09 Agosto 2013
PARANÁ.- El procurador General de Entre Ríos, Jorge García, reafirmó ayer que apelará el fallo que sobreseyó al ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, quien estaba acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre 1984 y 1992.
"Vamos a agotar hasta las últimas instancias para que esto se investigue penalmente y este señor, no solamente no vuelva a la capilla, sino que vaya con sus huesos a la cárcel", sostuvo García. A principios de esta semana, la Sala I de la Cámara del Crimen entrerriana concluyó que la causa contra Ilarraz prescribió por el paso del tiempo.
El "padre Justo", como lo conocían en Tucumán, estuvo al frente de una iglesia de Monteros hasta que estalló el escándalo en septiembre del año pasado. El procurador General de Entre Ríos explicó que si el fallo queda firme no habría restricciones para que Ilarraz vuelva a hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio Ñuñorco de Monteros.
El abogado Jorge Muñoz, quien defiende al religioso en Tucumán, manifestó el martes que Ilarraz le confesó su deseo de volver a Monteros. "La Iglesia lo va a separar porque estos hechos ocurrieron y las víctimas siguen siendo víctimas", consideró, por su parte, el procurador García. "Uno de los argumentos interesantes para continuar con la investigación es que el Papa (Francisco) ha condenado esta clase de hechos como aberrantes y ha puesto énfasis en que no se va a ocultar ni a proteger a ninguno de estos actores", agregó el funcionario judicial.
Las víctimas se animaron
Los supuestos abusos sexuales que habría cometido Ilarraz habrían ocurrido cuando el cura estaba al frente del Seminario Menor de Paraná. Sin embargo, el entonces arzobispo Estanislao Karlic nunca habría comunicado de esta situación a la Justicia. En septiembre del año pasado, algunas supuestas víctimas decidieron presentarse en los tribunales penales de Entre Ríos para contar sus historias.
Ilarraz fue un estrecho colaborador de Karlic, actualmente integrante del Colegio Cardenalicio del Vaticano, quien en 1995 dispuso una investigación diocesana para esclarecer el hecho. En esa ocasión se escuchó el testimonio de algunas víctimas de los abusos sexuales del cura. A Ilarraz se le aplicó una sanción simbólica que le prohibía volver a la diócesis local y tomar contacto con los seminaristas.
El cura fue enviado a Roma por el propio Karlic y, al regresar, se distanció un tiempo del sacerdocio, se radicó en Buenos Aires y más tarde fue designado párroco en Monteros, donde ejerció el sacerdocio hasta que se hicieron públicas las denuncias.
En la causa estuvieron citados a declarar por el juez Alejandro Grippo los tres últimos arzobispos de Paraná, Juan Alberto Puiggari; Mario Luis Bautista Maulión, y Karlic, y el obispo de la diócesis de Concepción, Tucumán, José María Rossi. "Este es un delito cometido hace 20 años. Por lo tanto es normal que haya ocurrido la prescripción", dijo el abogado Marciano Martínez, representante de Karlic. "Es un delito de acción privada. Los padres tendrían que haber hecho la denuncia", remarcó el letrado. (Télam)
"Vamos a agotar hasta las últimas instancias para que esto se investigue penalmente y este señor, no solamente no vuelva a la capilla, sino que vaya con sus huesos a la cárcel", sostuvo García. A principios de esta semana, la Sala I de la Cámara del Crimen entrerriana concluyó que la causa contra Ilarraz prescribió por el paso del tiempo.
El "padre Justo", como lo conocían en Tucumán, estuvo al frente de una iglesia de Monteros hasta que estalló el escándalo en septiembre del año pasado. El procurador General de Entre Ríos explicó que si el fallo queda firme no habría restricciones para que Ilarraz vuelva a hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio Ñuñorco de Monteros.
El abogado Jorge Muñoz, quien defiende al religioso en Tucumán, manifestó el martes que Ilarraz le confesó su deseo de volver a Monteros. "La Iglesia lo va a separar porque estos hechos ocurrieron y las víctimas siguen siendo víctimas", consideró, por su parte, el procurador García. "Uno de los argumentos interesantes para continuar con la investigación es que el Papa (Francisco) ha condenado esta clase de hechos como aberrantes y ha puesto énfasis en que no se va a ocultar ni a proteger a ninguno de estos actores", agregó el funcionario judicial.
Las víctimas se animaron
Los supuestos abusos sexuales que habría cometido Ilarraz habrían ocurrido cuando el cura estaba al frente del Seminario Menor de Paraná. Sin embargo, el entonces arzobispo Estanislao Karlic nunca habría comunicado de esta situación a la Justicia. En septiembre del año pasado, algunas supuestas víctimas decidieron presentarse en los tribunales penales de Entre Ríos para contar sus historias.
Ilarraz fue un estrecho colaborador de Karlic, actualmente integrante del Colegio Cardenalicio del Vaticano, quien en 1995 dispuso una investigación diocesana para esclarecer el hecho. En esa ocasión se escuchó el testimonio de algunas víctimas de los abusos sexuales del cura. A Ilarraz se le aplicó una sanción simbólica que le prohibía volver a la diócesis local y tomar contacto con los seminaristas.
El cura fue enviado a Roma por el propio Karlic y, al regresar, se distanció un tiempo del sacerdocio, se radicó en Buenos Aires y más tarde fue designado párroco en Monteros, donde ejerció el sacerdocio hasta que se hicieron públicas las denuncias.
En la causa estuvieron citados a declarar por el juez Alejandro Grippo los tres últimos arzobispos de Paraná, Juan Alberto Puiggari; Mario Luis Bautista Maulión, y Karlic, y el obispo de la diócesis de Concepción, Tucumán, José María Rossi. "Este es un delito cometido hace 20 años. Por lo tanto es normal que haya ocurrido la prescripción", dijo el abogado Marciano Martínez, representante de Karlic. "Es un delito de acción privada. Los padres tendrían que haber hecho la denuncia", remarcó el letrado. (Télam)