27 Agosto 2013
CONSUMO. Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirma un incremento de la venta informal en la ciudad. LA GACETA / FOTO DE INéS QUINTEROS ORIO
El crecimiento de la venta informal en San Miguel de Tucumán expuso ayer las posiciones del gobernador, José Alperovich, y del intendente capitalino, Domingo Amaya. Además, acentuó el debate sobre la real tasa de informalidad en el mercado laboral de la provincia.
"Es un problema del intendente de la capital Domingo Amaya", dijo primero el titular del Poder Ejecutivo ante la consulta periodísticas en torno del último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicó a la capital tucumana entre las cinco localidades del país con mayores números de puestos y mercados informales, con 1.238 puntos de referencia.
Luego, Amaya se refirió a los dichos de Alperovich: "Efectivamente es un problema nuestro, es un problema legal y de conciencia social, porque nosotros pregonamos que es una actividad ilegal que no permitimos".
El titular del Departamento Ejecutivo remarcó, sin embargo, que los operativos para erradicar la instalación de los trabajadores callejeros en el microcentro comercial, no incluirán acciones violentas. "No actuaremos como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se reprimió, aquí trabajamos para persuadir", señaló.
Por su parte, Claudio Robledo, referente del sindicato que representa a los ambulantes de la capital, ratificó la presencia de los puesteros y aclaró que no hubo "ningún arreglo" con la Municipalidad en relación a la "persuasión" enfatizada por Amaya. Aunque aclaró que hubo un reordenamiento en la actividad, por cantidad de vendedores por cuadra, por cuenta propia. "A los nuevos les pedimos que no se instalen", afirmó el dirigente.
"Esperamos que se cree una ordenanza para lograr una colocación programada. La idea es que no haya desbordes. La intención también es que haya una reglamentación para ingresar al sistema legal y dignificar nuestro trabajo", afirmó. "No somos problemas de nadie, somos trabajadores informales. Hay una falta total de disciplina por parte de los funcionarios, tanto de la Provincia como de la Municipalidad, para darnos una solución. Y esto no se soluciona sacando al vendedor, sino ordenando, pagando impuestos mínimos para pertenecer al sistema y aportar a la provincia", agregó Robledo.
La venta ilegal puso sobre la mesa ayer la discusión sobre la informalidad laboral, una realidad que inquieta a la Casa de Gobierno en estos momentos. El mandatario responsabilizó a la intendencia sobre el aumento del comercio informal, mientras anunciaba un aumento de las multas a empresas que no inscriban a sus empleados, montos que actualmente llegan hasta los $ 20.000 por trabajador.
En Tucumán, la informalidad existente al primer trimestre contuvo a un 45,5% de los asalariados del aglomerado urbano, es decir, más de 114.000 casos. El Secretario de Trabajo, Roberto Jiménez, indicó que los casos se detectaron en el Gran San Miguel, donde se efectúan la encuestas oficiales y los controles oficiales. "Nos encontramos con la situación que habíamos estimados con anterioridad", dijo.
"Es un problema del intendente de la capital Domingo Amaya", dijo primero el titular del Poder Ejecutivo ante la consulta periodísticas en torno del último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicó a la capital tucumana entre las cinco localidades del país con mayores números de puestos y mercados informales, con 1.238 puntos de referencia.
Luego, Amaya se refirió a los dichos de Alperovich: "Efectivamente es un problema nuestro, es un problema legal y de conciencia social, porque nosotros pregonamos que es una actividad ilegal que no permitimos".
El titular del Departamento Ejecutivo remarcó, sin embargo, que los operativos para erradicar la instalación de los trabajadores callejeros en el microcentro comercial, no incluirán acciones violentas. "No actuaremos como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se reprimió, aquí trabajamos para persuadir", señaló.
Por su parte, Claudio Robledo, referente del sindicato que representa a los ambulantes de la capital, ratificó la presencia de los puesteros y aclaró que no hubo "ningún arreglo" con la Municipalidad en relación a la "persuasión" enfatizada por Amaya. Aunque aclaró que hubo un reordenamiento en la actividad, por cantidad de vendedores por cuadra, por cuenta propia. "A los nuevos les pedimos que no se instalen", afirmó el dirigente.
"Esperamos que se cree una ordenanza para lograr una colocación programada. La idea es que no haya desbordes. La intención también es que haya una reglamentación para ingresar al sistema legal y dignificar nuestro trabajo", afirmó. "No somos problemas de nadie, somos trabajadores informales. Hay una falta total de disciplina por parte de los funcionarios, tanto de la Provincia como de la Municipalidad, para darnos una solución. Y esto no se soluciona sacando al vendedor, sino ordenando, pagando impuestos mínimos para pertenecer al sistema y aportar a la provincia", agregó Robledo.
La venta ilegal puso sobre la mesa ayer la discusión sobre la informalidad laboral, una realidad que inquieta a la Casa de Gobierno en estos momentos. El mandatario responsabilizó a la intendencia sobre el aumento del comercio informal, mientras anunciaba un aumento de las multas a empresas que no inscriban a sus empleados, montos que actualmente llegan hasta los $ 20.000 por trabajador.
En Tucumán, la informalidad existente al primer trimestre contuvo a un 45,5% de los asalariados del aglomerado urbano, es decir, más de 114.000 casos. El Secretario de Trabajo, Roberto Jiménez, indicó que los casos se detectaron en el Gran San Miguel, donde se efectúan la encuestas oficiales y los controles oficiales. "Nos encontramos con la situación que habíamos estimados con anterioridad", dijo.
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