04 Septiembre 2013
Recorrieron los planos, buscaron en las esquinas, hablaron con los vecinos, y nada. Los auditores del Tribunal de Cuentas (TC) que revisaron seis expedientes de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) referidos a la compra y colocación de 840 rampas para discapacitados se llevaron una sorpresa: sólo pudieron detectar 112 de las plataformas, dice el informe al que accedió LA GACETA. En total, el Gobierno gastó casi $ 644.000, según la sumatoria de los proyectos.
El ex subdirector de la DAU, Roberto Bianchi, rubricó todas esas tareas, que fueron encomendadas a dos firmas, dice la auditoría del TC. La construcción (materiales y mano de obra) estuvo a cargo de "Drober Aráoz SRL", cuyo titular es un cuñado del ex titular de la repartición, Miguel Brito; la colocación, en tanto, recayó sobre la compañía "Arquitecto Julio César Villafañe", a la que Bianchi calificó como "un contratista perfectamente habilitado".
Los ex funcionarios, en entrevistas por separado con este diario, aseguraron que cumplieron con su responsabilidad administrativa. "No tengo demasiado para contestar, porque no he sido inspector. Pero esas rampas son fáciles de ubicar. En el departamento Obras por Contrato deberían figurar los planos", afirmó Bianchi, quien se jubiló tras el escándalo desatado el año pasado en la repartición.
Brito, en tanto, afirmó que esas tareas no estuvieron directamente a su cargo, y justificó la contratación de parientes reafirmando que la ley no lo impide, ya que no hay lazos directos. "Lo único que hizo esa empresa fue fabricar y proveer los materiales; es decir, las rampas fueron entregadas. Y eso está clarito en la auditoría del TC", manifestó el ex funcionario.
La ausencia de las 728 rampas en las esquinas de la ciudad llamó la atención de la ingeniera fiscal Lucía Feminías.
"Drober Aráoz SRL" fue contratada de manera directa, según dos expedientes de numeración consecutiva de la DAU (Nº 3.889/321-S-2010 y Nº 3890/321-S-2010). Cada una de las carpetas, consignó Feminías, implicaba una erogación de $ 149.940 por 420 rampas para discapacitados. Cada cifra está a $ 60 del tope permitido por la ley 7.960, que habilita a la DAU a realizar contrataciones directas.
El TC no logró hallar las obras, pero Brito afirmó que esto se debe a que la compañía no debía colocarlas. "(En el expediente) no se adjunta el listado de las calles en las que se colocarán las mismas, que justifique esa cantidad", indica el informe oficial. Las facturas y remitos fueron rubricados por el ex subdirector Bianchi.
La empresa "Arquitecto Julio César Villafañe" fue contratada para la colocación de las plataformas prefabricadas, según la auditoría. Además de la obra de calle Corrientes y pasaje Padre Roque Correa (50 rampas por $ 25.600), se le encomendó la instalación de otras 100 plataformas en el proyecto "pasaje M. Gómez, Thames y Zavaleta" (expediente 3327/321-I-2010), que le costó al Estado $ 72.600. "No se justificaría la cantidad de rampas, puesto que se corresponde a dos esquinas y la cantidad necesaria no superaría las 16", advirtió la auditora. Esta firma también fue escogida para la colocación de 400 rampas, según el expediente Nº 3.891/321-S-2010, por la que facturó $ 123.000 el 17 de diciembre de 2011, a 14 días de la adjudicación, según el TC. "Sólo se verificaron 88 rampas en la zona indicada en el plano", destacó Feminías.
El cuarto trabajo para el que fue seleccionada la empresa "Arquitecto Julio César Villafañe" costó $ 123.000, según el TC (expediente Nº 3.888/321-S-2010). La auditora no pudo ubicar ni una sola de las 400 plataformas.
Bianchi, al ser cuestionado vía telefónica por LA GACETA sobre este tema, explicó que se destinaban ocho rampas a cada intersección, por lo que las obras impactaron en 105 esquinas. "Si no las pudieron encontrar es otra cosa. Pero repito que todo eso debe constar en la dirección Obras por Contrato", indicó. Y agregó: "hasta que me jubilé, todo estaba en orden".
El ex subdirector subrayó que, quizás, esos bloques de cemento para veredas con cordón cuneta fueron instalados en sitios que no constan en los expedientes. "No tenían destino propio", indicó. Por eso, resaltó, algunas de esas plataformas fueron trasladadas a ciudades del interior de la provincia. "Las rampas son fáciles de identificar porque dicen DAU", relató. Y añadió que se las iba ubicando en los sitios que estaban preparados para ello.
Bianchi remarcó que la empresa contratada por vía directa para estas tareas contaba con la habilitación de rigor. De todas maneras, aseveró que no podría garantizar que todas las plataformas estén en el lugar previsto. "No puedo garantizar que estén colocadas el 100%", aclaró el ex funcionario.
El ex subdirector de la DAU, Roberto Bianchi, rubricó todas esas tareas, que fueron encomendadas a dos firmas, dice la auditoría del TC. La construcción (materiales y mano de obra) estuvo a cargo de "Drober Aráoz SRL", cuyo titular es un cuñado del ex titular de la repartición, Miguel Brito; la colocación, en tanto, recayó sobre la compañía "Arquitecto Julio César Villafañe", a la que Bianchi calificó como "un contratista perfectamente habilitado".
Los ex funcionarios, en entrevistas por separado con este diario, aseguraron que cumplieron con su responsabilidad administrativa. "No tengo demasiado para contestar, porque no he sido inspector. Pero esas rampas son fáciles de ubicar. En el departamento Obras por Contrato deberían figurar los planos", afirmó Bianchi, quien se jubiló tras el escándalo desatado el año pasado en la repartición.
Brito, en tanto, afirmó que esas tareas no estuvieron directamente a su cargo, y justificó la contratación de parientes reafirmando que la ley no lo impide, ya que no hay lazos directos. "Lo único que hizo esa empresa fue fabricar y proveer los materiales; es decir, las rampas fueron entregadas. Y eso está clarito en la auditoría del TC", manifestó el ex funcionario.
La ausencia de las 728 rampas en las esquinas de la ciudad llamó la atención de la ingeniera fiscal Lucía Feminías.
"Drober Aráoz SRL" fue contratada de manera directa, según dos expedientes de numeración consecutiva de la DAU (Nº 3.889/321-S-2010 y Nº 3890/321-S-2010). Cada una de las carpetas, consignó Feminías, implicaba una erogación de $ 149.940 por 420 rampas para discapacitados. Cada cifra está a $ 60 del tope permitido por la ley 7.960, que habilita a la DAU a realizar contrataciones directas.
El TC no logró hallar las obras, pero Brito afirmó que esto se debe a que la compañía no debía colocarlas. "(En el expediente) no se adjunta el listado de las calles en las que se colocarán las mismas, que justifique esa cantidad", indica el informe oficial. Las facturas y remitos fueron rubricados por el ex subdirector Bianchi.
La empresa "Arquitecto Julio César Villafañe" fue contratada para la colocación de las plataformas prefabricadas, según la auditoría. Además de la obra de calle Corrientes y pasaje Padre Roque Correa (50 rampas por $ 25.600), se le encomendó la instalación de otras 100 plataformas en el proyecto "pasaje M. Gómez, Thames y Zavaleta" (expediente 3327/321-I-2010), que le costó al Estado $ 72.600. "No se justificaría la cantidad de rampas, puesto que se corresponde a dos esquinas y la cantidad necesaria no superaría las 16", advirtió la auditora. Esta firma también fue escogida para la colocación de 400 rampas, según el expediente Nº 3.891/321-S-2010, por la que facturó $ 123.000 el 17 de diciembre de 2011, a 14 días de la adjudicación, según el TC. "Sólo se verificaron 88 rampas en la zona indicada en el plano", destacó Feminías.
El cuarto trabajo para el que fue seleccionada la empresa "Arquitecto Julio César Villafañe" costó $ 123.000, según el TC (expediente Nº 3.888/321-S-2010). La auditora no pudo ubicar ni una sola de las 400 plataformas.
Bianchi, al ser cuestionado vía telefónica por LA GACETA sobre este tema, explicó que se destinaban ocho rampas a cada intersección, por lo que las obras impactaron en 105 esquinas. "Si no las pudieron encontrar es otra cosa. Pero repito que todo eso debe constar en la dirección Obras por Contrato", indicó. Y agregó: "hasta que me jubilé, todo estaba en orden".
El ex subdirector subrayó que, quizás, esos bloques de cemento para veredas con cordón cuneta fueron instalados en sitios que no constan en los expedientes. "No tenían destino propio", indicó. Por eso, resaltó, algunas de esas plataformas fueron trasladadas a ciudades del interior de la provincia. "Las rampas son fáciles de identificar porque dicen DAU", relató. Y añadió que se las iba ubicando en los sitios que estaban preparados para ello.
Bianchi remarcó que la empresa contratada por vía directa para estas tareas contaba con la habilitación de rigor. De todas maneras, aseveró que no podría garantizar que todas las plataformas estén en el lugar previsto. "No puedo garantizar que estén colocadas el 100%", aclaró el ex funcionario.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
