05 Septiembre 2013
La sesión del Senado nacional tuvo ayer un segmento estrictamente tucumano, a partir de una discusión entre la presidenta provisional de la Cámara Alta, Beatriz Rojkés de Alperovich, y el radical José Manuel Cano.
El entredicho se produjo cuando el titular del bloque de senadores por la UCR se refirió, durante el período de debate, al conflicto entre el gremio bancario y el Gobierno tucumano. Puntualmente, Cano hizo alusión a la treintena de trabajadores de la Caja Popular de Ahorros (CPA) a la que las autoridades no les renovaron el contrato. Según el sindicato, los empleados fueron despedidos por su actividad gremial. Entonces, el radical propuso el tratamiento sobre tablas de una iniciativa de su autoría por la que se insta a la Provincia a acatar la resolución del Ministerio de Trabajo, que dispuso la reincorporación del personal cesanteado.
En ese momento, desde el estrado de la Presidencia, la esposa del gobernador, José Alperovich, comenzó a gritarle "denunciante serial". Rojkés aseveró a los gritos que "todos conocían qué clase de político era", en referencia a Cano. El opositor le retrucó que "su intolerancia impedía debatir sobre un problema afectaba a familias tucumanas y que mostraba con crudeza el manejo feudal que realiza la administración que conduce su marido desde hace una década". Finalmente y luego de un breve intercambio de opiniones, la iniciativa del radical fue girada a comisión para su tratamiento en una próxima sesión.
"Con todo respeto senadora, lamento que le moleste que cumplamos con nuestro deber republicano de ponerle un límite al autoritarismo, al feudalismo y a la corrupción que hoy reinan en Tucumán. Eso es lo que queremos los argentinos y así lo ha manifestado la inmensa mayoría en las elecciones del 11 de agosto, y va a volver a expresarlo el 27 de octubre", cerró el referente del Acuerdo Cívico.
Ayer, en tanto, una delegación de 12 abogados del Ministerio de Trabajo de la Nación realizó una inspección laboral en la sede central de la Caja Popular de Ahorros, según el secretario nacional de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe.
"El objetivo de los abogados ministeriales fue corroborar, entre otras cosas, el incumplimiento de la entidad financiera a la instrucción de Trabajo de proceder de forma inmediata a producir la reincorporación de los 36 despedidos sin causa", explicó el dirigente, según un cable de la agencia Télam.
La semana pasada, en el marco de la conciliación obligatoria dictada, el Ministerio Trabajo de la Nación decidió multar a la Caja Popular de Ahorros por el incumplimiento. Los resultados de la inspección, en tanto, se conocerán en los próximos días.
El entredicho se produjo cuando el titular del bloque de senadores por la UCR se refirió, durante el período de debate, al conflicto entre el gremio bancario y el Gobierno tucumano. Puntualmente, Cano hizo alusión a la treintena de trabajadores de la Caja Popular de Ahorros (CPA) a la que las autoridades no les renovaron el contrato. Según el sindicato, los empleados fueron despedidos por su actividad gremial. Entonces, el radical propuso el tratamiento sobre tablas de una iniciativa de su autoría por la que se insta a la Provincia a acatar la resolución del Ministerio de Trabajo, que dispuso la reincorporación del personal cesanteado.
En ese momento, desde el estrado de la Presidencia, la esposa del gobernador, José Alperovich, comenzó a gritarle "denunciante serial". Rojkés aseveró a los gritos que "todos conocían qué clase de político era", en referencia a Cano. El opositor le retrucó que "su intolerancia impedía debatir sobre un problema afectaba a familias tucumanas y que mostraba con crudeza el manejo feudal que realiza la administración que conduce su marido desde hace una década". Finalmente y luego de un breve intercambio de opiniones, la iniciativa del radical fue girada a comisión para su tratamiento en una próxima sesión.
"Con todo respeto senadora, lamento que le moleste que cumplamos con nuestro deber republicano de ponerle un límite al autoritarismo, al feudalismo y a la corrupción que hoy reinan en Tucumán. Eso es lo que queremos los argentinos y así lo ha manifestado la inmensa mayoría en las elecciones del 11 de agosto, y va a volver a expresarlo el 27 de octubre", cerró el referente del Acuerdo Cívico.
Ayer, en tanto, una delegación de 12 abogados del Ministerio de Trabajo de la Nación realizó una inspección laboral en la sede central de la Caja Popular de Ahorros, según el secretario nacional de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe.
"El objetivo de los abogados ministeriales fue corroborar, entre otras cosas, el incumplimiento de la entidad financiera a la instrucción de Trabajo de proceder de forma inmediata a producir la reincorporación de los 36 despedidos sin causa", explicó el dirigente, según un cable de la agencia Télam.
La semana pasada, en el marco de la conciliación obligatoria dictada, el Ministerio Trabajo de la Nación decidió multar a la Caja Popular de Ahorros por el incumplimiento. Los resultados de la inspección, en tanto, se conocerán en los próximos días.
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