Los riesgos de caer en un default legal

Enrique Kawamura - Director y docente de la maestría en economía de la Universidad de San Andrés

BUENOS AIRES,.- La decisión tomada por la presidenta Cristina Fernández, de reabrir el canje de bonos emitidos bajo jurisdicción legal de los Estados Unidos puede generar una serie de consecuencias a mediano plazo. El gobierno que asuma el poder, tras las elecciones de 2015, deberá afrontar esas dificultades.

De las propias cifras de la secretaría de Hacienda surge que no se generan los recursos suficientes para enfrentar los próximos vencimientos del Sector Público que se estiman, para 2014 , en unos U$S 8.500 millones. Frente a esta situación, es lógico pensar que termine siendo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el que financie los pagos, si el la Casa Rosada decide honrar los compromisos como hizo hasta 2012.

En junio, según información oficial, el monto de reservas de la autoridad monetaria era de U$S 37.000 millones, pero con una tendencia hacia la baja. En el primer semestre de 2013, la reducción en la cifra respecto de diciembre de 2012 fue de U$S 6.285 millones, es una disminución del 14,5%.

Si bien el stock de reservas debería ser suficiente para afrontar vencimientos de corto plazo, el remanente podría tomar valores en torno a U$S 15.000 millones o menos. Si esto ocurriese, o incluso antes de tocar estos montos, la reacción de los mercados financieros, especialmente el del dólar paralelo, podría generar mayor inestabilidad cambiaria.

Este es el mensaje que difundieron algunos académicos en los últimos años, y que evalúan la posibilidad de crisis bajo sistemas cambiarios duales y no muy diferentes, en algunos aspectos, al actual. Por otro lado, el canje de deuda que impulsa la Presidenta podría tener algún efecto positivo, en la medida que el Gobierno quiera dilatar la aparición de este escenario, y que los tenedores de bonos impagos, de jurisdicción estadounidense, no tengan en cuenta estos potenciales problemas.

Pasando al caso de los tenedores de bonos bajo jurisdicción argentina, resultaría para la administración de Fernández menos costoso hacer algún tipo de default sin caer en un default legal propiamente dicho. Es decir, encarar un canje unilateral en pesos al mismo tiempo que se induzca una devaluación del peso contra el dólar. Es verdad que esta opción no necesariamente resulta gratis: el propio sistema judicial argentino podría decretar algún tipo de ilegalidad en esta operatoria de canje forzoso.

Sin embargo, no sería extraño pensar que una parte de estos bonistas puedan anticipar esa posibilidad y, de ese modo, conjeturar la poca aceptación que expresarían ante la propuesta argentina. Esto podría ocurrir, no sólo por un asunto general de falta de confianza, sino porque puede haber razones más profundas para que este canje redunde, al menos eventualmente, en un posible default no declarado a uno de características técnicas, en un futuro no muy lejano. (DyN)