20 Agosto 2013
ROCES. En la primera cita hubo cruces entre legisladores del alperovichismo. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO)
Tras el paréntesis obligado por las elecciones primarias volverá a reunirse la comisión especial encargada de proponer una reforma para el proceso penal. En el encuentro de este viernes, los representantes del Poder Ejecutivo, la Justicia, la Legislatura, y los abogados tratarán la cuestión del reglamento que regirá al comité.
Esas reglas de juego incluyen dos aspectos capitales: 1) el mecanismo de adopción de decisiones (votación o consenso) y 2) el nivel de publicidad de las discusiones del grupo (apertura total al público y a la prensa o acceso más o menos restringido). El establecimiento de estos criterios de funcionamiento habilitará al grupo creado por la Legislatura a entrar en el análisis de la enmienda del Código Procesal Penal de Tucumán y de la Ley Orgánica de Tribunales.
En la reunión inaugural del 2 de agosto quedaron planteadas la diversidad de posiciones respecto del reglamento interno. Los legisladores oficialistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer, respectivos presidente y secretario de la comisión (elegidos por unanimidad con la abstención del legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse), anunciaron la intención de usar el modelo vigente para las comisiones de la Legislatura. Si esa propuesta se impone, el PE y los alperovichistas no necesitarán de la anuencia de los jueces y de los letrados para tomar decisiones.
El poder político concentra la mayor parte de los 13 sillones titulares de la comisión: entre la Legislatura y el Gobierno suman siete votos. La oposición parlamentaria tiene un titular; la Justicia, tres; la abogacía de la capital y del sur, uno cada una. Para evitar una "mayoría automática" voces minoritarias deslizaron la necesidad de aplicar la pauta del consenso.
Cada mecanismo tiene su pro y contra: la votación supone rapidez pero entraña el riesgo de trivializar la disidencia, mientras que el consenso implica marchar a paso lento en pos de buscar acuerdos que aumenten la legitimidad de la propuesta de enmienda. En la historia reciente de Tucumán hay ejemplos de ambos tipos: la mayoría automática alperovichista arrasó en la Convención Constituyente que reformó la Constitución en 2006; y el consenso se abrió paso en el Consejo Asesor de la Magistratura a partir de 2010.
Eventual contradicción
La otra cuestión inflamable es la publicidad de las reuniones de la comisión. En la primera junta, la prensa sólo pudo tomar imágenes. Durante ese contacto pasó de todo: el fiscal Edgardo Sánchez propuso a Caponio y Gassenbauer como autoridades, y el legislador Vargas Aignasse repudió esa moción.
En la reunión, Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, planteó el tema de la publicidad. Concluido el debate, Caponio se pronunció a favor de dar un acceso amplio a la prensa. "No hay nada que esconder", dijo. Gassenbauer puso el freno. "La mayoría decidirá si quiere o no que los periodistas estén presentes. Eso sí: siempre podrán tomar imágenes", anunció.
El poder político sería proclive a cerrar las discusiones con el argumento de que la solución contraria alienta sobreactuaciones, vanidades y episodios escandalosos como el que protagonizó Vargas Aignasse. Al respecto existe un antecedente reciente: la decisión de la comisión de Juicio Político presidida por el legislador oficialista Sisto Terán de prohibir la publicidad de las reuniones en las que sustanció el pedido de destitución presentado por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, contra los vocales de la Sala II de la Cámara Penal.
Si triunfa el criterio "Terán Nougués", la comisión especial podría debatir a puertas cerradas la necesidad de ampliar la transparencia de la investigación penal preparatoria mediante la celebración de audiencias orales y públicas. Esta fue la innovación principal del fallido "Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en el fuero penal" aprobado por la Corte Suprema de Justicia, que cayó en desgracia por el rechazo que este suscitó en la Legislatura.
Esas reglas de juego incluyen dos aspectos capitales: 1) el mecanismo de adopción de decisiones (votación o consenso) y 2) el nivel de publicidad de las discusiones del grupo (apertura total al público y a la prensa o acceso más o menos restringido). El establecimiento de estos criterios de funcionamiento habilitará al grupo creado por la Legislatura a entrar en el análisis de la enmienda del Código Procesal Penal de Tucumán y de la Ley Orgánica de Tribunales.
En la reunión inaugural del 2 de agosto quedaron planteadas la diversidad de posiciones respecto del reglamento interno. Los legisladores oficialistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer, respectivos presidente y secretario de la comisión (elegidos por unanimidad con la abstención del legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse), anunciaron la intención de usar el modelo vigente para las comisiones de la Legislatura. Si esa propuesta se impone, el PE y los alperovichistas no necesitarán de la anuencia de los jueces y de los letrados para tomar decisiones.
El poder político concentra la mayor parte de los 13 sillones titulares de la comisión: entre la Legislatura y el Gobierno suman siete votos. La oposición parlamentaria tiene un titular; la Justicia, tres; la abogacía de la capital y del sur, uno cada una. Para evitar una "mayoría automática" voces minoritarias deslizaron la necesidad de aplicar la pauta del consenso.
Cada mecanismo tiene su pro y contra: la votación supone rapidez pero entraña el riesgo de trivializar la disidencia, mientras que el consenso implica marchar a paso lento en pos de buscar acuerdos que aumenten la legitimidad de la propuesta de enmienda. En la historia reciente de Tucumán hay ejemplos de ambos tipos: la mayoría automática alperovichista arrasó en la Convención Constituyente que reformó la Constitución en 2006; y el consenso se abrió paso en el Consejo Asesor de la Magistratura a partir de 2010.
Eventual contradicción
La otra cuestión inflamable es la publicidad de las reuniones de la comisión. En la primera junta, la prensa sólo pudo tomar imágenes. Durante ese contacto pasó de todo: el fiscal Edgardo Sánchez propuso a Caponio y Gassenbauer como autoridades, y el legislador Vargas Aignasse repudió esa moción.
En la reunión, Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, planteó el tema de la publicidad. Concluido el debate, Caponio se pronunció a favor de dar un acceso amplio a la prensa. "No hay nada que esconder", dijo. Gassenbauer puso el freno. "La mayoría decidirá si quiere o no que los periodistas estén presentes. Eso sí: siempre podrán tomar imágenes", anunció.
El poder político sería proclive a cerrar las discusiones con el argumento de que la solución contraria alienta sobreactuaciones, vanidades y episodios escandalosos como el que protagonizó Vargas Aignasse. Al respecto existe un antecedente reciente: la decisión de la comisión de Juicio Político presidida por el legislador oficialista Sisto Terán de prohibir la publicidad de las reuniones en las que sustanció el pedido de destitución presentado por Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, contra los vocales de la Sala II de la Cámara Penal.
Si triunfa el criterio "Terán Nougués", la comisión especial podría debatir a puertas cerradas la necesidad de ampliar la transparencia de la investigación penal preparatoria mediante la celebración de audiencias orales y públicas. Esta fue la innovación principal del fallido "Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en el fuero penal" aprobado por la Corte Suprema de Justicia, que cayó en desgracia por el rechazo que este suscitó en la Legislatura.
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