19 Agosto 2013
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) se propone "destrabar" esta semana el delicado proceso de selección de un vocal para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción (tribunal con jurisdicción en toda la provincia). Ese concurso, que fue abierto por la renuncia de Elva GracielaJiménez (hermana de EdmundoJiménez, ministro de Gobierno y Justicia), permanece detenido -desde abril- en la definición del jurado que confeccionará, administrará y corregirá la prueba escrita.
Antes del receso de invierno, los consejeros habían acordado integrar ese tribunal ad hoc con una mayoría de miembros foráneos, pese a que el reglamento del CAM se contenta con que al menos uno de los tres jurados provenga de otra jurisdicción y a que este estándar mínimo había sido la práctica usual en el pasado.
Este texto preceptúa que cada vez que haya una vacante, el órgano procederá a designar un tribunal formado por tres miembros titulares y otros tantos suplentes a partir de la lista previamente elaborada por el Consejo de modo tal que el jurado quede integrado, por lo menos, por un abogado, un juez o funcionario de la Constitución y un profesor de derecho, y sus respectivos suplentes (la función es ejercida a título gratuito).
La decisión de aumentar el número de evaluadores foráneos se supone que incrementará la garantía de imparcialidad (en principio, afectará a los jurados de la magistratura y la academia; el jurado de la abogacía procederá de la matrícula local). Previamente, los consejeros habían optado por excluir del cuerpo que supervisará la oposición a los miembros del tribunal colegiado al que pertenece el cargo en trámite de cobertura.
Ese criterio imperó en la reciente conformación del jurado del concurso de la Sala I de la Cámara en Familia y Sucesiones de la capital: por los magistrados, Gabriela Moreno de Ugarte (titular) y Fabián Faraoni (suplente); por los académicos, María Victoria Pelegrini (titular) y Marisa Herrera (suplente) y por los abogados, Juan Carlos de la Silva (titular) y Marcelo Juan Alberto Billone (suplente). En la sesión del viernes 9, el CAM programó la prueba escrita para este miércoles. Esta es la cuarta vez que el órgano se dispone a cubrir esta vacante, tras los intentos frustrados de 2010, 2011 y 2012.
Pero la formación de tribunales de la oposición con jurados de afuera implica viajes y coordinación de agendas y, por ende, complica el trámite. Es lo que ocurrió respecto del jurado para el concurso del cargo que perteneció a Jiménez, donde el CAM diseñó el siguiente esquema: por los magistrados, Daniel Obligado (titular) y Alicia Freidemberg (suplente); por los académicos, Daniel Rafecas (titular) y Ana Lía Castillo de Ayusa (suplente) y por los abogados, Ángel Paliza (titular) y Eudoro Aráoz (suplente). El jurado así formado no prosperó por el rechazo de la designación de Rafecas.
El CAM tiene previsto cerrar el asunto en la próxima sesión. A continuación, los 19 interesados en la vocalía de la Cámara de Apelaciones podrán rendir la prueba. Entre los inscriptos hay un juez, funcionarios y políticos. En ese último grupo se destacan Enrique Pedicone, ex intendente de Monteros y ex legislador, y Carlos Guido Cattáneo, subsecretario del Ministerio de Gobierno y Justicia. El abogado también fue asesor de Beatriz Rojkés de Alperovich en el Senado de la Nación.
Antes del receso de invierno, los consejeros habían acordado integrar ese tribunal ad hoc con una mayoría de miembros foráneos, pese a que el reglamento del CAM se contenta con que al menos uno de los tres jurados provenga de otra jurisdicción y a que este estándar mínimo había sido la práctica usual en el pasado.
Este texto preceptúa que cada vez que haya una vacante, el órgano procederá a designar un tribunal formado por tres miembros titulares y otros tantos suplentes a partir de la lista previamente elaborada por el Consejo de modo tal que el jurado quede integrado, por lo menos, por un abogado, un juez o funcionario de la Constitución y un profesor de derecho, y sus respectivos suplentes (la función es ejercida a título gratuito).
La decisión de aumentar el número de evaluadores foráneos se supone que incrementará la garantía de imparcialidad (en principio, afectará a los jurados de la magistratura y la academia; el jurado de la abogacía procederá de la matrícula local). Previamente, los consejeros habían optado por excluir del cuerpo que supervisará la oposición a los miembros del tribunal colegiado al que pertenece el cargo en trámite de cobertura.
Ese criterio imperó en la reciente conformación del jurado del concurso de la Sala I de la Cámara en Familia y Sucesiones de la capital: por los magistrados, Gabriela Moreno de Ugarte (titular) y Fabián Faraoni (suplente); por los académicos, María Victoria Pelegrini (titular) y Marisa Herrera (suplente) y por los abogados, Juan Carlos de la Silva (titular) y Marcelo Juan Alberto Billone (suplente). En la sesión del viernes 9, el CAM programó la prueba escrita para este miércoles. Esta es la cuarta vez que el órgano se dispone a cubrir esta vacante, tras los intentos frustrados de 2010, 2011 y 2012.
Pero la formación de tribunales de la oposición con jurados de afuera implica viajes y coordinación de agendas y, por ende, complica el trámite. Es lo que ocurrió respecto del jurado para el concurso del cargo que perteneció a Jiménez, donde el CAM diseñó el siguiente esquema: por los magistrados, Daniel Obligado (titular) y Alicia Freidemberg (suplente); por los académicos, Daniel Rafecas (titular) y Ana Lía Castillo de Ayusa (suplente) y por los abogados, Ángel Paliza (titular) y Eudoro Aráoz (suplente). El jurado así formado no prosperó por el rechazo de la designación de Rafecas.
El CAM tiene previsto cerrar el asunto en la próxima sesión. A continuación, los 19 interesados en la vocalía de la Cámara de Apelaciones podrán rendir la prueba. Entre los inscriptos hay un juez, funcionarios y políticos. En ese último grupo se destacan Enrique Pedicone, ex intendente de Monteros y ex legislador, y Carlos Guido Cattáneo, subsecretario del Ministerio de Gobierno y Justicia. El abogado también fue asesor de Beatriz Rojkés de Alperovich en el Senado de la Nación.
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