29 Agosto 2013
PREDIO PENITENCIARIO. La cárcel de Villa Urquiza, inaugurada en 1927, está ubicada en México al 1.200. LA GACETA / FOTO DE JOSE NUNO (ARCHIVO)
La interna oficialista podría tener un nuevo punto de desencuentro, tras las tensiones que generaron las PASO del 11 de agosto en los dos espacios más fuertes del Frente para la Victoria (FpV). La principal representante del amayismo en la Legislatura, Beatriz Ávila, presentó un proyecto de ley que propone declarar durante un año "la emergencia físico-funcional y sanitaria del Sistema Penitenciario de la Provincia, y de dependencias destinadas al alojamiento, custodia y guarda de las personas procesadas, detenidas o en cumplimiento de penas privativas de libertad por comisión de delitos".
Ávila, que preside la comisión de Salud de la Cámara, expresó en los fundamentos de la iniciativa severas críticas al estado de las prisiones tucumanas, que dependen del Ministerio de Seguridad Ciudadana, que dirige Jorge Gassenbauer. "Algo que nunca debe olvidarse es que los internos pasan sus años de condena con el objeto de rehabilitarse para volver a insertarse en la sociedad. Últimamente nada de esto está sucediendo, dado que no se cuenta con lo básico para llevar a cabo dicho objetivo. Dar la espalda o mirar hacia otro lado sería una irresponsabilidad de nuestra parte, ya que estas personas, si bien están condenadas por delitos que cometieron, no pueden vivir en condiciones infrahumanas o hacinados como animales", escribió la amayista.
El proyecto prevé que la cartera de Seguridad esté habilitada a trasladar, previa autorización del juez competente, a los detenidos alojados en establecimientos en emergencia "a aquellos lugares que a su juicio cuenten con las condiciones de seguridad e higiene adecuadas". Además, Ávila propone que se declare un proceso de reestructuración íntegra en el Sistema Penitenciario, en el plazo de un año de entrada en vigencia la norma, en "los aspectos organizativos, funcionales, operativos, laborales, administrativos y sanitarios". En los fundamentos, la amayista cuestionó la situación de las prisiones, y puso énfasis en lo sanitario. "En caso de enfermedad de algunos de los internos, la calidad y cantidad de los medicamentos es deficiente. Así también el personal médico afectado para dichas situaciones es escaso. Por lo tanto éste es uno de los tantos aspectos en lo que habrá que realizar serias modificaciones. Ni que hablar de la asistencia psicológica y rehabilitación", afirmó Ávila.
"Son positivas"
La amayista no es la primera en criticar el estado de las cárceles. En julio, la vocal de la Sala IV de la Cámara Penal, María del Pilar Prieto, informó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que la Unidad 1 del penal de Villa Urquiza está al borde del colapso.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, fue consultado por LA GACETA respecto del proyecto de Ávila. Y aunque explicó que no había sido consultado por el amayismo sobre la propuesta, afirmó: "todo lo que sea mejoramiento edilicio y de las condiciones de aquellas personas privadas de la libertad son positivas". Además, reveló que están analizando planes para reformar o trasladar alcaidías. "Pero no son cosas que puedan hacerse en un día o dos", aclaró. "Somos conscientes de que tenemos una cárcel que ya tiene sus años", explicó Hofer.
Ávila, que preside la comisión de Salud de la Cámara, expresó en los fundamentos de la iniciativa severas críticas al estado de las prisiones tucumanas, que dependen del Ministerio de Seguridad Ciudadana, que dirige Jorge Gassenbauer. "Algo que nunca debe olvidarse es que los internos pasan sus años de condena con el objeto de rehabilitarse para volver a insertarse en la sociedad. Últimamente nada de esto está sucediendo, dado que no se cuenta con lo básico para llevar a cabo dicho objetivo. Dar la espalda o mirar hacia otro lado sería una irresponsabilidad de nuestra parte, ya que estas personas, si bien están condenadas por delitos que cometieron, no pueden vivir en condiciones infrahumanas o hacinados como animales", escribió la amayista.
El proyecto prevé que la cartera de Seguridad esté habilitada a trasladar, previa autorización del juez competente, a los detenidos alojados en establecimientos en emergencia "a aquellos lugares que a su juicio cuenten con las condiciones de seguridad e higiene adecuadas". Además, Ávila propone que se declare un proceso de reestructuración íntegra en el Sistema Penitenciario, en el plazo de un año de entrada en vigencia la norma, en "los aspectos organizativos, funcionales, operativos, laborales, administrativos y sanitarios". En los fundamentos, la amayista cuestionó la situación de las prisiones, y puso énfasis en lo sanitario. "En caso de enfermedad de algunos de los internos, la calidad y cantidad de los medicamentos es deficiente. Así también el personal médico afectado para dichas situaciones es escaso. Por lo tanto éste es uno de los tantos aspectos en lo que habrá que realizar serias modificaciones. Ni que hablar de la asistencia psicológica y rehabilitación", afirmó Ávila.
"Son positivas"
La amayista no es la primera en criticar el estado de las cárceles. En julio, la vocal de la Sala IV de la Cámara Penal, María del Pilar Prieto, informó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que la Unidad 1 del penal de Villa Urquiza está al borde del colapso.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, fue consultado por LA GACETA respecto del proyecto de Ávila. Y aunque explicó que no había sido consultado por el amayismo sobre la propuesta, afirmó: "todo lo que sea mejoramiento edilicio y de las condiciones de aquellas personas privadas de la libertad son positivas". Además, reveló que están analizando planes para reformar o trasladar alcaidías. "Pero no son cosas que puedan hacerse en un día o dos", aclaró. "Somos conscientes de que tenemos una cárcel que ya tiene sus años", explicó Hofer.