25 Agosto 2013
Despejan el camino para el estudio de una reforma
Legisladores oficialistas y opositores, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces y letrados aprobaron por unanimidad el reglamento del comité. El grupo acordó apelar a la votación sólo cuando no haya consenso y debatir con público. Tregua para la disputa entre parlamentarios del Frente para la Victoria
EN PRO DE LOS TRIBUNALES PENALES. Un comité producirá propuestas para fortalecer al fuero judicial más sensible. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)
Fumaron la pipa de la paz y el humo de la concordia tapó -al menos durante un rato- las diferencias. Nada tuvo que ver la segunda reunión de la comisión especial para la reforma procesal penal con el encuentro inaugural. Aquella vez hubo tensión, desalojo de la prensa, un abandono de sala y, a la postre, "guerra" pública de cuestionamientos entre legisladores del Frente para la Victoria: por un lado, Gerónimo Vargas Aignasse; por el otro, Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer. Este viernes, en cambio, triunfaron la discusión educada, el acuerdo, la publicidad y el clima de camaradería.
El encuentro de casi dos horas y media de duración aparentemente satisfizo a todos los que participaron en él. Las posiciones divergentes se fundieron en dos definiciones unánimes: 1) el comité privilegiará el consenso y sólo irá a votación cuando no quede alternativa (pero en la propuesta de reforma del proceso penal quedará asentado el criterio de la minoría) y 2) el comité debatirá a puertas abiertas salvo que alguna situación excepcional justifique lo contrario. La adopción de estas reglas de juego habilitan a la comisión para empezar a trabajar en el objetivo que la Legislatura le encomendó: redactar una propuesta para enderezar a la encorvada Justicia Penal de Tucumán.
Preponderancia atenuada
La prensa estuvo vedada durante buena parte del debate. Pero, cuando el grupo adoptó al principio de la publicidad amplia, Caponio, presidente de la comisión, abrió la puerta del salón de la presidencia de la Legislatura antigua. El criterio finalmente abrazado fue promovido por Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Vargas Aignasse, el legislador radical Ariel García y el magistrado Carlos Caramuti (previamente, José Páez, parlamentario de la Democracia Cristiana, se había pronunciado en contra de debatir sin público). Entre los partidarios de restringir el acceso a la prensa estaban los parlamentarios alperovichistas Caponio, Gassenbauer (secretario de la comisión), Regino Racedo y Ramiro González Navarro, y el magistrado Eudoro Albo.
La idea de priorizar el consenso -sin excluir la votación- fue enunciada por Gassenbauer. Este mecanismo atenúa la preponderancia del oficialismo, que, en principio, tiene siete de los 13 sillones titulares de la comisión.
"Es una obligación de esta comisión que el anteproyecto salga por consenso. Sabemos que será muy difícil, pero es nuestro desafío en el ámbito de una iniciativa ambiciosa de los poderes del Estado y de la abogacía", resumió Caponio al término de la reunión. Respecto de la publicidad, el presidente del comité anticipó que también habrá una convocatoria a los ciudadanos e instituciones interesados en opinar sobre la reforma procesal penal. "Todo el que quiera podrá aportar su punto de vista", aseguró.
Unos y otros dijeron que el proyecto tiene buenas perspectivas. "Ya superamos nuestro punto de partida: un plan piloto armado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sin consultar a nadie. La comunidad ahora podrá saber de qué se trata el cambio propuesto al Código Procesal Penal", opinó el legislador García. "Logramos un diálogo muy fructífero", evaluó el parlamentario González Navarro. "No hizo falta votar para ponernos de acuerdo", precisó el fiscal Edgardo Sánchez. Paul Hofer, secretario de Seguridad, destacó que el trabajo exhibirá la máxima transparencia posible y añadió: "los distintos estamentos podemos y debemos unirnos".
"Quedó claro que nuestra tarea no se limitará a analizar el programa de la Corte", comentó Vargas Aignasse, que anticipó que tiene previsto concurrir al próximo encuentro (fijado para el 9 de septiembre) con su asesor ad hoc y ad honorem, Carlos "Chiqui" López, aspirante a juez seis veces vetado por el Poder Ejecutivo. En esa oportunidad, los miembros del comité recibirán un informe sobre el plan para fortalecer la investigación penal que el alto tribunal no pudo poner en marcha como consecuencia de planteos judiciales y de la resistencia de la Legislatura.
El encuentro de casi dos horas y media de duración aparentemente satisfizo a todos los que participaron en él. Las posiciones divergentes se fundieron en dos definiciones unánimes: 1) el comité privilegiará el consenso y sólo irá a votación cuando no quede alternativa (pero en la propuesta de reforma del proceso penal quedará asentado el criterio de la minoría) y 2) el comité debatirá a puertas abiertas salvo que alguna situación excepcional justifique lo contrario. La adopción de estas reglas de juego habilitan a la comisión para empezar a trabajar en el objetivo que la Legislatura le encomendó: redactar una propuesta para enderezar a la encorvada Justicia Penal de Tucumán.
Preponderancia atenuada
La prensa estuvo vedada durante buena parte del debate. Pero, cuando el grupo adoptó al principio de la publicidad amplia, Caponio, presidente de la comisión, abrió la puerta del salón de la presidencia de la Legislatura antigua. El criterio finalmente abrazado fue promovido por Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Vargas Aignasse, el legislador radical Ariel García y el magistrado Carlos Caramuti (previamente, José Páez, parlamentario de la Democracia Cristiana, se había pronunciado en contra de debatir sin público). Entre los partidarios de restringir el acceso a la prensa estaban los parlamentarios alperovichistas Caponio, Gassenbauer (secretario de la comisión), Regino Racedo y Ramiro González Navarro, y el magistrado Eudoro Albo.
La idea de priorizar el consenso -sin excluir la votación- fue enunciada por Gassenbauer. Este mecanismo atenúa la preponderancia del oficialismo, que, en principio, tiene siete de los 13 sillones titulares de la comisión.
"Es una obligación de esta comisión que el anteproyecto salga por consenso. Sabemos que será muy difícil, pero es nuestro desafío en el ámbito de una iniciativa ambiciosa de los poderes del Estado y de la abogacía", resumió Caponio al término de la reunión. Respecto de la publicidad, el presidente del comité anticipó que también habrá una convocatoria a los ciudadanos e instituciones interesados en opinar sobre la reforma procesal penal. "Todo el que quiera podrá aportar su punto de vista", aseguró.
Unos y otros dijeron que el proyecto tiene buenas perspectivas. "Ya superamos nuestro punto de partida: un plan piloto armado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sin consultar a nadie. La comunidad ahora podrá saber de qué se trata el cambio propuesto al Código Procesal Penal", opinó el legislador García. "Logramos un diálogo muy fructífero", evaluó el parlamentario González Navarro. "No hizo falta votar para ponernos de acuerdo", precisó el fiscal Edgardo Sánchez. Paul Hofer, secretario de Seguridad, destacó que el trabajo exhibirá la máxima transparencia posible y añadió: "los distintos estamentos podemos y debemos unirnos".
"Quedó claro que nuestra tarea no se limitará a analizar el programa de la Corte", comentó Vargas Aignasse, que anticipó que tiene previsto concurrir al próximo encuentro (fijado para el 9 de septiembre) con su asesor ad hoc y ad honorem, Carlos "Chiqui" López, aspirante a juez seis veces vetado por el Poder Ejecutivo. En esa oportunidad, los miembros del comité recibirán un informe sobre el plan para fortalecer la investigación penal que el alto tribunal no pudo poner en marcha como consecuencia de planteos judiciales y de la resistencia de la Legislatura.
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