25 Agosto 2013
Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, dos de los tres vocales de la sala II de la Cámara Penal acusados de presunto mal desempeño durante el caso María de los Ángeles Verón, recibieron una mala noticia en los Tribunales. Si bien el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento sigue paralizado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), a ese alto tribunal llegó un dictamen -no vinculante- del Ministerio Público Fiscal (MPF) aconsejando dar luz verde al jury.
El escrito de la representante del MPF, Elena Sangenis de Terraf (reemplazó al titular, Luis De Mitri, quien se excusó) avaló los actos que cuestionaron Romero Lascano y Piedrabuena (adhirió al planteo del primero): la acordada de la CSJT, que designó a los vocales Daniel Posse y René Goane para el jury, aunque formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) -funciones incompatibles, según la Constitución de Tucumá-; y el decreto del Poder Ejecutivo (PE), que nombró como su representante en el Jurado al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, pese a que la Constitución impide que el jury sea integrado por el gobernador y vicegobernador.
Sangenis de Terraf aconsejó el rechazo de la impugnación de los dos camaristas penales. Emilio Herrera Molina, el tercer vocal de la cuestionada Sala II de la Cámara Penal, está en trámite de jubilarse, luego de la disputa judicial que mantuvo con el PE (el gobernador, José Alperovich, había rechazado la renuncia con fines previsionales del magistrado).
Sentencia y denuncia
El año pasado, tras una década de instrucción, la causa "Marita" llegó a juicio. En diciembre, los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron por unanimidad a los 13 acusados, por faltas de pruebas. La madre de la víctima, Susana Trimarco, denunció a los magistrados en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Este comité, presidido por el alperovichista Sisto Terán Nougués, dio vía libre a la acusación, con un voto en contra.
Tras esto, el expediente debía pasar al Jurado de Enjuiciamiento integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados matriculados. Sin embargo, Romero Lascano acudió a la Justicia para objetar los actos de integración de ese instituto incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006.
En abril, el alto tribunal integrado por los camaristas Salvador Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo); Sergio Gandur (vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo de Antonio Gandur, vocal de la Corte) y Marcela Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Común) dictó una cautelar a favor de los magistrados que congeló el proceso de destitución hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La fiscala Sangenis de Terraf interpretó que la CSJT subsanó la incompatibilidad constitucional anulando la primera acordada de designación de Posse y Goane (luego estos renunciaron al CAM). "Un pronunciamiento actual sobre la inconstitucionalidad de la acordada que ya no tiene vigencia constituiría un análisis retroactivo, abstracto y de carácter general, que está vedado al órgano judicial", indicó, según fuentes judiciales. Respecto de la designación de Posse Ponessa por parte del PE, Sangenis de Terraf citó dos fallos de la CSJT en el que se sostiene que el proceso de enjuiciamiento "es político".
El escrito de la representante del MPF, Elena Sangenis de Terraf (reemplazó al titular, Luis De Mitri, quien se excusó) avaló los actos que cuestionaron Romero Lascano y Piedrabuena (adhirió al planteo del primero): la acordada de la CSJT, que designó a los vocales Daniel Posse y René Goane para el jury, aunque formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) -funciones incompatibles, según la Constitución de Tucumá-; y el decreto del Poder Ejecutivo (PE), que nombró como su representante en el Jurado al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, pese a que la Constitución impide que el jury sea integrado por el gobernador y vicegobernador.
Sangenis de Terraf aconsejó el rechazo de la impugnación de los dos camaristas penales. Emilio Herrera Molina, el tercer vocal de la cuestionada Sala II de la Cámara Penal, está en trámite de jubilarse, luego de la disputa judicial que mantuvo con el PE (el gobernador, José Alperovich, había rechazado la renuncia con fines previsionales del magistrado).
Sentencia y denuncia
El año pasado, tras una década de instrucción, la causa "Marita" llegó a juicio. En diciembre, los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron por unanimidad a los 13 acusados, por faltas de pruebas. La madre de la víctima, Susana Trimarco, denunció a los magistrados en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Este comité, presidido por el alperovichista Sisto Terán Nougués, dio vía libre a la acusación, con un voto en contra.
Tras esto, el expediente debía pasar al Jurado de Enjuiciamiento integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados matriculados. Sin embargo, Romero Lascano acudió a la Justicia para objetar los actos de integración de ese instituto incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006.
En abril, el alto tribunal integrado por los camaristas Salvador Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo); Sergio Gandur (vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo de Antonio Gandur, vocal de la Corte) y Marcela Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Común) dictó una cautelar a favor de los magistrados que congeló el proceso de destitución hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La fiscala Sangenis de Terraf interpretó que la CSJT subsanó la incompatibilidad constitucional anulando la primera acordada de designación de Posse y Goane (luego estos renunciaron al CAM). "Un pronunciamiento actual sobre la inconstitucionalidad de la acordada que ya no tiene vigencia constituiría un análisis retroactivo, abstracto y de carácter general, que está vedado al órgano judicial", indicó, según fuentes judiciales. Respecto de la designación de Posse Ponessa por parte del PE, Sangenis de Terraf citó dos fallos de la CSJT en el que se sostiene que el proceso de enjuiciamiento "es político".
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