30 Julio 2013
La Corte deja sin efecto un polémico plan piloto
El proyecto de reforma procesal penal regresa a foja cero para "buscar el camino del consentimiento total" entre los poderes del Estado. El programa aprobado por el alto tribunal debía comenzar a funcionar en abril, en Concepción. El centro judicial Monteros se queda sin representante en la comisión especial
El "Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio", que pretendía modificar leyes procesales penales y orgánicas sin pasar por el correspondiente trámite legislativo, "murió" este miércoles antes de ser aplicado. Ese día, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) firmó la acordada 592, que deja sin efecto la reglamentación del programa; la adopción de un mecanismo experimental de conciliación penal, y la designación de coordinadores.
La decisión está inspirada en la "búsqueda del camino del consentimiento total" para la reforma legislativa del proceso penal. Ese consenso ha de surgir de la comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del Estado, y de los colegios de abogados de la capital y del sur.
El comité no estaba previsto inicialmente, sino que nació sobre la marcha, cuando la Corte se vio obligada a postergar indefinidamente el debut del plan en Concepción -previsto para el 15 de abril- como consecuencia de la judicialización de la iniciativa (hay tres amparos pendientes de resolución en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). En paralelo, legisladores oficialistas y de la oposición habían manifestado su rechazo al modus operandi de la Corte, que diseñó el proyecto con el asesoramiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Pese a todo...
"Este alto tribunal -con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal- comenzó a preparar, a partir de 2012, un proceso de profundización del sistema acusatorio vigente en la provincia (desde 1991) por considerar necesario, por un lado, aggionar nuestro procedimiento a las nuevas doctrinas y técnicas y, por otra parte, como una forma de dar respuesta válida a los reclamos de la sociedad", expresa la acordada firmada por los vocales Antonio Estofán (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Daniel Posse, y por el titular del Ministerio Público Fiscal, Luis De Mitri (la vocal Claudia Sbdar, que estaba de licencia, tampoco había firmado las acordadas dejadas sin efecto). La Corte quería probar el nuevo sistema en Concepción y Monteros para obtener información que permitiese remodelar la investigación penal preparatoria en toda la provincia. Este modelo propone superar la "lógica del expediente" mediante la implementación del legajo informal; especializar y "oralizar" la investigación, y dotarla de la máxima publicidad posible, entre otros cambios.
"Pese al camino previo a la implementación de dicho plan piloto, donde hubo conferencias con especialistas del Inecip; cursos en otras jurisdicciones; estudios psicológicos para reubicar al personal; preparación de la infraestructura tanto inmobiliaria como informática.., algunos agentes demostraron no estar compenetrados con la necesidad de transitar esta experiencia operativa, lo que generó acciones judiciales", relató la Corte sin nombrar a los amparistas: los defensores María Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete, y los letrados Nicolás Pedro Brito (también asesor del legislador oficialista José Teri) y Eduardo Alberto Monteros. Al despliegue enumerado en la acordada 592 conviene sumar el precio del contrato con el Inecip, que hasta mayo había cobrado $ 82.000.
A título documental
La Corte dijo que entendía que el objetivo de la comisión creada por la Legislatura era idéntico al que había motivado su fallido plan piloto. También dispuso remitir a ese comité las acordadas anuladas y otros convenios vinculados al tema a título de "documentos de trabajo" susceptibles de revisión.
El alto tribunal asignó oficialmente la defensa de su iniciativa a los camaristas capitalinos Carlos Caramuti y Ana Lía Castillo de Ayusa, y a Edgardo Sánchez, fiscal de Concepción (el magistrado Eudoro Albo; la fiscala Adriana Giannoni y el defensor Hernán Molina intervendrán como suplentes). Ese equipo, que no tiene representación del centro judicial Monteros, se reunirá con los "embajadores" de los otros poderes y de los colegios profesionales para elaborar un proyecto superador de las diferencias que suscitó el controvertido plan piloto.
La decisión está inspirada en la "búsqueda del camino del consentimiento total" para la reforma legislativa del proceso penal. Ese consenso ha de surgir de la comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del Estado, y de los colegios de abogados de la capital y del sur.
El comité no estaba previsto inicialmente, sino que nació sobre la marcha, cuando la Corte se vio obligada a postergar indefinidamente el debut del plan en Concepción -previsto para el 15 de abril- como consecuencia de la judicialización de la iniciativa (hay tres amparos pendientes de resolución en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). En paralelo, legisladores oficialistas y de la oposición habían manifestado su rechazo al modus operandi de la Corte, que diseñó el proyecto con el asesoramiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Pese a todo...
"Este alto tribunal -con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal- comenzó a preparar, a partir de 2012, un proceso de profundización del sistema acusatorio vigente en la provincia (desde 1991) por considerar necesario, por un lado, aggionar nuestro procedimiento a las nuevas doctrinas y técnicas y, por otra parte, como una forma de dar respuesta válida a los reclamos de la sociedad", expresa la acordada firmada por los vocales Antonio Estofán (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Daniel Posse, y por el titular del Ministerio Público Fiscal, Luis De Mitri (la vocal Claudia Sbdar, que estaba de licencia, tampoco había firmado las acordadas dejadas sin efecto). La Corte quería probar el nuevo sistema en Concepción y Monteros para obtener información que permitiese remodelar la investigación penal preparatoria en toda la provincia. Este modelo propone superar la "lógica del expediente" mediante la implementación del legajo informal; especializar y "oralizar" la investigación, y dotarla de la máxima publicidad posible, entre otros cambios.
"Pese al camino previo a la implementación de dicho plan piloto, donde hubo conferencias con especialistas del Inecip; cursos en otras jurisdicciones; estudios psicológicos para reubicar al personal; preparación de la infraestructura tanto inmobiliaria como informática.., algunos agentes demostraron no estar compenetrados con la necesidad de transitar esta experiencia operativa, lo que generó acciones judiciales", relató la Corte sin nombrar a los amparistas: los defensores María Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete, y los letrados Nicolás Pedro Brito (también asesor del legislador oficialista José Teri) y Eduardo Alberto Monteros. Al despliegue enumerado en la acordada 592 conviene sumar el precio del contrato con el Inecip, que hasta mayo había cobrado $ 82.000.
A título documental
La Corte dijo que entendía que el objetivo de la comisión creada por la Legislatura era idéntico al que había motivado su fallido plan piloto. También dispuso remitir a ese comité las acordadas anuladas y otros convenios vinculados al tema a título de "documentos de trabajo" susceptibles de revisión.
El alto tribunal asignó oficialmente la defensa de su iniciativa a los camaristas capitalinos Carlos Caramuti y Ana Lía Castillo de Ayusa, y a Edgardo Sánchez, fiscal de Concepción (el magistrado Eudoro Albo; la fiscala Adriana Giannoni y el defensor Hernán Molina intervendrán como suplentes). Ese equipo, que no tiene representación del centro judicial Monteros, se reunirá con los "embajadores" de los otros poderes y de los colegios profesionales para elaborar un proyecto superador de las diferencias que suscitó el controvertido plan piloto.
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