31 Agosto 2013
DENUNCIA. Elías de Pérez y su asesor, José Canelada, visitaron LA GACETA. LA GACETA / FOTO DE HECTOR PERALTA
Una auditoría elaborada por el Tribunal de Cuentas (TC) reveló nuevas -presuntas- irregularidades en las tareas que efectuó la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión de Miguel Ángel Brito, ex titular del organismo y actual asesor del senador alperovichista Sergio Mansilla.
El informe, que fue realizado hace casi cuatro meses pero salió a la luz hace unos días, da cuenta de decenas de obras que fueron abonadas por el Gobierno de la Provincia, pero no fueron ejecutadas por la DAU, denunció la legisladora radical Silvia Elías de Pérez.
La opositora, tras acceder a ese informe, remitió dos cartas documento (una al gobernador, José Alperovich; y otra al ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri) con el objetivo de que se agilice la pesquisa, que en un año ya pasó por tres fiscales de Instrucción. "Sólo con este informe, que está agregado a la causa desde mayo pasado, se corrobora la impunidad que reina en Tucumán. Los fiscales no pueden mirar para otro lado con tantas evidencias. Cuando lo hacen, el Poder Ejecutivo (PE) avanza como se le da la gana", afirmó la radical.
El inicio del caso
En agosto de 2012, Brito renunció tras un informe de LA GACETA, que daba cuenta de presuntos sobreprecios detectados en la restauración de la fachada de Casa de Gobierno. La auditoría que disparó la información, firmada por las autoridades del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), fue la punta del ovillo de una serie de supuestas irregularidades detectadas.
Sobre la base de varias versiones recogidas, Elías de Pérez acudió a los Tribunales. El expediente ya pasó por tres fiscales de Instrucción: Adriana Reinoso Cuello, de la VI Nominación (oficina original); Washington Navarro Dávila, de la V Nominación; y Arnoldo Suasnábar, de la VII Nominación.
Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal, por diferentes motivos, se excusaron de intervenir en la causa. En julio, el juzgado de Instrucción de la V Nominación, a cargo de Mirta del Valle Lenis de Vera, resolvió finalmente que la pesquisa recayera en la oficina del fiscal Suasnábar.
Elías de Pérez protestó porque hace más de un año realizó la denuncia, pero no hay imputados y no se realizaron medidas judiciales con premura. "El Tribunal de Cuentas le entregó a Reinoso Cuello la auditoría el 3 de mayo. Allí están acreditadas incontables irregularidades. Por ejemplo, los ingenieros fiscales detectaron que había cientos de rampas para discapacitados abonadas por la DAU, pero que jamás se colocaron. En una escuela para chicos discapacitados de Amaicha del Valle, los auditores hablaron con una docente, y esta les explicó que la construcción de un salón taller y de una casilla había sido realizada por estudiantes de Arquitectura de Francia, que estaban haciendo una pasantía. Pero esto figura como abonado por la DAU", afirmó la legisladora. Y agregó: "casualmente, para esa fecha, la fiscal adujo violencia moral y pidió apartarse del caso; sabía que estas pruebas alcanzaban para avanzar hacia la elevación a juicio".
La opositora, con el informe en mano, remarcó que "estas irregularidades" se produjeron gracias a una ley que permitía a la DAU realizar contrataciones directas. De esa manera, según la legisladora, la repartición pagó por servicios a empresas "fantasmas", y les adjudicó obras que no fueron construidas, tal como consignaron los ingenieros fiscales del TC.
"Hay cuestiones gravísimas en esta investigación, como el extravío de expedientes en la Dirección de Arquitectura, algo sobre lo que habíamos advertido a la fiscal Reinoso Cuello", remarcó Elías de Pérez. Además, insistió en que otra ex trabajadora de esa repartición, Lidia Figueroa, "es la verdadera dueña de empresas 'fantasma' como DC Construcciones".
Sobre la base de estos datos, la legisladora redactó dos cartas documento. Una fue enviada al gobernador. "Lo intimamos para que la Fiscalía de Estado se constituya como querellante en la causa, porque aquí se perjudicó el erario sin duda alguna", indicó. La otra nota fue elevada a De Mitri, con el objetivo de que "importa a la fiscalía actuante las instrucciones a los fines de lograr el impulso procesal que garantice la administración de justicia".
El informe, que fue realizado hace casi cuatro meses pero salió a la luz hace unos días, da cuenta de decenas de obras que fueron abonadas por el Gobierno de la Provincia, pero no fueron ejecutadas por la DAU, denunció la legisladora radical Silvia Elías de Pérez.
La opositora, tras acceder a ese informe, remitió dos cartas documento (una al gobernador, José Alperovich; y otra al ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri) con el objetivo de que se agilice la pesquisa, que en un año ya pasó por tres fiscales de Instrucción. "Sólo con este informe, que está agregado a la causa desde mayo pasado, se corrobora la impunidad que reina en Tucumán. Los fiscales no pueden mirar para otro lado con tantas evidencias. Cuando lo hacen, el Poder Ejecutivo (PE) avanza como se le da la gana", afirmó la radical.
El inicio del caso
En agosto de 2012, Brito renunció tras un informe de LA GACETA, que daba cuenta de presuntos sobreprecios detectados en la restauración de la fachada de Casa de Gobierno. La auditoría que disparó la información, firmada por las autoridades del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), fue la punta del ovillo de una serie de supuestas irregularidades detectadas.
Sobre la base de varias versiones recogidas, Elías de Pérez acudió a los Tribunales. El expediente ya pasó por tres fiscales de Instrucción: Adriana Reinoso Cuello, de la VI Nominación (oficina original); Washington Navarro Dávila, de la V Nominación; y Arnoldo Suasnábar, de la VII Nominación.
Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal, por diferentes motivos, se excusaron de intervenir en la causa. En julio, el juzgado de Instrucción de la V Nominación, a cargo de Mirta del Valle Lenis de Vera, resolvió finalmente que la pesquisa recayera en la oficina del fiscal Suasnábar.
Elías de Pérez protestó porque hace más de un año realizó la denuncia, pero no hay imputados y no se realizaron medidas judiciales con premura. "El Tribunal de Cuentas le entregó a Reinoso Cuello la auditoría el 3 de mayo. Allí están acreditadas incontables irregularidades. Por ejemplo, los ingenieros fiscales detectaron que había cientos de rampas para discapacitados abonadas por la DAU, pero que jamás se colocaron. En una escuela para chicos discapacitados de Amaicha del Valle, los auditores hablaron con una docente, y esta les explicó que la construcción de un salón taller y de una casilla había sido realizada por estudiantes de Arquitectura de Francia, que estaban haciendo una pasantía. Pero esto figura como abonado por la DAU", afirmó la legisladora. Y agregó: "casualmente, para esa fecha, la fiscal adujo violencia moral y pidió apartarse del caso; sabía que estas pruebas alcanzaban para avanzar hacia la elevación a juicio".
La opositora, con el informe en mano, remarcó que "estas irregularidades" se produjeron gracias a una ley que permitía a la DAU realizar contrataciones directas. De esa manera, según la legisladora, la repartición pagó por servicios a empresas "fantasmas", y les adjudicó obras que no fueron construidas, tal como consignaron los ingenieros fiscales del TC.
"Hay cuestiones gravísimas en esta investigación, como el extravío de expedientes en la Dirección de Arquitectura, algo sobre lo que habíamos advertido a la fiscal Reinoso Cuello", remarcó Elías de Pérez. Además, insistió en que otra ex trabajadora de esa repartición, Lidia Figueroa, "es la verdadera dueña de empresas 'fantasma' como DC Construcciones".
Sobre la base de estos datos, la legisladora redactó dos cartas documento. Una fue enviada al gobernador. "Lo intimamos para que la Fiscalía de Estado se constituya como querellante en la causa, porque aquí se perjudicó el erario sin duda alguna", indicó. La otra nota fue elevada a De Mitri, con el objetivo de que "importa a la fiscalía actuante las instrucciones a los fines de lograr el impulso procesal que garantice la administración de justicia".
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