro, el fiscal Patricio Evers impulsó la investigación e imputó al vicepresidente por enriquecimiento ilícito.
Según pudo confirmar "Infobae", Lijo realizó varios pedidos de información para conocer más sobre los viáticos percibidos por Boudou. El juez solicitó un detalle del total de esos recursos que recibió el vicepresidente en las diferentes reparticiones en las que revistó y revista. Boudou cobró viáticos en su carácter de Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), también percibió fondos cuando era ministro de Economía y, finalmente, los percibidos desde que está a cargo de la vicepresidencia.
Lijo es el juez de la causa por enriquecimiento ilícito de Boudou. Allí, también están investigados como testaferros algunos de sus familiares y socios comerciales: sus padres; hermanos; su novia, la periodista Agustina Kämpfer; a su amigo el empresario José María Núñez Carmona, y al dueño de la ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele.
Denuncia y devolución
En ese expediente Boudou admitió haber sumado a su patrimonio dinero de los viáticos. Ese hecho fue cuestionado por los diputados de la oposición Graciela Ocaña y Manuel Garrido, quienes denunciaron inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por Boudou y el escrito que le entregó a Lijo en 2012. "La Nación" publicó el 23 de agosto que el vicepresidente es acusado de no haber devuelto $ 180.700 de viáticos de viajes oficiales.
Pero ese procedimiento está prohibido por el decreto 1906/06 firmado por Néstor Kirchner, que establece que un funcionario debe reintegrar, en 72 horas, el saldo de viáticos que recibió. La irregularidad constituye una violación del artículo 261 del Código Penal, que castiga con dos a 10 años de prisión al "funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". (Especial)
En el segundo expediente, más avanzado que el otro, el fiscal Patricio Evers impulsó la investigación e imputó al vicepresidente por enriquecimiento ilícito.
Según pudo confirmar "Infobae", Lijo realizó varios pedidos de información para conocer más sobre los viáticos percibidos por Boudou. El juez solicitó un detalle del total de esos recursos que recibió el vicepresidente en las diferentes reparticiones en las que revistó y revista. Boudou cobró viáticos en su carácter de Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), también percibió fondos cuando era ministro de Economía y, finalmente, los percibidos desde que está a cargo de la vicepresidencia.
Lijo es el juez de la causa por enriquecimiento ilícito de Boudou. Allí, también están investigados como testaferros algunos de sus familiares y socios comerciales: sus padres; hermanos; su novia, la periodista Agustina Kämpfer; a su amigo el empresario José María Núñez Carmona, y al dueño de la ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele.
Denuncia y devolución
En ese expediente Boudou admitió haber sumado a su patrimonio dinero de los viáticos. Ese hecho fue cuestionado por los diputados de la oposición Graciela Ocaña y Manuel Garrido, quienes denunciaron inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por Boudou y el escrito que le entregó a Lijo en 2012. "La Nación" publicó el 23 de agosto que el vicepresidente es acusado de no haber devuelto $ 180.700 de viáticos de viajes oficiales.
Pero ese procedimiento está prohibido por el decreto 1906/06 firmado por Néstor Kirchner, que establece que un funcionario debe reintegrar, en 72 horas, el saldo de viáticos que recibió. La irregularidad constituye una violación del artículo 261 del Código Penal, que castiga con dos a 10 años de prisión al "funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". (Especial)
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