El Gobierno elevó a $ 3 millones los montos de las sanciones por la quema de cañaverales

La quema en campos volvió a poner en vilo a las poblaciones de la provincia y obligó a los equipos de defensa civil y a la policía a realizar trabajos de contención, como ocurrió en los barrios 60 Viviendas y San José, en la localidad de Bella Vista. El sábado y ayer se registraron denuncias por 31 focos de incendios considerados "graves", de los cuales más de un 50% correspondió a fuego en cañaverales.

Sólo durante sábado hubo 18 llamados por quema en lotes de caña de azúcar, cuatro en pastizales (en banquinas, entre otros tipos) y dos en basurales, según datos de Defensa Civil (DC) de la provincia.

"En lo que va del año, fue la jornada más crítica. Hubo casos antes de la ola de frío (desde el lunes hasta el miércoles), pero tras las heladas la situación se activó", dijo Fernando Torres, director de DC. El funcionario explicó que la quema es una práctica que se repite cada año y que julio y agosto son los meses con mayor actividad ígnea entre los 12 meses. "Hay una constante por el tema de zafra", admitió Torres, respecto de las denuncias por fuego en los cañaverales.

El titular de DC aclaró que, por ahora, no se registraron evacuaciones de familias y traslados a centros comunitarios. "En algunos casos se sofocó el fuego y en otros, se hizo prevención para evitar la expansión del fuego", aclaró.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente (SEMA), Alfredo Montalván, afirmó que la situación de sequía ha elevado el estado de riesgo, debido a la sequedad del suelo y pastizales conlleva una combustión elevada. "Se trata de una zafra complicada, no sólo por el problema financiero, sino también por las exigencias ambientales, a raíz de la sequía. Esta situación tiene artistas económicas, sociales, culturales y, como consecuencia, ambientales", enfatizó.

Desde sectores de ambientalistas y de especialistas ratificaron sus críticas al control estatal y a la conducta de productores e ingenios. "Teóricamente, esto ya no tendría que pasar. La actual situación de la actividad azucarera está obligando a los productores a quemar los cañaverales. Pero es una costumbre de años. Antes eran las chimeneas de los ingenios. Ahora, es la 'chala' de la caña que se está quemando", expresó Enrique Feijóo, ingeniero agrónomo, quien trabajo con organizaciones ambientales.

En ese escenario, el Gobierno modificó la Ley 6.253 de Medio Ambiente. Puntualmente, dispuso el cambio del número del artículo 38 por el 47 y se estableció subas de los montos de sanciones con respecto a la quema y a la recepción en los ingenios de caña quemada cosechada con máquinas integrales. En particular, se elevó el tope máximo de $ 200.000 a $ 3 millones, cifra que puede llegar en caso de reincidencia, agravante y acumulación de infracciones.

"Los datos de las campañas de soja, maíz y poroto nos han demostrado una pérdida del orden del 50 a 55 % en las producciones por falta de agua. Todavía nos falta conocer los efectos sobre los cañaverales, sobre los cítricos y sobre la producción de hortalizas. A nivel de ecosistemas, hemos tenido manifestaciones evidentes de que los contaminantes se concentran al disminuir los caudales de agua", describió Alfredo Montalván, titular de la Secretaria de Medio Ambiente (SEMA), la actual situación ambiental de la provincia.

En esa línea, el funcionario advirtió que si los efectos de la seca persisten hasta el año que viene, las condiciones de provisión de agua se agudizarán. En ese caso, según alertó Montalván, se derivará "inevitablemente" en otro tipo de medida, como la "regulación estricta del uso del recurso".

"Vemos a diario cómo nuestra atmósfera se 'carga' de polvo debido a la falta de lluvias para producir el lavado natural del aire. Los caudales de nuestros arroyos y ríos y el volumen de los embalses están por debajo de los niveles históricos. En resumen, presenciamos un panorama complicado pues no podemos actuar contra las variables naturales. Ello nos ha obligado al diseño y puesta en marcha de un programa de mitigación contra la sequía, que nuestra Secretaría de Ambiente viene ejecutando desde hace meses", enfatizó Montalván.

Según el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, el programa de mitigación incluye un seguimiento diario de la entrada de agua a los diques y embalses; en base a ese control, se determinan las cantidades del líquido que son destinadas a la población, a las industrias y los cultivos.

"Estamos solicitando a los industriales, en base a recomendaciones de especialistas de la Estación Experimental Agroindustrial 'Obispo Colombres' (Eeaoc) que se rieguen los cultivos de caña en esta época con agua de ríos o efluentes para 'guardar' agua en los perfiles del suelo. También estamos pidiendo que no se quemen los rastrojos o restos de cañaverales, debido a que esta práctica calienta el suelo y produce pérdida de agua hacia la atmósfera. Estamos en una campaña para que la gente ahorre agua en su vida diaria así como la reutilización de agua industrial en los ingenios azucareros", hizo hincapié Montalván.

El Gobierno aceleró el control de los efluentes de las fábricas, dentro del plan ambiental acordado con el gobierno de Santiago del Estero y La Nación.