Por Federico Türpe
07 Septiembre 2013
Dicen que el actual interventor de la Caja Popular de Ahorros y ex legislador, Armando Cortalezzi, es propietario de 300 taxis, y que el ex defensor del Pueblo y ex concejal, Juan "Pinky" Rojas, tiene otros 200. ¿Quién lo dice? Cualquier taxista al que se le pregunte. También cuentan que hay comisarios, legisladores y empresarios que regentean entre una y varias decenas de vehículos cada uno. Los taxistas además dicen que hay mafias que controlan el negocio del transporte público. Pero los taxistas tienen fama de fabuladores: ¿quién no ha escuchado historias increíbles arriba de un taxi en las que, por lo general, el héroe de la hazaña es el propio conductor?
Estas denuncias no son sólo rumores callejeros. También se han escuchado en boca de concejales, opositores y oficialistas, en sesiones del Concejo Deliberante de la capital. Todos hablan de mafias. Dirigentes sindicales de los choferes de taxis y representantes de los propietarios de los autos coinciden en que deben erradicarse las mafias para poder normalizar el transporte público. Ediles opositores como José Luis Avignone (UCR), Claudio Viña (FR) y Sandra Manzone (Coalición Cívica-Ari) denunciaron la presencia de mafias en el Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil, ese engendro denominado Sutrappa. El propio ultra amayista Germán Alfaro reconoció la presencia de mafias, pero les endosó la responsabilidad a los ex gobiernos bussistas, municipal y provincial, que permitieron el ingreso de "bandas de mafiosos" al servicio de transporte, en clara alusión al clan de los Ale. Alfaro olvidó mencionar, acaso por el fragor del debate legislativo, que su jefe, Domingo Amaya, lleva diez años en la intendencia. Primero como interventor, en 2003, tras la destitución de Antonio Bussi, en una especie de autogolpe decretado por José Alperovich, quien extendió la "intervención" por cuatro años en vez de llamar a elecciones, y luego gracias a dos comicios ganados legítimamente (2007 y 2011). Y una década no es poco tiempo para que todo siga igual, o peor.
El origen mismo del Sutrappa tiene ribetes mafiosos, e incluso nació en franca incompatibilidad con la Ley Nacional de Tránsito. Se creó en 2006, luego del crimen aún impune de Paulina Lebbos, una de las causas penales más vergonzantes en la historia policial, judicial y política de la provincia. Fue otro de los tantos golpes de efecto del gobernador para mostrar que estaba haciendo lo que en realidad no estaba haciendo, al igual que la ley de 4 AM, que viola las libertades y los derechos individuales más básicos.
El 12 de abril de 2006, el Concejo Deliberante tuvo que sesionar a escondidas para poder aprobar la ordenanza 3.713 que unificaba los servicios de taxis y remises. Casualmente, el impulsor de la norma fue Cortalezzi, respondiendo a órdenes del gobernador. Decían que el objetivo era ordenar y mejorar el servicio, identificar a choferes y propietarios y erradicar el transporte ilegal. Siete años después, lo único que cambió fue el color de los autos. El mal estado de muchos vehículos, choferes sin identificación o que no corresponden con la identificación exhibida, titulares desconocidos y taxis ilegales (antes remises) siguen siendo mayoría. En siete años, Amaya sólo alcanzó a otorgar 2.088 licencias definitivas. Se estima que otras 3.000 estarían en condiciones de obtener la autorización, pero no la tienen, además de otras 3.000 que circulan en total ilegalidad.
Sobre el Sutrappa llueven denuncias de corrupción. Dos ex titulares, Adrián Mansilla y José Abregú, se fueron sospechados. El escándalo más grande estalló en julio de 2010, cuando se denunció la entrega de licencias mellizas en la Municipalidad. La causa lleva tres años en el fuero penal y ninguna persona fue llamada a declarar.
Estas denuncias no son sólo rumores callejeros. También se han escuchado en boca de concejales, opositores y oficialistas, en sesiones del Concejo Deliberante de la capital. Todos hablan de mafias. Dirigentes sindicales de los choferes de taxis y representantes de los propietarios de los autos coinciden en que deben erradicarse las mafias para poder normalizar el transporte público. Ediles opositores como José Luis Avignone (UCR), Claudio Viña (FR) y Sandra Manzone (Coalición Cívica-Ari) denunciaron la presencia de mafias en el Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil, ese engendro denominado Sutrappa. El propio ultra amayista Germán Alfaro reconoció la presencia de mafias, pero les endosó la responsabilidad a los ex gobiernos bussistas, municipal y provincial, que permitieron el ingreso de "bandas de mafiosos" al servicio de transporte, en clara alusión al clan de los Ale. Alfaro olvidó mencionar, acaso por el fragor del debate legislativo, que su jefe, Domingo Amaya, lleva diez años en la intendencia. Primero como interventor, en 2003, tras la destitución de Antonio Bussi, en una especie de autogolpe decretado por José Alperovich, quien extendió la "intervención" por cuatro años en vez de llamar a elecciones, y luego gracias a dos comicios ganados legítimamente (2007 y 2011). Y una década no es poco tiempo para que todo siga igual, o peor.
El origen mismo del Sutrappa tiene ribetes mafiosos, e incluso nació en franca incompatibilidad con la Ley Nacional de Tránsito. Se creó en 2006, luego del crimen aún impune de Paulina Lebbos, una de las causas penales más vergonzantes en la historia policial, judicial y política de la provincia. Fue otro de los tantos golpes de efecto del gobernador para mostrar que estaba haciendo lo que en realidad no estaba haciendo, al igual que la ley de 4 AM, que viola las libertades y los derechos individuales más básicos.
El 12 de abril de 2006, el Concejo Deliberante tuvo que sesionar a escondidas para poder aprobar la ordenanza 3.713 que unificaba los servicios de taxis y remises. Casualmente, el impulsor de la norma fue Cortalezzi, respondiendo a órdenes del gobernador. Decían que el objetivo era ordenar y mejorar el servicio, identificar a choferes y propietarios y erradicar el transporte ilegal. Siete años después, lo único que cambió fue el color de los autos. El mal estado de muchos vehículos, choferes sin identificación o que no corresponden con la identificación exhibida, titulares desconocidos y taxis ilegales (antes remises) siguen siendo mayoría. En siete años, Amaya sólo alcanzó a otorgar 2.088 licencias definitivas. Se estima que otras 3.000 estarían en condiciones de obtener la autorización, pero no la tienen, además de otras 3.000 que circulan en total ilegalidad.
Sobre el Sutrappa llueven denuncias de corrupción. Dos ex titulares, Adrián Mansilla y José Abregú, se fueron sospechados. El escándalo más grande estalló en julio de 2010, cuando se denunció la entrega de licencias mellizas en la Municipalidad. La causa lleva tres años en el fuero penal y ninguna persona fue llamada a declarar.
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