10 Agosto 2013
EN ACCIÓN. Efectivos de la policía de San Pablo, en un procedimiento.
BRASILIA.- El coronel César Augusto Morelli, jefe de la Tropa de Choque de la Policía Militarizada de San Pablo, fue destituido ayer por las denuncias de haber reprimido en forma violenta contra las protestas masivas que comenzaron en junio. La decisión fue tomada por el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, tras evaluar el desempeño irregular de los efectivos antidisturbios.
Las inicialmente pequeñas manifestaciones contra el aumento del precio del colectivo se transformaron en masivas marchas que incluyeron reclamos de mejoras en los servicios públicos y el repudio de la corrupción estatal. En el notorio incremento en la participación social influyó la violencia policial, que fue uno de los puntos incluidos en las quejas ciudadanas. La Policía agredió y lesionó a más de un centenar de manifestantes y a una docena de periodistas.
A dos meses de las concentraciones que movilizaron a más de un millón de personas, los actos perdieron fuerza en la mayoría de las capitales brasileñas, salvo en San Pablo y en Río de Janeiro, donde se registran marchas a diario en reclamo de la renuncia de Alckmin y su par fluminense, Sergio Cabral.
Gas pimienta
Ayer, un grupo de manifestantes mantenía ocupada la sede de la Cámara Municipal de Río (similar a un Concejo Deliberante), luego de enfrentamientos con policías que intentaron evitar la invasión de ese edificio y del de la Asamblea Legislativa local. Los activistas ingresaron en pequeños grupos antes del inicio de la protesta, y anunciaron su decisión de permanecer en el lugar. Los efectivos lograron desalojar la Asamblea al lanzar gas pimienta, pero no pudieron hacerlo con la Cámara, pese a que cortaron la luz y el agua.
Antes de la ocupación, los ediles habían creado una comisión para investigar el sistema de colectivos de la ciudad, y habían encomendado la tarea a dos concejales aliados al alcalde Eduardo Paes, responsable de las concesiones para las empresas privadas de transporte público. Esta decisión fue duramente criticada por los manifestantes, que portaban pancartas en las que tildaban a los políticos de "ladrones" y "mafiosos" y que acusaron al diputado oficialista, Chiquinho Brazao, de tener vínculo con parapoliciales que cometen asesinatos y extorsiones en comunidades pobres. (DPA-Télam)
Cárcel a un senador
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a cuatro años, ocho meses y 26 días de cárcel y al pago de una multa de U$S 88.000 al senador Ivo Cassol, del Partido Progresista (aliado al Gobierno), al hallarlo culpable de fraudes en 12 licitaciones públicas realizadas entre 1998 y 2002, cuando era alcalde del municipio amazónico de Rolim de Moura. El Congreso debe definir si lo despoja de la banca que obtuvo en 2010. (DPA)
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