22 Agosto 2013
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema resolvió ayer, mediante tres acordadas, la "inaplicabilidad" de tres leyes que forman parte del paquete de la reforma judicial, impulsada por el Gobierno y aprobada en el Congreso. Se trata de las iniciativas referidas al acceso a cargos judiciales por concursos, a la publicación de causas judiciales y a la publicidad de declaraciones juradas de funcionarios públicos, de los tres poderes, en Internet.
El 18 de junio pasado, el Máximo Tribunal ya había declarado la inconstitucionalidad de la nueva regulación del Consejo de la Magistratura. De esta manera, la Justicia estableció reparos frente a las otras tres leyes que formaban parte del proyecto de la Casa Rosada, que ya había despertado un fuerte rechazo de la oposición y de ONG.
En relación a la Ley 26.861, referida a los concursos públicos para el ingreso a cargos letrados y de empleados de maestranza, la Corte consideró que el régimen legal "no resulta aplicable en el ámbito del Tribunal" e invocó el artículo 113 de la Constitución Nacional, que establece que la Corte reglamentará el ingreso a la Justicia.
Respecto de las declaraciones juradas, la Corte declaró la "inaplicable" el artículo 6, que depositó en la Oficina Anticorrupción la aplicación de la norma. (Especial)
El 18 de junio pasado, el Máximo Tribunal ya había declarado la inconstitucionalidad de la nueva regulación del Consejo de la Magistratura. De esta manera, la Justicia estableció reparos frente a las otras tres leyes que formaban parte del proyecto de la Casa Rosada, que ya había despertado un fuerte rechazo de la oposición y de ONG.
En relación a la Ley 26.861, referida a los concursos públicos para el ingreso a cargos letrados y de empleados de maestranza, la Corte consideró que el régimen legal "no resulta aplicable en el ámbito del Tribunal" e invocó el artículo 113 de la Constitución Nacional, que establece que la Corte reglamentará el ingreso a la Justicia.
Respecto de las declaraciones juradas, la Corte declaró la "inaplicable" el artículo 6, que depositó en la Oficina Anticorrupción la aplicación de la norma. (Especial)
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