28 Agosto 2013
CORRIENTES.- Dirigentes del Frente para la Victoria denunciaron ayer que el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, intenta realizar un "golpe institucional" en la provincia al desconocer un fallo del Superior Tribunal de Justicia que impugnó las candidaturas de 13 intendentes oficialistas que buscaban ser re-reelectos en los comicios de septiembre.
La denuncia fue encabezada por la diputada nacional Araceli Ferreyra, y un grupo de dirigentes del PJ y el Partido Liberal -aliados en la alianza del FpV-, en una conferencia de prensa.
Ferreyra adelantó que el FpV presentará una denuncia judicial por asociación ilícita contra el gobernador Colombi, la jueza electoral María Herminia Puig, el presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño y a los miembros que han estado incidiendo en desconocer el fallo del Superior Tribunal de Justicia y "ejerciendo presiones para lograr un cambio".
"Usar a la Justicia para fines propios, es haber llegado a un punto en el que se certifica la defunción del Estado de Derecho y la ruptura de Poderes", señaló la diputada, y aseguró que la denuncia será trasladada al fuero penal.
La legisladora apuntó que "para ésta denuncia solicitaremos cruces telefónicos que pongan al desnudo estas maniobras". Esto, dijo, "trasciende el mero hecho de un proceso electoral porque están en juego la democracia y la institucionalidad en Corrientes".
"El gobernador impulsó la re-reelección a un grupo de (intendentes) aliados, y ellos se vieron frustrados con el fallo acertado del Superior Tribunal de Justicia conocido ayer (lunes)", acotó el apoderado del PJ, Félix Pacayut, quien afirmó: "se está gestando un golpe institucional por parte del radicalismo". Consideró que la resolución del viernes de la Junta Electoral "es una burla".
Los dirigentes del FpV también acusaron al Gobierno correntino de ejercer "presiones inadmisibles" durante el fin de semana "para lograr la renuncia del presidente del Superior Tribunal de Justicia" Carlos Rubín, quien finalmente el lunes, y después de conocerse el fallo contra la re-reelección, presentó la dimisión al cargo ante el gobernador. "Está aceptada la renuncia", fue la respuesta de Colombi ante la prensa. Ayer, el silencio predominó en la Casa Rosada de Corrientes ante las duras denuncias de los legisladores y apoderados del FpV.
Desde la alianza Cambio Popular, el ex convencional constituyente de 2007, Armando Aquino Britos, sostuvo que la Junta Electoral debe cumplir y acatar el fallo del STJ y en función de los precedentes excluir a quienes estén en la marcada incompatibilidad con la Constitución provincial.
Aseguró -al igual que el FpV- que desde el Gobierno correntino "van a recusar a los miembros del STJ, para constituir un Superior Tribunal ad hoc para que le dicte un fallo especial en esta cuestión, para echar por tierra una decisión jurisdiccional absolutamente válida".
"Están en la búsqueda de funcionarios que se presten a la maniobra y revertir con una nulidad este precedente jurisprudencial asentado por el STJ", señaló Aquino Britos, quien milita en la fuerza del senador "Nito"Artaza. (DyN)
La denuncia fue encabezada por la diputada nacional Araceli Ferreyra, y un grupo de dirigentes del PJ y el Partido Liberal -aliados en la alianza del FpV-, en una conferencia de prensa.
Ferreyra adelantó que el FpV presentará una denuncia judicial por asociación ilícita contra el gobernador Colombi, la jueza electoral María Herminia Puig, el presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño y a los miembros que han estado incidiendo en desconocer el fallo del Superior Tribunal de Justicia y "ejerciendo presiones para lograr un cambio".
"Usar a la Justicia para fines propios, es haber llegado a un punto en el que se certifica la defunción del Estado de Derecho y la ruptura de Poderes", señaló la diputada, y aseguró que la denuncia será trasladada al fuero penal.
La legisladora apuntó que "para ésta denuncia solicitaremos cruces telefónicos que pongan al desnudo estas maniobras". Esto, dijo, "trasciende el mero hecho de un proceso electoral porque están en juego la democracia y la institucionalidad en Corrientes".
"El gobernador impulsó la re-reelección a un grupo de (intendentes) aliados, y ellos se vieron frustrados con el fallo acertado del Superior Tribunal de Justicia conocido ayer (lunes)", acotó el apoderado del PJ, Félix Pacayut, quien afirmó: "se está gestando un golpe institucional por parte del radicalismo". Consideró que la resolución del viernes de la Junta Electoral "es una burla".
Los dirigentes del FpV también acusaron al Gobierno correntino de ejercer "presiones inadmisibles" durante el fin de semana "para lograr la renuncia del presidente del Superior Tribunal de Justicia" Carlos Rubín, quien finalmente el lunes, y después de conocerse el fallo contra la re-reelección, presentó la dimisión al cargo ante el gobernador. "Está aceptada la renuncia", fue la respuesta de Colombi ante la prensa. Ayer, el silencio predominó en la Casa Rosada de Corrientes ante las duras denuncias de los legisladores y apoderados del FpV.
Desde la alianza Cambio Popular, el ex convencional constituyente de 2007, Armando Aquino Britos, sostuvo que la Junta Electoral debe cumplir y acatar el fallo del STJ y en función de los precedentes excluir a quienes estén en la marcada incompatibilidad con la Constitución provincial.
Aseguró -al igual que el FpV- que desde el Gobierno correntino "van a recusar a los miembros del STJ, para constituir un Superior Tribunal ad hoc para que le dicte un fallo especial en esta cuestión, para echar por tierra una decisión jurisdiccional absolutamente válida".
"Están en la búsqueda de funcionarios que se presten a la maniobra y revertir con una nulidad este precedente jurisprudencial asentado por el STJ", señaló Aquino Britos, quien milita en la fuerza del senador "Nito"Artaza. (DyN)
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