Por Irene Benito
15 Agosto 2013
Emilio Herrera Molina jamás imaginó que iba a terminar su carrera en la magistratura rogando clemencia al poder político. Amargo ha sido el retiro para un juez apreciado en Tribunales por su bonhomía, que pudo jubilarse antes del juicio oral del caso "Verón" y no lo hizo para no seguir entorpeciendo un proceso de casi diez años por demás entorpecido.
El "pecado" de Herrera Molina fue juzgar, y juzgar como juzgó. La independencia judicial parece una excepción en Tucumán, donde cada vez son más y más frecuentes las noticias que exponen a jueces interesados en escabullir el bulto de las causas "sensibles" para la comunidad y el sistema institucional.
Ningún estrado estaba precisamente deseoso por agarrar la brasa ardiente del caso "Verón": un sorteo (el azar) colocó ese expediente enigmático y emblemático en la esfera de la Sala II de la Cámara Penal. El juicio acabó en absolución y escándalo, y la guillotina política se puso en marcha.
Alperovich nunca había negado la renuncia a ningún juez. Sobran los nudillos de una mano para contar los casos en que un poder ejecutivo argentino obligó a un magistrado a permanecer en el cargo contra su voluntad. El gobernador se mantuvo en sus trece -los trece de Susana Trimarco- pese a que en marzo supo fehacientemente que Herrera Molina padecía cáncer. La notificación corrió por cuenta de Rodolfo Novillo, camarista respetuoso de los derechos humanos y las instituciones. El Gobierno no escuchó y siguió adelante enceguecido, para horror de la corporación judicial. De la suerte del juez enfermo dependía la jubilación futura de los demás magistrados de la provincia.
En la Corte, el pleito chocó contra la guerra de guerrillas internas. El tira y afloja fue infernal. La especulación de los que tienen el poder y desean conservarlo o acrecentarlo se coló por cada poro del expediente. Todos invocaron la urgencia del juez suplicante, pero lo cierto es que la sentencia que confirmó la solución dada por Novillo (en compañía de Ebe López Piossek y del disidente parcial Carlos Giovanniello) apareció después de un trimestre y cuando el propio Gobierno, al que no le convenía cargar con una eventual desgracia, ya había dado señales de que aceptaría la dimisión. La clemencia triunfó tras 231 días de humillación y cálculo político en la cima del Poder Judicial.
El "pecado" de Herrera Molina fue juzgar, y juzgar como juzgó. La independencia judicial parece una excepción en Tucumán, donde cada vez son más y más frecuentes las noticias que exponen a jueces interesados en escabullir el bulto de las causas "sensibles" para la comunidad y el sistema institucional.
Ningún estrado estaba precisamente deseoso por agarrar la brasa ardiente del caso "Verón": un sorteo (el azar) colocó ese expediente enigmático y emblemático en la esfera de la Sala II de la Cámara Penal. El juicio acabó en absolución y escándalo, y la guillotina política se puso en marcha.
Alperovich nunca había negado la renuncia a ningún juez. Sobran los nudillos de una mano para contar los casos en que un poder ejecutivo argentino obligó a un magistrado a permanecer en el cargo contra su voluntad. El gobernador se mantuvo en sus trece -los trece de Susana Trimarco- pese a que en marzo supo fehacientemente que Herrera Molina padecía cáncer. La notificación corrió por cuenta de Rodolfo Novillo, camarista respetuoso de los derechos humanos y las instituciones. El Gobierno no escuchó y siguió adelante enceguecido, para horror de la corporación judicial. De la suerte del juez enfermo dependía la jubilación futura de los demás magistrados de la provincia.
En la Corte, el pleito chocó contra la guerra de guerrillas internas. El tira y afloja fue infernal. La especulación de los que tienen el poder y desean conservarlo o acrecentarlo se coló por cada poro del expediente. Todos invocaron la urgencia del juez suplicante, pero lo cierto es que la sentencia que confirmó la solución dada por Novillo (en compañía de Ebe López Piossek y del disidente parcial Carlos Giovanniello) apareció después de un trimestre y cuando el propio Gobierno, al que no le convenía cargar con una eventual desgracia, ya había dado señales de que aceptaría la dimisión. La clemencia triunfó tras 231 días de humillación y cálculo político en la cima del Poder Judicial.
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