27 Agosto 2013
BUENOS AIRES.- El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y su par Manuel Garrido (foto) presentaron una ampliación de la denuncia realizada el viernes pasado contra más de cinco funcionarios públicos por "severas irregularidades" en la licitación de represas en la provincia de Santa Cruz. La denuncia original incluía al ministro de Planificación, Julio De Vido, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi, y; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, entre otros. Ahora, los diputados apuntaron también a Jorge Omar Chueco, un abogado "acusado de lavar fondos a través de la financiera SGI" (alias "La Rosadita"), a quien acusan de haberse adjudicado "la mayor parte de las nuevas redes de transporte de electricidad que se hicieron en el país". Al mismo tiempo, advirtieron que el fundador la empresa de Chueco fue Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, la empresa que acaba de adjudicarse la construcción de las futuras represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic. (parlamentario.com)
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